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16mar17
Derrota histórica del Gobierno: el Congreso tumba la reforma de la estiba por 175 noes frente a 142 síes
134.000 euros al día es la multa que España tendrá que pagar a la Unión Europea por no haber adaptado el sector de la estiba a la normativa europea. Ese es el cálculo del Gobierno que este jueves ha vuelto a enarbolar el fantasma del perjuicio económico durante el debate que se ha celebrado en el Congreso para convalidar su decreto ley sin ningún éxito. La mayoría de la Cámara ha votado en contra y el Ejecutivo de Rajoy ha cosechado una derrota histórica. Hay que remontarse a 1979 para encontrar un precedente.
El Congreso ha derogado hoy el real decreto-ley de reforma del régimen laboral de los estibadores, con 175 votos en contra -los del PSOE y Unidos Podemos, principalmente- frente a 142 a favor -los del PP y el PNV- y 33 abstenciones, las de Ciudadanos y la de Iñigo Errejón, de Podemos, que se ha equivocado. Para evitar susceptibilidades e interpretaciones malintencionadas, el exnúmero dos de Podemos ha dejado constancia en Twitter de su alegría por el resultado de la votación.
La derrota del Gobierno, que solo ha contado con el voto a favor del PNV, tiene una doble dimensión. En primer lugar, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha incidido en la lectura económica recordando que el decreto ley es consecuencia de una sentencia europea que ha acumulado una multa a España de 27.500 euros al día desde la resolución de la justicia europea en 2014 hasta hoy, lo que suma una deuda de 23 millones de euros. A partir de ahora, y siempre según su estimación, la multa será ya de 134.000 euros al día.
Pero si las consecuencias económicas son importantes, no lo son menos las implicaciones políticas de la derrota sin paliativos del Ejecutivo de Mariano Rajoy. España queda en una posición desairada ante Bruselas, que había bendecido su decreto, lo que cuestiona esa pretendida imagen de estabilidad que el presidente 'vende' en sus desplazamientos por Europa. Con esta votación, ha quedado en evidencia su incapacidad para llegar a acuerdos con otros grupos parlamentarios. En su afán por conseguir los votos que necesitaba, ha intentado ardides como aprovechar la ausencia de tres diputadas de los grupos que se oponen a la reforma -Podemos, ERC y Compromís- y que han tenido que regresar precipitadamente de Nueva York para participar en la votación. E incluso se ha acercado al soberanista PDeCAT para que se abstuviera, pero se ha topado con el rechazo a sus requerimientos. Ciudadanos, que ha estado dudando hasta el último momento, se ha ido finalmente a la abstención.
El caso es que el rechazo a la convalidación de un decreto del Gobierno es un hecho que no se producía desde 1979 (en 2006 ocurrió otra vez, pero por un error en las votaciones). Hace 38 años, cuando gobernaba Adolfo Suárez, la Diputación Permanente del Congreso -la Cámara estaba disuelta en ese momento- rechazó el real decreto ley 1/1979 "por el que se prorroga por el tiempo indispensable la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento". Aunque se trataba de una cuestión meramente administrativa, se desencadenó un problema político e institucional y se generó un debate con intervenciones de, entre otros, Manuel Fraga, Gregorio Peces-Barba, José Pedro Pérez-Llorca, Jordi Solé Tura y el vicepresidente segundo del Gobierno, Fernando Abril Martorell.
Los trabajadores rechazan desmantelar un sistema que les funciona
El texto regresa ahora a la mesa del Consejo de Ministros y los estibadores, que tenían previsto volver a la huelga, han decidido desconvocar los paros e intentar de nuevo la negociación. Lo que ha aprobado el Gobierno es la liberalización de la contratación en un sector tradicionalmente monopolístico y con los derechos laborales perfectamente consolidados y protegidos, en línea con lo que exige la sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Justicia en 2014. Lo ha hecho sin haber alcanzado un acuerdo previo con los afectados, que temen la pérdida de empleos y el desmantelamiento del sistema para reducir los costes laborales.
Los trabajadores exigen que el decreto recoja los acuerdos alcanzados entre patronal y sindicatos en el ámbito de la negociación colectiva para que las empresas se comprometan a subrogar al 100% de la plantilla en las mismas condiciones económicas que tienen actualmente. El Gobierno objeta que estas cuestiones no pueden quedar recogidas en una ley, sino que deberían ser objeto de un nuevo convenio que deberá pactarse en el plazo de un año.
Fomento se parapeta tras la Comisión Europea asegurando que no puede ir más allá de los límites que le imponen las autoridades comunitarias. El miércoles, en un intento 'in extremis' de llegar a un acuerdo que le salvase de la derrota parlamentaria, el Ejecutivo puso sobre la mesa una oferta que también ha sido rechazada: un plan de prejubilaciones voluntarias que supone que los trabajadores puedan retirarse a partir de los 50 años con el 70% del sueldo que hayan percibido en los seis últimos meses. La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) cree que la propuesta no garantiza el empleo.
El PSOE defiende que "es imprescindible garantizar las condiciones laborales". Ha pedido además a los estibadores que desconvoquen la huelga para no dar argumentos a la parte contraria. Y es que, como ha destacado el portavoz socialista en el debate, César Ramos, durante todos estos días se ha perseguido un titular: "Prepárate para odiar a los estibadores". De hecho, el diputado del PP que ha defendido las tesis de su grupo, Miguel Barrachina, se ha envuelto en la bandera del españolismo para tratar de desacreditar a los críticos de la reforma.
Con un tono bastante áspero, el diputado 'popular' ha arremetido contra esa "unión del rencor" que hoy puede tumbar el decreto y hacer que pierdan los españoles: "Es cierto que pueden sumar una mayoría entre aquellos que odian el capitalismo, los que odian a España y los que, como el PSOE, se odian a sí mismos". Y ha advertido de que los 134.000 euros diarios de la multa impuesta a España por no reformar la estiba los pagarán los españoles y no lo harán "con su salario" quienes impiden con su voto en contra que salga adelante el decreto.
Ciudadanos, cuyo apoyo era insuficiente para aprobar la iniciativa del Gobierno ante el rechazo del resto de la Cámara, ha decidido finalmente abstenerse y ha opinado que el Gobierno debió "apurar un poco más los plazos" para llevar a la convalidación al Congreso. Ha recordado, además, que aunque hay que cumplir con la sentencia europea, y no sólo por la multa que conlleva sino porque España está en Europa y hay que hacer reformas a las que obligan los tratados, se deben garantizar los puestos de trabajo de los estibadores. "No es una mina que desaparece, sino que es un sector que necesitará más puestos de trabajo en el futuro", dada las perspectivas de crecimiento que tienen los tráficos portuarios, ha subrayado su portavoz en el debate, Fernando Navarro.
ERC y la mayoría de los partidos del Grupo Mixto han criticado que el ministro de Fomento no haya impulsado el consenso y el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha tachado de "salvaje" el real decreto ley, que puede hacer estallar un sector estratégico para España, antes de exigir su desactivación. El diputado Félix Alonso ha criticado que el decreto "pone una palmada en la cara" de los estibadores, los sindicatos y los grupos parlamentarios y ha avanzado que su formación va a exigir las responsabilidades políticas por cómo ha llevado a cabo el Gobierno este asunto, del que depende la vida de muchos trabajadores. Según Alonso, la actuación del Ejecutivo "representa lo peor de la vieja política" y su grupo no entiende como en un país con un 20 % de paro, "se va más allá" de una sentencia europea, abriendo puertas a nuevos despidos y más precariedad laboral.
Rifirrafe y acusaciones de 'matonismo' entre Podemos y el PP
No obstante, cuando el debate ha alcanzado la máxima temperatura ha sido a propósito de una cuestión sin relación aparente con el fondo del asunto que se estaba debatiendo. Barrachina ha criticado que Podemos se haya olvidado este jueves del "brazalete morado" que varios diputados llevaron el Día de la Mujer y no hayan denunciado "nunca" en el Congreso la "casi nula" presencia de mujeres entre los estibadores. Ante los gritos y aspavientos con los que han reaccionado algunos diputados de la bancada 'podemita', Barrachina ha echado más leña al fuego al decir que ya estaba acostumbrado a sus amenazas. "Ya he recibido amenazas del sector como para que ahora los del brazalete vengan a amenazarme", ha dicho.
Pablo Iglesias y la portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Irenes Montero, se han levantado de su escaño para dirigirse a la vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, que pertenece a su grupo, para mostrar su descontento. "Solamente puede interrumpir al orador esta presidenta", les ha dicho la presidenta, Ana Pastor, que les ha reprochado también que dieran "un ejemplo lamentable a los ciudadanos".
De vuelta a su escaño, Montero ha tomado la palabra apelando al artículo 61.3 del reglamento por "ofensas a la dignidad de mi partido". "El matonismo del PP merece una reflexión por parte de esta cámara", ha afirmado. Tras esto, también ha hecho uso de su turno de palabra Miguel Barrachina, que ha reafirmado sus anteriores declaraciones. "He dicho que Podemos amenaza y amenaza a periodistas, a policías y a jueces. Y también amenazan al PP", ha afirmado entre los aplausos de la bancada 'popular'. A continuación, ha tomado la palabra el portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, para rematar la argumentación de esta manera: "Si ha habido matonismo, ha sido solo por parte de Podemos".
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 16mar17]
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