17sep03

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El Gobierno chileno y ENDESA llegan a un acuerdo con las familias Pehuenches en el conflicto de RALCO.

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Los memorandos de acuerdo suscritos ayer entre las cuatro familias pehuenches que se negaban a abandonar sus predios en la zona del Alto Biobío y Endesa fueron el resultado de sigilosas negociaciones que -por cerca de dos meses- sostuvo el abogado de las propietarias de terrenos, Alex Quevedo, y el gobierno.

De esta forma, se puso fin a más de diez años de disputa entre las partes a raíz de la construcción de la central hidroeléctrica Ralco.

Aun cuando el gobierno intentó marginarse de la disputa entre privados, debió intervenir ante la posibilidad de un nuevo pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la posibilidad de demandas por parte de Endesa España.

De hecho, en el gobierno existía preocupación por las declaraciones del relator especial de políticas indígenas ante la ONU, Rodolfo Stavenhagen, quien rechazó los mecanismos e instrumentos con que el Estado había enfrentado las demandas de tierras de los mapuches.

Por ello, por instrucción del Presidente Ricardo Lagos, La Moneda -a través del ministro secretario general de la Presidencia, Francisco Huenchumilla- decidió intervenir en el conflicto y reanudar con absoluto hermetismo las conversaciones que permanecían congeladas desde julio.

Así, el rol del Ejecutivo fue acercar las casi irreconciliables posiciones de las propietarias pehuenches -Berta Quintremán, Mercedes y Rosario Huenteao, y Aurelia Marihuán- y Endesa, representada por su gerente general, Héctor López.

Para ello, se solicitó al subsecretario de la Presidencia, Rodrigo Egaña, que tomara contacto con el asesor de Endesa, Eugenio Tironi, y se encargó al embajador de Chile en España, Enrique Krauss, que iniciara conversaciones con el holding hispano.

Si bien se declinó precisar los costos de la operación, fuentes que participaron en la negociación aseguraron que -en total- implicaría una cifra cercana a los cuatro mil millones de pesos.

Dichos recursos serán entregados mayoritariamente a través de obras concretas como programas de desarrollo y viviendas, entre otros. De hecho, precisan, sólo por concepto de tierras y compensaciones económicas Endesa debería desembolsar cerca de 1.600 millones de pesos.

Las fuentes aseguran que el acuerdo es "el mejor que se pudo alcanzar considerando la realidad chilena. Es comparable a la pelea que dio en Estados Unidos Erin Brockovich. Ahora el acuerdo no significa que a las familias pehuenches no les signifique gran dolor dejar sus tierras".

Y como una forma de restablecer las resquebrajadas confianzas entre las partes involucradas, el gobierno actuó como garante de los "contenidos y cumplimiento" de los puntos acordados entre los abogados de Endesa y las familias pehuenches.

El memorando de entendimiento tiene como base el acuerdo para una propuesta de solución amistosa entre las partes, firmado el 26 de febrero de 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Estado de Chile y las propietarias pehuenches del Alto Bíobío.

Dos memorandos.

En la práctica, el conflicto se solucionó por medio de la firma de dos memorandos de entendimiento. El primero -suscrito entre Endesa y los abogados de las demandantes, Roberto Celedón y Alex Quevedo- establece que Endesa entregará a cada propietaria pehuenche 77 hectáreas y la suma única y total de 200 millones de pesos como compensación económica. Endesa España se compromete a aportar a una institución -definida de común acuerdo- unos 300 millones para impulsar programas de desarrollo.

Asimismo, se acordó que -en un plazo de 20 días- las familias pehuenches desistirán de todas las acciones judiciales y administrativas presentadas antes los tribunales de justicia y que renunciarán a cualquier otra acción. En el mismo lapso, las partes suscribirán las herramientas jurídicas con que se materializarán los memorandos de entendimientos suscritos en La Moneda.

En forma complementaria, se firmó un segundo memorando de entendimiento entre el gobierno y los pehuenches, en el cual se establece que el Ejecutivo -a través del fisco- comprará 1.200 hectáreas del Fundo El Porvenir, ubicado en las inmediaciones de Concepción y que es de propiedad del BancoEstado, para entregarlas a las familias de las propietarias, en calidad de afectados indirectos del proyecto Central Ralco.

Además, se entregará -a través del INDAP- asistencia técnica a los proyectos que los familiares de las propietarias pehuenches quieran desarrollar en los predios; se entregarán viviendas con subsidio; se otorgarán ocho pensiones de gracia y 22 becas de estudio. En otra parte del documento, La Moneda se compromete a mejorar el acceso al Fundo El Porvenir y a establecer una reserva forestal en el resto de esos terrenos.

De la misma forma, se estableció que las propietarias presentarán -antes del 17 de octubre y con la asesoría del gobierno- el acuerdo pactado a la Comisión Interamericana de DD.HH.

Este organismo -en los próximos días- debía emitir un pronunciamiento sobre una solicitud presentada por las familias afectadas por la construcción de la central hidroeléctrica, en que solicitaba la adopción de medidas cautelares por el incumplimiento de un mandato anterior de la institución, pero antes el gobierno debía contestar la presentación hecha por los abogados de las familias pehuenches.

[Fuente: Diario La Nación, Santiago de Chile, 17sep03]

Este documento ha sido publicado el 28sep03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights