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15sep16

La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Griñán y 'empata' el partido de la corrupción entre PP y PSOE

Si Pedro Sánchez confiaba en que los escándalos de José Manuel Soria y Rita Barberá sumados al calvario judicial que está a punto de arrancar en los tribunales por distintos casos de corrupción relacionados con el PP le allanaran el camino hacia un mejor resultado en unas terceras elecciones, la Fiscalía Anticorrupción le ha fastidiado el plan. En plena bronca por el atrincheramiento de Barberá en el Senado tras haber sido imputada por el Supremo, se ha presentado el escrito de acusación por el caso de los ERE fraudulentos en el que se piden 6 años de cárcel para todo un expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán.

Lo cierto es que el juez de refuerzo Álvaro Martín había ampliado el plazo para que Anticorrupción y el resto de las partes presentaran sus escritos de acusación hasta el 15 de octubre. Así pues, la Fiscalía se ha adelantado un mes a la fecha prevista, lo que ha llevado al PSOE andaluz a expresar su "sorpresa" por el momento elegido para hacer su petición de 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE. También solicita 10 años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, a quien solo se acusa de prevaricación, un delito que no se castiga con la cárcel. La diferencia entre uno y otro es que mientras que Griñán fue también consejero de Economía y Hacienda, el departamento que se encargó de la ingeniería presupuestaria para camuflar las ayudas ilegales, Chaves solamente fue presidente. En el escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, la Fiscalía pide ocho años de prisión para tres ex consejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra ex consejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.

El juez Martín cerró en junio las pesquisas de la rama política del caso ERE con un giro inesperado al procesar a Chaves y, seis exconsejeros y otros 18 ex altos cargos. La pieza "política" de los ERE es la relativa al procedimiento empleado por la Junta para pagar ayudas y subvenciones a empresas que durante más de una década, desde el año 2000 hasta el 2011, estuvo plagado de irregularidades poniendo en riesgo "el erario de la Junta de Andalucía". Y es que el fraude ascendería a no menos de 854 millones de euros.

En el auto que dictó entonces, el juez procesaba a los dos expresidentes de la Junta y a otros 24 exaltos cargos. A 18 de ellos, se les atribuía un delito continuado de malversación por el que la Fiscalía les reclama ahora que respondan solidariamente de la "devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E". Para ello, establece distintas cuantías a devolver por los acusados. En el caso del ex presidente Griñán, la Fiscalía considera que debe devolver solidariamente junto a otros procesados más de 483 millones de euros, en concreto, 483.937.659 euros, por las ayudas concedidas entre los años 2005 y 2010.

En cuanto al delito continuado de prevaricación, que la Fiscalía atribuye a todos los acusados, los 26 exaltos cargos, reclama una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además de los expresidentes, el fiscal imputa este delito a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez y al ex consejero Gaspar Zarrías, entre otros.

Según el escrito de la Fiscalía, la ausencia de fiscalización de los fondos y de la debida convocatoria pública de las ayudas permitió que se pusieran "en manos de la Consejería de Empleo, año tras año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno". Eso permitió que dicho departamento hiciera dos cosas: privar a "la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso" a las ayudas "por falta de publicidad", y facilitar "que personas que ni siquiera pertenecían a las empresas accedieran" a ellas. En segundo lugar, tampoco se fijaban "límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial, abonando campañas de publicidad, cursos de formación de voluntariado, etc".

El problema es que estas irregularidades alertaron a la Intervención General que empezó a poner reparos, con un punto de inflexión que los investigadores fechan en 2005, cuando ese órgano de control emitió un informe adicional al de la auditoría del ejercicio de 2003, en el que se concluía, entre otras cosas, que se estaba "prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento establecido" en la ley general de la Hacienda Pública de Andalucía para la concesión de las subvenciones.

Por ese motivo, y para evitar esa labor fiscalizadora que "entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas", los acusados modificaron los presupuestos de la Junta e introdujeron las famosas 'transferencias de financiación', cuyo destinatario era el Instituto de Fomento de Andalucía (después denominado Agencia IDEA y dependiente en primer lugar de la consejería de Empleo para pasar después a la de Innovación. Esta aplicación presupuestaria "permitía de manera consciente que los fondos públicos" para las ayudas sociolaborales "se gestionaran sin la obligada fiscalización crítica o previa", afirma el escrito del fiscal, que constata que los encausados "buscaron no tener límites tampoco en los créditos presupuestarios para atender a estas ayudas, que se concedieron sin sujeción a procedimiento".

La Fiscalía sostiene que la gestión de los fondos por los encausados pertenecientes a Empleo "era conocida por el resto" por los informes de la Intervención desde el año 2002, "muy especialmente en el llamado "informe adicional" del ejercicio 2003 notificado en 2005". También era conocida por los informes de auditoría de cuentas de IFA/IDEA, en particular el de 2003, y en varios informes encargados por la Consejería de Empleo a despachos de abogados y consultores externos a la administración autonómica en los ejercicios de 2008 y 2009.

El papel de la Consejería de Economía y Hacienda consistió en aprobar las modificaciones presupuestarias que luego aprobaba la Junta para que los acusados movilizaran los fondos públicos al IFA. Esas modificaciones fueron hasta 2009 "transferencias de financiación" y en 2010 una "Encomienda de Gestión", una nueva fórmula ideada para dar una mayor apariencia de formalidad a la tramitación de las ayudas que, en el fondo, no supuso cambio alguno en la gestión presupuestaria de los fondos. Anticorrupción concluye que los encausados actuaron con la intención de defraudar desviando cientos de millones de dinero público a personas y empresas que ellos escogieron a su arbitrio, en lugar de entregarlos a los que hubieran sido sus legítimos destinatarios.

La lista de los 26 acusados contra los que se reclama abrir juicio oral

  • 1. Manuel Chaves González: Ex presidente de la Junta. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
  • 2. José Antonio Griñán: Ex presidente de la Junta. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 6 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años.
  • 3. José Antonio Viera Chacón: Ex consejero de Empleo. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 8 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años.
  • 4. Carmen Martínez Aguayo: Ex consejera de Hacienda y Administración Pública. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 6 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años.
  • 5. Francisco Vallejo Serrano: Ex consejero de Innovación. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 8 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años.
  • 6. Gaspar Zarrías Arévalo: Ex consejero de Presidencia. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
  • 7. Antonio Fernández García: Ex consejero de Empleo. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 8 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años.
  • 8. Agustín Barberá Salvador: Ex viceconsejero de Empleo. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 8 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años.
  • 9. Justo Mañas Alcón: Ex viceconsejero de Empleo. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 6 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años.
  • 10. Francisco Javier Guerrero Benítez: Ex director general de Trabajo y Seguridad Social. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 8 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años.
  • 11. Juan Márquez Contreras: Ex director general de Trabajo y Seguridad Social. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 8 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años.
  • 12. Daniel Alberto Rivera: Ex director general de Trabajo y Seguridad Social. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 6 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años.
  • 13. Magdalena Álvarez Arza: Ex ministra de Fomento y ex consejera de Economía y Hacienda. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
  • 14. José Salgueiro Carmona: Ex viceconsejero de Economía. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
  • 15. Antonio Vicente Lozano Peña: Ex viceconsejero de la Presidencia y ex director general de Presupuestos. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
  • 16. Manuel Gómez Martínez: Ex interventor general de la Junta. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 6 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años.
  • 17. Miguel Ángel Serrano Aguilar: Ex director general de Idea. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 8 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años.
  • 18. Jacinto Cañete Rolloso: Ex director general de Idea. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 8 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años.
  • 19. Antonio Valverde Ramos: Ex director general de Idea. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 6 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años.
  • 20. Francisco del Río Muñoz: Ex jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
  • 21. Gonzalo Suárez Martín: Ex viceconsejero de Innovación. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
  • 22. Jesús María Rodríguez Román: Ex viceconsejero de Innovación. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 8 años de prisión ye inhabilitación absoluta de 20 años.
  • 23. Antonio Estepa Giménez: Ex secretario general de Hacienda. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
  • 24. Juan Francisco Sánchez García: Ex Secretario general de la Consejería de Empleo. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 8 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años.
  • 25. Javier Aguado Hinojal: Ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 8 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años.
  • 26. Lourdes Medina Varo: Ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo. Delito continuado de prevaricación. Pena solicitada: 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Delito continuado de malversación. Pena solicitada: 8 años de prisión e inhabilitación absoluta de 20 años.
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 15sep16]
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