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10ene14
Los abogados denuncian que el Gobierno español pretende acallar el mensaje de EPPK
Los abogados que defienden habitualmente a los presos vascos han denunciado que la del miércoles es una operación contra EPPK, contra el grupo de interlocutores del Colectivo de Presos Políticos Vascos y contra los abogados que les defienden, a través de la cual el Gobierno español busca acallar la «importante decisión» de EPPK al no poder asumir su gran calado. Han señalado que estaban previstas más detenciones y el registro de las celdas de varios presos.
Abogados de las ocho personas detenidas en la operación del miércoles han comparecido en Bilbo para valorar la redada. En nombre de todos, Alfonso Zenon ha explicado que la Guardia Civil también pretendía detener a otras dos personas: Fernando Arburua, integrante de la asociación Jaiki Hadi; y Nagore López de Luzuriaga, miembro de Etxerat.
Además, la operación contemplaba el registro de las celdas de los presos Unai Fano, Ainhoa Mujika, Josetxo Arizkuren, Idoia Martínez, Anabel Egues, Xabier Alegria y Jon Olarra, los tres últimos interlocutores de EPPK.
También ha dado cuenta de la intención de cerrar los perfiles de Twitter y Facebook del grupo de interlocutores del Colectivo.
Tras resaltar que en esta redada se han cometido «auténticas barbaridades jurídicas», ha criticado que las imputaciones del juez Velasco se refieren únicamente a la actividad pública del grupo de mediadores de EPPK, que comprende reuniones, ruedas de prensa y otros actos públicos pero, en ningún caso se recogen actuaciones relacionadas con ETA.
Por ello, concluyen que se trata de una operación contra EPPK, contra sus interlocutores y contra los abogados que defienden a los presos. El Gobierno español, ha denunciado, «quiere actuar contra EPPK, que no se les defienda. Está fuera de juego y no quiere dar a conocer sus decisiones y por eso no puede asumir que el paso que ha dado es de gran importancia».
Registro «ilegal»
También ha tomado la palabra el abogado Iñaki Goioaga, quien en primer lugar ha desmentido que ayer estuviera «desaparecido» e ilocalizable, como han publicado algunos medios de comunicación. Se ha mostrado enfadado con el «amarillismo» de cierta prensa y ha calificado de «ilegal» y «chapuza» el registro de su despacho.
En su opinión, tras esta operación existe la intención de buscar una solución policial a un problema político.
[Fuente: Naiz, Bilbo, 10ene14]
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