Así lo dio a conocer, tras la extensa jornada, el director de la entidad, Rodrigo González, quien precisó que del medio centenar de solicitudes analizadas 25 fueron aprobadas sin observaciones y 19 con observaciones.
Esta situación materializa en la práctica un giro manifiesto en el accionar de la Conadi respecto a lo que fue la anterior administración encabezada por Domingo Namuncura, pues con esto quedaría en evidencia la disposición para aprobar las permutas y facilitar la construcción de la central Ralco gracias a la mayoría que el Gobierno tiene en el consejo.
Pese a esto, lo más probable es que finalmente este conflicto derive a los tribunales. Ello porque aún hay siete familias pehuenches que se oponen tajantemente a la negociación, y con una que se oponga, Endesa estaría obligada a recurrir a la justicia para ver si prima la Ley Eléctrica o la Indígena.
Luego de los graves incidentes del jueves, durante la mañana de ayer el consejo sesionó en forma normal, a contar de la 10 horas, en el Ministerio de Bienes Nacionales, interrumpiéndose la reunión pasadas las 14 horas.
Luego se reanudó cerca de las 16 horas, y se prolongó por toda la tarde, pese a lo cual no se alcanzó a revisar al totalidad de las solicitudes. Por eso se citará durante la próxima semana a una nueva sesión de trabajo.
Consultada sobre estos significativos avances, Endesa declinó pronunciarse por el momento, a la espera de contar con la información oficial.
Si bien ayer no participaron los seis consejeros indígenas que se retiraron del consejo el jueves por la tarde -cuestionanado que el Gobierno estaba aprobando las solicitudes por tener mayoría-, de todas maneras existió el quórum requerido legalmente para sesionar.
Ello porque de los 16 miembros que componen el consejo, los ocho que representan al Gobierno -cinco subsecretarios y tres nominados por el Presidente Eduardo Frei- se encontraban presentes. A ellos se sumaron los consejeros indígenas Justo Zuleta, de la etnia atacameña, y Alberto Hotus, de Isla de Pascua, más Rodrigo González, que también integra esta instancia.
Los dos representantes de las etnias mencionados no se plegaron al rechazo que anteayer, explicitaron los otros consejeros indígenas, pues estimaron que debían respetar lo acordado en la sesión del 17 de diciembre en el sentido de abocarse a analizar las permutas los días 7 y 8 de enero, si bien de todas formas las votaron en contra.
Ello implicó, en la práctica, que todas las solicitudes aprobadas (con y sin observaciones) tuvieron mayoría al ser votadas favorablemente por los ocho consejeros de Gobierno más González, y rechazadas por los dos consejeros indígenas presentes, aunque Zuleta no participó en la tarde.
De las 84 solicitudes de permutas presentadas inicialmente a la Conadi sólo se están revisando en estos momentos 82, pues en dos casos se solicitó que no se procediera a su tramitación. González precisó que las familias lo hicieron con el objeto de negociar mejores condiciones.
En todo caso, de las cincuenta solicitudes analizadas 33 correspondían a permutas y 17 a servidumbres, por lo cual quedaron pendientes para la próxima sesión 34 solicitudes que corresponden íntegramente a permutas.
El desglose contempla que
respecto a las permutas fueron aprobadas 11 sin observaciones, 19 con observaciones,
y 3 quedaron pendientes. En cuanto a las servidumbres, 14 fueron aprobadas
sin
observaciones, una quedó
pendiente y dos fueron rechazadas por considerar que las condiciones eran
claramente desventajosas. En este último caso Endesa puede llevar
adelante nuevas negociaciones con los involucrados, en las que necesariamente
debería mejorar la oferta para lograr aprobarlas.
Lo revisado correspondió exclusivamente a las familias pehuenches de la localidad de Ralco Lepoy, cuya relocalización está contemplada en el fundo El Barco.
Para la próxima sesión quedaron pendientes cinco casos de esa misma comunidad y 29 de Quepuca Ralco. A quienes viven en este último sector les corresponde relocalizarse fundamentalmente en el fundo El Huachi.
El punto es que en ese caso
el consejo de la Conadi estima que el fundo que se ofrece para apoyar a
las familias que allí vivan -fundamentalmente para aprovisionamiento
de leña-, y que es el de Santa Laura, no tiene requisitos óptimos.
Sin embargo, González informó ayer que con fecha 6 de enero
Endesa hizo una nueva oferta que contempla el remplazo de Santa Laura por
un nuevo fundo
de 90 hectáreas,
denominado El Redil.
Debido a que el consejo no tiene todos los antecedentes respecto a ese predio, se esperarán los análisis técnicos y la tasación pertinente antes de considerarlo como alternativa.
En el caso de las que fueron aprobadas con observaciones, González puntualizó que ello dice relación con que algunos de los beneficios que se contemplaban no están debidamente acreditados, particularmente en lo relativo a contratos en los cuales se ha prometido la construcción de una casa en la nueva parcela. "No vamos a otorgar la autorización de esas permutas hasta cuando las casas estén construidas y exista el expediente de certificación de que las casas están", añadió el personero. En todo caso, esto no implica que sea necesario volverlas a evaluar en el consejo, pues esta instancia facultó al director de la Conadi para certificar su cumplimiento.
Distinta es la situación de las que quedaron pendientes, que se resolvió no tramitar porque faltaba información fundamental en las carpetas, como el informe económico-social o una de las dos tasaciones con que se trabaja.
Otro aspecto importante que se dejó establecido en la ocasión se refiere a los denominados retazos, que son aquella parte de los terrenos indígenas permutados que no serán inundados. Estos serán devueltos a las familias pehuenches usando como mecanismo el que Endesa done esos retazos a la Conadi, que posteriormente los repartirá a las mencionadas familias. Esta triangulación tiene como objeto que los terrenos no pierdan su calidad de indígenas.
Además, el consejo determinó que es necesario hacer un seguimiento específico a los planes de desarrollo agropecuario con plazos anuales, pues estima que el seguimiento aprobado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) -a través del Estudio de Impacto Ambiental- es insuficiente en este punto por ser demasiado global.
El pronunciamiento de la Conadi se refiere sólo a una promesa de permuta entre las partes -que por ley debe ser autorizada por la entidad-, tras lo cual para que se materialice aún resta la existencia de un contrato firmado entre los pehuenches que aceptan y Endesa, donde también existe la posibilidad que uno de los dos interesados se desista.
En cuanto a las solicitudes de servidumbre, éstas operan en el caso de familias que si bien son afectadas por el proyecto no requieren ser relocalizadas, pues sus predios se ven intervenidos básicamente por la ampliación de algún camino o la construcción de torres de alta tensión.
La construcción de Ralco, a 120 kilómetros al sureste de Los Angeles, implica la formación de un embalse de 3.467 hectáreas de superficie que inundará alrededor de 700 hectáreas de tierras indígenas.
La inversión total del proyecto alcanza a los US$463 millones, de los cuales US$20 se refieren al plan de compensaciones ofrecido por Endesa a las familias pehuenches del Alto Biobío, y que incluye fundos y casas, entre otros beneficios.