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DERECHOS


Carta del coordinador latinoamericano de la pastoral indígena a Martin Villa, presidente de Endesa.

Dirigida el 11 de diciembre de 1999 desde Bolivia.


D. Rodolfo Martín Villa, Presidente de ENDESA

C/. Príncipe de Vergara Nº187, 28002 MADRID

ESPAÑA

De mi consideración:

Por razones de mi trabajo, he viajado recientemente al Sur de Chile y he conocido en cierto detalle el conflicto grave que se ha generado con el pueblo y organizaciones Mapuches-Pehuenches, con motivo de la construcción de la hidroeléctrica de Ralco en el Alto Bío Bío, parte de una serie de seis proyectos en la misma cuenca.

No insisto en los serios problemas ecológicos que otros ya le han expresado ni en el aspecto económico, que ya ha sido públicamente cuestionado por la comisión Nacional de Energía, que recomienda más bien la alternativa del gas natural.

Me fijaré sólo en los problemas de tipo social, político y legal que tiene el proyecto para el pueblo Mapuche-Pehuenche, que ocupa legítimamente ese territorio desde tiempo inmemorial.

El proyecto no sólo viola los art. 1 y 13 de la Ley Indígena de Chile sino que va también en contra de los principios establecidos a nivel internacional en otros varios instrumentos y convenios, y ello ocurre precisamente en plena Década Internacional de los Pueblos Indígenas, de las Naciones Unidas.

ENDESA tiene una íntima vinculación con España, cuyo gobierno ha desarrollado desde 1992 un papel protagónico en el desarrollo de estos instrumentos. Sería oportuno repasar, por ejemplo el reciente documento "Estrategia Española de Cooperación con los Pueblos Indígenas", publicado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (CAECI, Ministerio de Asuntos Exteriores) en 1998 que señala como punto central de su estrategia, "Promover la participación activa de los pueblos indígenas en la identificación, formulación y ejecución de todo proyecto de desarrollo, tanto bilateral como multilateral" (pg.5).

La misma Comunidad Europea, acaba de emitir un documento "on support for indigenous peoples in the development co-operation of the Community and Member States" (11-05-1998), en que subraya un punto central: "Avoidance of adverse impact... There has been a tendency to overlook indigenous peoples in the design of large-scale projects and sectorial programmes. The recognition of indigenous peoples' right to determine their own development, implies that donors should encourage indigenous participation at all levels and obtain the free and informed consent from the peoples concerned to any project affecting their land and livelihood." (pg.14).

Este tema ha sido desarrollado también a nivel mundial por el Convenio 169 de la OIT (art. 13, 14, 15 y 16) que subraya el derecho de los pueblos indígenas a las tierras y territorios que ocupan, incluida la utilización, administración y conservación de los recursos naturales ahí existentes. Para el caso de los grandes proyectos, se enfatiza ahí la necesidad de consultas y acuerdos "antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos" (art.15) y que cualquier reubicación debe ser muy excepcional y efectuarse sólo de forma libre, consensuado y con pleno conocimiento de causa (art.16). Tal vez una situación de guerra y desastre natural podría explicar un traslado forzoso, siempre dentro de las leyes y con indemnizaciones y nuevas ubicaciones equivalentes. Pero en este caso se trata de un proyecto que tiene, además, serias objeciones sociales e incluso ecológicas y económicas, por mucho que pueda resultar lucrativa para los accionistas.

Ustedes mismos conocen las limitaciones del proyecto, dado que renunciaron a un crédito del Banco Mundial, al darse cuenta de que no cumplían las condiciones mínimas que este ente internacional exige con relación al medio ambiente y a otros aspectos del contorno social.

Ciertamente este tipo de problemas son recurrentes en otros muchos macro-proyectos hídricos como lo muestran reiteradas protestas y movilización de los pueblos indígenas a lo largo del mundo. Ellos son los afectados, sin una adecuada alternativa, y otros los que a su costa sacan beneficios.

Con los principios cristianos que usted y ENDESA ponen sin duda por encima del simple lucro, y en solidaridad con los pueblos indígenas con los que trabajamos tantos jesuitas en el Continente, mucho le ruego que revisen el enfoque del proyecto, considerando incluso la posibilidad de que ENDESA se retire si no se cumplen esas condiciones de respeto y solidaridad con los dueños y habitantes del territorio.

Atentamente,

Xavier Albó, S.J., Coordinador Latinoamericano de Pastoral Indígena
cc.: Jaime Banzarc, Gerente General de ENDESA y a Jesús Gracia, Director General de la AECI
XAC/mcc.
CPI-61/98 - 11 de diciembre de 1998

Editada electrónicamente por el Equipo Nizkor en Madrid a 14 de febrero de 1999.

Conflicto Bio-Bio

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