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14ago04


Constituirían la comisión sobre las privatizaciones de empresas estatales
durante la dictadura pěnochetista.


Los diputados se constituirían el martes en la comisión sobre las privatizaciones de empresas estatales durante la dictadura, que podría aportar antecedentes a la investigación de la justicia sobre las cuentas secretas del ex dictador en el Riggs Bank. Su trabajo se sustentará en los antecedentes recogidos por la instancia parlamentaria constituida en 1991 y que no prosperó por la falta de condiciones políticas para llevar a cabo una indagación profunda.

A 300.000 millones de pesos ascendían en 1990 las pérdidas por las privatizaciones de las principales empresas estatales, según informó el 4 de abril de ese año el entonces vicepresidente de CORFO, René Abeliuk. Eso ocurrió hace trece años, en una primera sesión parlamentaria que derivó en una comisión para investigar los destinos de esos fondos.

Comenzaba la democracia y el recién restablecido Congreso Nacional quiso meter las narices en los bolsillos del régimen de Augusto Pinochet. Los avances fueron escasos en un clima enrarecido por hechos como el “boinazo” que protagonizaron los militares.

Sin embargo, hoy el escenario es distinto según los parlamentarios que impulsaron la creación de la comisión investigadora de las privatizaciones de empresas estatales durante la dictadura. Esta instancia reemplazó a la idea de investigar las cuentas secretas de Pinochet en el Riggs Bank de Washington, debido a que ese asunto quedó en manos de los tribunales y los parlamentarios no quisieron interferir en el trabajo de otro poder del Estado.

Una de las principales promotores de esta investigación, que el martes estaría en condiciones de constituirse y cuyos integrantes ya están designados por las bancadas parlamentarias, fue la diputada socialista Isabel Allende. El retiro del anterior proyecto que pedía investigar las cuentas secretas debía contar con todas las firmas de quienes lo presentaron y la ex presidenta de la Corporación se negó a dar su rúbrica hasta no ver que había una alternativa de investigación.

Sin embargo, ella no estará en el grupo de legisladores que en 120 días debe reunir antecedentes sobre las pérdidas e irregularidades en la privatización de empresas públicas en el período de Pinochet.

Por parte del PS estará en la instancia el diputado Carlos Montes, el PRSD tendrá a Alberto Robles en su representación, mientras el PPD designó a Guillermo Ceroni y Adriana Muñoz. Por la DC compondrán el grupo los parlamentarios Jorge Burgos, Eduardo Saffirio y Waldo Mora.

La derecha también ya tiene sus nombres. Los diputados Carlos Kuschel y Carlos Hidalgo integrarán la comisión a nombre de RN, en tanto la UDI definirá sus nombres el mismo martes por la mañana, aunque el jefe de bancada Rodrigo álvarez adelanta que lo más probable es que esté él mismo, junto a los diputados Andrés Egaña y Julio Dittborn.

Ningún sector político se mostró disconforme con el desarrollo de esta investigación. La derecha intentó sin éxito vincular el tema a la aprobación de una investigación del caso MOP GATE, pero no tuvo respaldo político por el mismo motivo que los oficialistas cambiaron la idea original de abocarse al estudio de las platas guardadas por el ex dictador en el Riggs: porque son causas que están en tribunales.

Antecedentes de 1991.

El 7 de noviembre de 1991 se constituyó una comisión con similares objetivos a la que comenzará a funcionar la próxima semana en la Cámara Baja. Su presidente fue el ex diputado Armando Arancibia, y en un total de 11 jornadas recibió a quienes habían estado en cargos de poder para efectos de privatizaciones en la dictadura.

La antigua instancia investigó las pérdidas por privatizaciones, ascendentes a esa fecha a 300.000 millones de pesos según los directivos de CORFO. Asimismo analizó pérdidas en el servicio de deudas, otorgamiento de créditos sin garantías, donaciones de patrimonio físico, condonación de deudas a terceros y descuidos de administración. Iansa, Soquimich y Endesa fueron de las principales empresas investigadas en esa oportunidad.

Junto con Abeliuk concurrieron a entregar antecedentes a la comisión el fiscal de CORFO Iván Parra, el ex gerente de Normalización de CORFO Sergio Villegas, el ex vicepresidente ejecutivo Guillermo Atelier, el ex fiscal Ismael Ibarra, los ex jefes de gabinete del vicepresidente de CORFO Jaime Ugarte y Axel Bucheister, el ex ministro Rolf Lüders y el ex investigador de Cieplan y entonces subdirector de racionalización y función pública de Presupuesto del ministerio de Hacienda, Mario Marcel.

El único invitado que no concurrió a la comisión, a pesar de las múltiples y reiteradas invitaciones, fue José Martínez, quien había estado a la cabeza de la CORFO durante el régimen militar.

De acuerdo a un preinforme de la comisión, que quedó archivado en las estanterías del Congreso, la Contraloría informó sobre 51 empresas de CORFO que fueron privatizadas entre 1973 y 1990. Informó asimismo que los directores, gerentes y ejecutivos de las filiales CORFO no tenían calidad de funcionarios públicos, pues las empresas se constituyeron como entidades privadas sujetas al derecho común a pesar de que su formación se haya hecho con capitales del Estado.

Ese mismo hecho hacía que no fuera obligatorio para estas autoridades hacerse presentes en la comisión de los diputados ni enviar la información requerida, uno de los puntos que empañó los resultados de la investigación.

Un informe del funcionario de la Contraloría, Fernando Miranda, estableció la cantidad de inmuebles fiscales entregados por Pinochet, limitándose a determinar la persona natural o jurídica que detentaba en 1990 la propiedad del bien, además de antecedentes específicos sobre las donaciones hechas a la Armada en la V Región.

Bienes Nacionales, por su parte, entregó información que no incluye las donaciones a empresas del Estado, como municipios y otros con patrimonio distinto al Fisco. Tampoco incluyó la tasación de esas propiedades.

Sobre conductas funcionarias en relación a otorgamiento de créditos CORFO, era tal el volumen de los antecedentes que no pudieron ser hechos llegar a la comisión del '91 y que estuvo en funciones hasta 1993. Sólo se consiguió el listado de personas que recibieron créditos CORFO entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1989.

Irregularidades concretas se detectaron por ejemplo en la liquidación de honorarios a la firma Bice Chileconsult por la venta de acciones de Endesa a través de CORFO en 1987 y 1988, justo antes del plebiscito que sacó de la administración del país a Pinochet.

En ese proceso hubo una modalidad de pago contra facturas de gastos registrada en el presupuesto en los comprobantes de egreso. Pero también hubo un mecanismo de pagos de comisiones que se rebajaron directamente de los ingresos por venta de acciones y que no figuran en el presupuesto CORFO, lo que es ilegal según la Contraloría, que a su vez inició diversos juicios de cuentas contra ex funcionarios de la entidad.

El preinforme de los diputados de 1991 registra la nómina de los directores y ejecutivos de las empresas filiales de CORFO, a excepción de Chile Films que fue declarada sociedad anónima cerrada, y de la Empresa Nacional de Computación y la Empresa Hidroeléctrica Pullinque, cuya inscripción en el registro de valores fue cancelada.

CORFO entregó en todo caso a la comisión parlamentaria el listado de los directivos que participaron de las privatizaciones de todas las empresas filiales entre 1985 y 1990, contándose entre ellos Fernando Hormazabal y Héctor Guillermo Letelier, que fueron vicepresidentes de la Corfo. Sergio Valenzuela, Héctor Guillermo Letelier y Eugenio Lavín fueron gerentes generales.

Aparte se menciona a quien fue fiscal de CORFO en dictadura, Ismael Ibarra Lens, quien fue gerente de Normalización José Martínez Muñoz, y el ex subgerente de esa misma área Manuel Macaya.

Las mayores irregularidades.

De acuerdo al informe de René Abeliuk en 1990, las empresas privatizadas que golpearon más fuertemente el patrimonio fiscal son, además de Soquimich, Endesa, LAN, CAP e Iansa.

Un informe de 1983 permitió la venta del 30 por ciento de Soquimich. La comisión recibió, entre otros documentos, el informe de la Contraloría al 26 de octubre de 1990 relativo a la enajenación de Soquimich practicado por la auditora Margarita Albarracín, fotocopias de escrituras de ventas de terrenos CORFO a Soquimich, fotocopia de la demanda de la Compañía Salitre y Yodo de Chile y Sociedad Legal Minera de Unión de Tarapacá en contra de Soquimich y CORFO, solicitando nulidad de contrato por simulación.

Asimismo, está en manos del Parlamento el informe de la Contraloría General de la República sobre la privatización de IANSA, una nómina de los doce mayores accionistas de Endesa en 1991, un estudio del instituto Libertad y Desarrollo sobre “criterios para evaluar un proceso de privatizaciones”, y un informe de auditoría de la Contraloría por el caso Endesa.

Hay que tener presente que el proceso de privatización de empresas estatales, de cuyos fondos se presume una parte quedó en manos de Pinochet y tendría relación con el inexplicable enriquecimiento de él y sus familiares, se hizo conforme a la normativa legal dictada en 1975 por el propio entonces dictador. Primero se estableció la necesidad de enajenaciones y una fecha tope al 31 de diciembre de 1976, la que fue reiteradamente prorrogada hasta 1990.

La dictación de la ley 19.085, en octubre de 1991, omitió el plazo en que CORFO podía realizar enajenaciones y quedó facultada para hacerlo sin necesidad de prorrogar término alguno.

Ahora los diputados se abocarán a la tarea de escarbar bajo los escombros de lo que quedó de las empresas fiscales que estaban en poder de CORFO. Muchos dicen que es tiempo perdido, por la cantidad de años que han pasado desde que ocurrieron los hechos, mientras otros creen que ahora sí se podrá completar este preinforme iniciado en 1990, el que a juicio de muchos no prosperó por falta de condiciones políticas para llevar a cabo una investigación profunda, tal como lo dijo el diputado Sergio Aguiló, que estuvo en la anterior comisión.

[Fuente: Por Angélica Meneses, La Nación, Santiago de Chile, 14ago04]

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