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29jul06
Los restos de Franco seguirán en el Valle de los Caídos, que no evocará a las víctimas de la represión.
Tres décadas después de la muerte del dictador, la simbología franquista aún perdura en numerosos edificios públicos y privados de España. Pero su obra cumbre --así la concibió el Generalísimo-- sigue siendo el Valle de los Caídos, un complejo monumental levantado en San Lorenzo del Escorial, a 53 kilómetros de Madrid, por prisioneros republicanos condenados a trabajos forzados. Bajo una cruz de 150 metros de altura descansan los restos del general Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. Y, en virtud del proyecto de ley ayer aprobado por el Consejo de Ministros, allí seguirán descansando en paz.
Para las asociaciones que agrupan a las víctimas de la dictadura, y también para IU-ICV y ERC, que el Valle de los Caídos, de titularidad pública, continúe siendo un lugar de culto para los nostálgicos del antiguo régimen supone un impúdico tributo a la memoria del dictador. Cada 20 de noviembre, aniversario de su muerte, la Fundación Francisco Franco celebra en la basílica una misa en su recuerdo con unos 1.500 asistentes. Ese mismo día, medio millar de falangistas peregrinan cada año hasta la explanada del complejo para llorar la ejecución de Primo de Rivera, el 20-N de 1936. Y para, brazo en alto y ataviados con la camisa azul, vitorear al fundador.
Prohibido exaltar
Cuando la nueva ley entre en vigor, probablemente en el segundo semestre el próximo año, quedarán terminantemente prohibidos en todo el recinto "los actos de naturaleza política exaltadores de la guerra civil, de sus protagonistas o del franquismo", pero la homilía anual seguirá celebrándose religiosamente. Proscripción que, por lo demás, ha regido desde siempre, aunque pocos de los infractores han sido sancionados.
Para no herir susceptibilidades --en concreto, las del bando franquista--, el Gobierno ha desoído las demandas de la izquierda parlamentaria, que lleva años pidiendo que los restos de Franco y Primo de Rivera se trasladen a sus panteones familiares para que el Valle de los Caídos se convierta en un Memorial Democrático, un tributo a los prisioneros que irguieron el monumento y a las restantes víctimas de la guerra civil y la dictadura.
Por toda concesión, la norma establece que la fundación que gestiona el Valle de los Caídos --propiedad de Patrimonio Nacional y por tanto adscrita al Ministerio de la Presidencia-- deberá cambiar los estatutos para incluir entre sus objetivos el fomento de la "concordia" y la "reconciliación". Ahora bien, los efectos concretos de ese genérico enunciado son, por ahora, un misterio.
Pero no solo del Valle de los Caídos se alimenta la memoria franquista. Las reminiscencias de la dictadura aún pueden contemplarse en forma de estatuas del caudillo, de escudos preconstitucionales en instalaciones públicas, de calles y plazas dedicadas a militares y jerarcas del régimen y, también, de placas con el yugo y las flechas falangistas en viejos edificios de protección oficial construidos por el Instituto Nacional de la Vivienda del franquismo.
Tras la retirada, en el 2005, de la última estatua de Franco que quedaba en Madrid, muchos confiaron en que aquella iniciativa del Ministerio de Fomento fuera la primera fase de una Operación Limpieza a gran escala que eliminara para siempre los símbolos de la dictadura. Algunos vestigios del franquismo desaparecerán, en efecto, merced a esta norma, pero serán menos de los esperados.
Los vestigios franquistas
El Gobierno se compromete por ley a retirar de los edificios de titularidad estatal "los escudos, insignias, placas y otras menciones conmemorativas de la guerra civil cuando exalten a uno solo de los bandos enfrentados o se identifiquen con el régimen franquista". Sin embargo, los símbolos que merezcan ser conservados "por razones artísticas, arquitectónicas u otras de interés general" quedarán indultados, y solo se les añadirá alguna placa que sirva de "homenaje y recuerdo a todas las víctimas" de aquella contienda. Tal es el caso, por ejemplo, de las vidrieras del Alcázar de Toledo, en las que se dibuja el escudo con el águila imperial de la España franquista. En sus recintos, en cambio, la Iglesia, las autonomías y los ayuntamientos no estarán obligados a eliminar la simbología franquista. Tampoco a financiar la supresión de las placas con el escudo de la Falange en edificios privados.
[Fuente: El Periódico. 29jul06]
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