07mar97
Nota número 08 del Mauricio Huenchulaf Cayuqueo, Director Nacional de la CONADI donde adjunta el Informe de ENDESA SA "Addendum del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto RALCO que incluye el realizado por CORFO y la Universidad del Bio Bio "Divulgación y Consulta a los Afectados"
CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
DIRECCION NACIONAL
OFICIO Nº 08_____80
ANT.: Oficios Ord. Nº 970365 de fecha 7 de febrero de 1997; N0970422 de fecha 17 de febrero de 1997; Oficio Ord. N0970561 de fecha 3 de marzo de1997 y Oficio Ord. N0970563 de fecha 5 de marzo de 1997, todos de CONAMA.
REF.: Remite informe sobre documento denominado "Addendum del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco" de la empresa ENDESA S.A., incluyendo el documento denominado "Divulgación y Consulta a los Afectados".
Temuco, 7 de marzo de 1997
A: Sra. Vivianna Blanlot S. Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente
DE: Mauricio Huenchulaf Cayuqueo Director Nacional de CONADI.
IndiceAntecedentes
Descripción del Proyecto
Influencia Espacio Temporal
Evaluación de Impacto medio-ambiental
Tasación del Precio de la Tierra
Análisis de las Compensaciones
Fundación Pehuén
Antecedentes01. En virtud de los antecedentes entregados a través de los Oficios del antecedente, procedemos a informar a CONAMA sobre la opinión de CONADI respecto el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto.
Específicamente, corresponde a la CONADI pronunciarse en relación a si este último se hace cargo de las disposiciones del artículo 11º de la Ley General de Bases del Medio Ambiente (Nº l9.300) y, en particular, si el estudio presentado propone medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas.
Con lo anterior entendemos que la CONAMA y la CONADI dan cumplimiento al mandato general consagrado en los artículos 1º y 39º de la Ley Indígena (N019.253), que establece los deberes generales y atribuciones específicas del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas.
Según lo anterior, debe entenderse que la emisión del presente documento no agota en modo alguno lo dispuesto por cl artículo 34º de la Ley Indígena, que establece el deber de los servicios de la administración del Estado de escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce tal ley, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas.
02. Para proceder a la revisión del documento denominado "Addendum del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco", incluyendo la "Divulgación y Consulta a los Afectados", nos remitimos a la comunicación inmediatamente precedente de CONAMA, correspondiente al Oficio Ord. N0970563 de fecha 5 de marzo de 1997, que modifica y complementa lo indicado en el Oficio Ord. N0162-DE/962093 de fecha 2 de octubre de 1996, que hace referencia al "Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco".
03. Dada la particular forma de abordar la situación de los mapuche-pehuenches que serían afectados por el proyecto, obviándolos en el proceso de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones del estudio de impacto ambiental y tratando su situación sólo en el contexto de una eventual relocalización, la CONADI se atendrá a la redacción original del "Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco", en todo lo relacionado implícita y explícitamente con los mapuche-pehuenches afectados por el proyecto. Este documento será la base para contrastar el nivel de cumplimiento de las exigencias planteadas por CONAMA para la elaboración y entrega del Addendum referido.
Adicionalmente, siguiendo la exposición planteada por ENDESA S.A. en el mismo Addendum, consistente con lo manifestado en la carta N0258 de fecha 12 de septiembre de 1996 dirigida desde la Gerencia General de ENDESA S.A. a CONAMA, entenderemos que todo lo acordado en las actas referidas no se refiere a las comunidades mapuche-pehuenches, por lo que los mismos temas tratados, aclarados, rectificados y ampliados según el acuerdo obtenido con los expertos y sectorialistas de distintas instituciones públicas y privadas, podrán ser retomados y analizados en tanto tengan relevancia para la situación de los indígenas afectados por el proyecto.
Finalmente, entenderemos que todas las solicitudes de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones contenidas en cl "Informe Consolidado" indicado, y que tienen relación con las comunidades mapuche-pehuenches, deberían haber sido respondidos por ENDESA S.A. en el apartado del Addendum denominado "Plan de Relocalización".
04. Revisado el "Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco" se presentan a continuación las observaciones y opiniones de la CONADI en relación al señalado Addendum entregado por ENDESA S.A., organizadas en torno a los requerimientos de tal Informe que se relacionan de algún modo con las personas y comunidades mapuche-pehuenches.
1. Descripción del Proyectoa. Del punto 2.1. sobre "Justificación del Proyecto".
No quedan demostrados los beneficios reales de esta opción frente a otras alternativas. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en tanto proceso público para definir la conveniencia de una inversión para la sociedad chilena, debe necesariamente tener una escala nacional y fundamentarse en estudios acabados sobre las ventajas y desventajas ambientales de un proyecto, en relación a otros igualmente factibles, pero con impactos diferentes.
Así, la inclusión del proyecto Central Ralco en el Plan de Obras de la Comisión Nacional de Energía nada indica respecto a la conveniencia del proyecto, debido a que es obligación de tal comisión incorporar al Plan de Obras a todo proyecto cuya propietaria lo declare en construcción. Contrariamente, como lo ha mostrado el estudio "Evaluación Económica del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco" de EMG Consultores, basados en antecedentes e información de dominio público de la propia CNE y dado a conocer públicamente en enero de 1997, al adelantar la construcción de las obras de la Central Hidroeléctrica Ralco, del 2006 al 2002, el país debe incurrir en un costo adicional de US$ 36,3 millones. Lo anterior, debido a que ENDESA S.A., basada en su estrategia de negocios declara en construcción la obra y obliga a la CNE a reformular su calendario, alejándolo de aquel de mínimo costo para el país, establecido en el Plan de Obras de septiembre de 1995.
Por otra parte, el mismo estudio muestra, tomando como referencia el Plan de Obras de marzo de 1996 de la CNE, que la alternativa de utilizar dos centrales de ciclo combinado (gas natural) en reemplazo de Ralco, le cuesta al país US$ 4,14 millones de dólares adicionales. Si solo uno considera sólo el presupuesto de compensaciones (en especies valorizadas, servicios y dinero) que está ofreciendo ENDESA S.A. a los mapuche-pehuenches en el Addendum al Estudio de Impacto Ambiental, cercan o a US$12 millones, el país como conjunto vuelve a perder casi US$ 8 millones al ejecutarse el proyecto.
Por los antecedentes expuestos, consideramos que no se presenta una justificación apropiada del proyecto que involucre sus reales costos económicos, sociales y ambientales, para el país, pese a existir antecedentes y un debate público abierto sobre la materia, en el cual la propia ENDESA S.A. ha participado
b. Del punto 2.2. sobre las "Reservas Nacionales de Ralco y Nalcas".
La caracterización del Impacto Ambiental entregado en el Addendum es superficial y se basa al parecer en la apreciación personal del autor, pues no se hace referencia a estudios específicos que den cuenta de su estado actual y proyecciones futuras.
Por carta de la propia IFC a CONADI, nos consta que Pangue S.A. y la Fundación Pehuén han recibido el documento denominado "A Participatory Interim Evaluation of the Pehuen Foundation", encargado por la International Finance Corporation (IFC) al consultor independiente Theodore E. Downing. Traducimos textualmente el párrafo 168 del citado informe:
"Aun observadores casuales notan el alto volumen de camiones madereros moviéndose fuera de las comunidades cada día. Ni la CONAF, Pangue, su estación ecológica, ni la Fundación han monitoreado la tasa de deforestación que ha tenido lugar en la cuenca desde que el proyecto comenzó. En un intento de obtener una estimación cuantitativa de la deforestación, el equipo de la evaluación participativa compiló información de los planes de manejo de CONAF (1988-1992) y permisos de transporte de camiones (1993-1994) los cuales listaron a Callaquí, Pitril y Quepuca-Ralco como sus puntos de origen. Tres modelos fueron construidos, basados en altos, medios y bajos retornos forestales (16, 63 y 158 m3 por hectárea). En 1991, la Evaluación Ambiental estimó que las tres comunidades poseían 30350 hectáreas , de las cuales cerca de 11.000 eran renovales jóvenes, intervenidos, o bosques de Araucarias. Entre 1988 y 1994, las tres comunidades perdieron entre 3.700 y 6.850 hectáreas de bosque para actividades de corta. No hubo forestación alguna. La mayoría de esta corta parece haber ocurrido entre 1989 y 1994. Desde 1991, la tasa de deforestación parece estar entre 1,3 y 8,5 por ciento por año, una preocupante alta tasa para cualquier ecosistema humano sin reforestación (Tabla 17)".
Tabla 17. Estimación de deforestación y tasas anuales 1991-1994
Modelo I (16 m3/ha.) Modelo II (63 m3/ha. Modelo III (158 m3/ha.)
Hectáreas. Tasa porcentual de Pérdida Anual Hectáreas. Tasa porcentual de Pérdida Anual Hectáreas. Tasa porcentual de Pérdida Anual Callaqui 558 176 3,2 92 1,7 Callaqui 558 10,8 176 3,2 92 1,7 Pitril 1207 5,4 400 1,8 235 1,1 Quepuca- Ralco 1929 11,9 536 3,3 251 1,5 TOTAL 3724 8,5 1112 2,5 578 1,3 El mismo informe señala que entre 20 y 30 intermediarios forestales, localizados entre Los Angeles y Santa Bárbara toman ventaja de esta situación, ofreciendo a los mapuche-pehuenches completar los trámites para obtener planes de manejo forestal. A cambio, acuerdan cosechar el bosque y pagar una fracción al propietario. Luego, a través de contratistas, generalmente externos a la zona, movilizan las maquinarias y herramientas necesarias para cortar. Estos últimos, a su vez, no reforestan, debido a que la responsabilidad legal recae en los mapuche-pehuenches, en tanto propietarios. Debido a ello, generalmente los indígenas encaran multas y, debido a la imposibilidad de pagar, riesgos de encarcelación. A su vez, debido a la falta de protección jurídica, tal situación los coloca técnicamente como fugitivos de la ley.
Si la apertura de cerca de 30 kilómetros de caminos en la cuenca del Bio Bio, a que hace referencia el "Informe Consolidado" se lee a la luz de estos antecedentes y ello se suma que cerca de 3.000 hectáreas de bosque nativo serán inundadas por el embalse contemplado en el proyecto, se puede concluir que el tema de la presión forestal sobre las Reservas Nacionales de Ralco y Nalcas no ha sido tratado en el Estudio de Impacto Ambiental y su Addendum con la profundidad que se requiere.
II.Linea de Basea. Del punto 3.1. sobre "Área de Influencia".
No hay referencia alguna en el Addendum ni en el Plan de Relocalización a los impactos indirectos en términos espaciales y temporales, no se consideran otros proyectos en ejecución ni los efectos ambientales acumulativos y sinérgicos. Tampoco hay referencia al destino de las familias no indígenas que serían afectadas y a las condiciones en que quedarían después de la eventual construcción de la represa. Específicamente, cómo adaptarían sus estrategias de sobrevivencia en la zona las cerca de 470 personas no indígenas afectadas y qué conflictos por el uso de los recursos naturales podrían suscitarse.
No hay referencia a la presión extractiva de la industria forestal sobre la zona, debido a la apertura y mejoramiento de caminos. Para el caso del Área de Influencia relacionado con los mapuche-pehuenches, se pidió en el informe consolidado a las 7 comunidades del Alto Bio Bio y no sólo a los afectados.
Los antecedentes anteriormente presentados para el caso de las tres comunidades relacionadas con el proyecto Central Hidroeléctrica Pangue deben ser considerados como ilustraciones sobre el impacto que este tipo de proyectos pueden ejercer en el área a través del simple expediente del "mejoramiento de caminos".
En el mismo informe del Banco Mundial se señala que durante 1990 el Estado y ENDESA S.A. pavimentaron el camino que va desde la carretera norte-sur hasta el Alto Bio Bio. La Evaluación Ambiental encargada durante 1991 puso énfasis en el mejoramiento que enfrentarían las depresivas condiciones económicas de las comunidades pehuenches, derivado de las nuevas facilidades ofrecidas por el camino para la salida de los productos forestales y agrícolas de los mapuche-pehuenches.
Por su parte, durante 1992, la IFC y Pangue S.A. ignoraron un estudio hecho por MIDEPLAN, indicando que los pehuenches que vivían en tierras en litigio, en el fundo "El Avellano", en la costa norte del futuro embalse, podrían ser amenazados con un reasentamiento forzado. En 1991, al realizarse la correspondiente Evaluación Ambiental, el impacto fue limitado a las comunidades adyacentes al lugar del proyecto: Pitril, Quepuca-Ralco y Callaqui. A 1997, CONADI mantiene un juicio de restitución de tierras con el actual propietario del fundo "El Avellano", quien, a su vez, habría recibido ofertas de PANGUE S.A., filial de ENDESA S.A. por el terreno. A estas alturas, no puede discernirse claramente la utilidad exclusiva del fundo "El Avellano" para la Central Pangue respecto a la Central Ralco.
Finalmente, no hay referencia alguna a la eventual dinamización de la minería en la zona, derivada del mejoramiento del camino. En mayo de 1996 la empresa GEOEXPLORACIONES S.A. y el INSTITUTO DE GEOLOGICA ECONÓMICA APLICADA DE LA U. DE CONCEPCIÓN, entregaron los resultados de un estudio encargado por la CONADI denominado "Sistematización de Estudios Geológicos Realizados para la IX Región, Provincia de Arauco y Comuna de Santa Bárbara (VIII Región) y Determinación de Áreas de Interés Minero". Transcribimos algunos párrafos de las págs. 36 y 37:
"Zona Ralco- Villucura
No se conocen los antecedentes relacionados con las manifestaciones existentes en esta zona, dado que la especificación del Rol Minero no la específica. Sin embargo desde un punto de vista geológico, el sector puede albergar placeres auríferos en los sedimentos fluviales de las terrazas de los ríos Bio Bio, Lamín y Llanquén.
De acuerdo a lo anterior cabe esperar nuevas prospecciones auríferas en todo el sector; siendo afectadas especialmente los sectores de tierras indígenas colindantes con los esteros y ríos de la zona.
Zona Lonquimay
La región de Lonquimay es probablemente la que mayor expectativas mineras presenta y que ha tenido una explotación minera relativamente mecanizada, por mayor tiempo.
Los pedimentos investigados en el sector de Lonquimay abarcan la zona comprendida por las juntas del río Bio Bio, con el río Lomín y Villucura. Extendiéndose hacia el norte hasta las juntas de los ríos Pinca con Quepuca. Por el sur se extienden hasta las nacientes del Bio Bio, en el lago Galletué. En esta zona se conocen diferentes ocurrencias minerales, metálicas y no metálicas. Las principales ocurrencias minerales son:
- Oro
- Cobre y Molibdeno
- Carbón
- Esquistos Bituminosos
...Los grandes volúmenes de oro, que pueden estimarse entre 500.000 y 1.000.000 de onzas, distribuidos erráticamente en sedimentos mal seleccionados, con importante influencia glacial, hacen de estos placeres una atracción permanente para las compañías mineras"
Al respecto, se pide revisar del conjunto de mapas contenidos en el estudio de la U. del Bio Bio, denominado "Plan de Desarrollo Turístico para el Alto Bio Bio", aquel referente a las centrales hidroeléctricas en el Bio Bio y que acompaña al presente informe. Como se observa, la Central Hidroeléctrica Llanquén, planeada por ENDESA S.A. aguas arriba de la proyectada Central Hidroeléctrica Ralco, terminaría por abrir definitivamente los caminos y facilitar la salida del recurso minero por los puertos de la VIII Región. Baste revisar el "Mapa de Concesiones Mineras Constituidas y en Trámite", extraído del estudio citado encargado por CONADI, donde se aprecia cómo la inscripción de propiedad minera siguen el curso del río Bio Bio y sus caminos adyacentes.
Finalmente, el estudio citado arrojó las siguientes estadísticas de concesiones mineras constituidas y en trámite, bajo tierras indígenas:
Comuna N' Título Nombre del Tipo y N"de Noml'r" Titular 'Ciudad Minual Nº Titulo demerced Meresd Predio Concesión (1) Cona~¡6n _________ _________ Nombre del Predio lote A Quin¡utn MA:8277 l"r,"rr'do ¡-20 Acuha ~pcz H. y Tipo y Nº de Concesión (1) SM:106. 109. E' Porri~do ¡ otro'. Nombre Concesión 110.111. 121. 1110 Santiago Titular/Ciudad 122,123. ¡24. E'Podiado2Ifl Mineral ¡25.I26,5043~0 E' Poíf'attt, 3 Marfn vicuita Lonquimay 44.5045 ¡'II Arturn PE..8492. Litrancura 20/25 Santiago. Lote A Quinquen Utrancur~130
MA:8277 SM:106 109
110-111. 121
124
125-126.5043,50
44.5045
PE:8492
8493, 8494 Utrincura 30140 Socitdad
Porfiado 1-20 El porfiado 1 1/10
El porfiado 2 1/7
El porfiado 3 1/11
Litrancura 20/25
Litrancura 20/25
Litrancura 25/30
Litrancura 30/40
Zanueco 1/5
Zanueco 5/10
Zanueco 10/15
Zanueco 15/20
Zanueco 20/25
zanueco 25/30
Mallín Uno
Mallín Dos
Mallín tres
zan~o 115 Mnde:t::
Acuña López H y otros Santiago
Marín Vicuña
Arturo
Santiago
Sociedad Maderera Curacautín S.A.
Curacautín
Pizarro Delgado
R.y otros.
Lautaro
Zw'ucco SIlO Curat:autínS.A.
Z~ueco 10115 Curacautín Lonquimay ¡411200 Lote B Quinquen PE: 8416 8417 8418 8419 Camila Uno Camila Dos
Camila Tres
Camila Cuatro
Marín Vicuña Arturo
Santiago
Collao Contreras
Silvia.
Santiago
Sta Bárbara 2874 ¡411200 Antonio Cano (Comunidad Trapa Trapa)
CT: 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249.
Trapa 1/20 Tarpa 21/80
Trapa 81/140
Trapa 141/200
Trapa 201/260
Trapa 261/320
Trapa 321/380
Trapa 381/440
Trapa 441/500
Trapa 501/560
Trapa 561/620
Compañía Minera del Pacífico. Vallenar
Cobre, Oro y Plata Sta Bárbara ¡411200 Callaqui SM: 2633 A1/156 Martín Vicuña Arturo
Santiago
Sya Bárbara ¡411200 Quepuca-Ralco SM: 5337. 5358 Carmen 1/189 Marín Vicuña Arturo
Santiago
Sta Bárbara ¡411200 Ralco-Lepoy SM: 52/83. 5357. 5358. 5359. 5360.
Berta 1/188 Camila 1/108
Carmen 1/189
Corina 1/98
Cristina 1/158
Marín Vicuña Arturo
Santiago
(1)Nota Explicativa:
CT: Concesión en Explotación
SM: Solicitud de Mensura
PE: Pedimiento
MA: Manifestación
Número de folio correspondiente o identificación de Base de Datos de Catastro Minero de Geoexploraciones S.A.
b. Del punto 3.2. sobre "Clima y Meteorología"
La metodología para definir unidades mesoclimáticas no es satisfactoria. Lo anterior es particularmente relevante para efectos de determinar temperaturas medias en las distintas zonas, donde se indica que las DOS imágenes satelitales son "representativas" de las condiciones de invierno y verano.
Estadísticamente, nada se puede inferir de DOS observaciones de mapas de temperaturas tomadas al ad-hoc; menos aun sin especificar el modelo que dio origen a tales mapas.
En tal forma, es imposible afirmar fidedignamente que las condiciones climáticas prevalecientes en "El Barco" sean similares a las que existen en las veranadas. El punto es de suma relevancia pues se pone en juego la integridad física de los indígenas que serían reasentados.
c. Del punto 3.4. sobre "Suelos"
Se obvia la caracterización productiva de los suelos trumao en relación con aquellos de carácter aluvial, en las familias mapuche-pehuenches.
No se presenta una caracterización de los sistemas productivos en términos de la importancia de las categorías de uso actual de los suelos definidas en el EIA: Bosques, Bosques de Araucarias, Matorral, Pastizal-Cultivo y Cultivo. Tampoco la cartografía temática en escala 1:50.000, tal como se solicitó.
No hay una caracterización acabada del estado del recurso suelo para cada sector, superficie afectadas, grado y tipo de deterioro para cada tipo de propietario indígena.
No se presenta una evaluación de los factores que estarían incidiendo en las bajas productividades de los cultivos. La calidad del recurso suelo no es contrastada con otras hipótesis que explicarían la baja productividad, relacionadas con factores climáticos, fertilidad del suelo, problemas fitosanitarios, variedad y calidad de la semilla utilizada. Tampoco se hace referencia a las técnicas de manejo de suelos que pueden estar incidiendo en los resultados de las familias mapuche-pehuenches.
d. Del punto 3.9. sobre "Paisaje y Estética"
No hay referencia a actividades turísticas que se desarrollan en el área; proyectos turísticos que el sector público y privado tienen previstos para el área; circuitos turísticos que se realizan en el área y sitios involucrados en su recorrido y la contribución de las Reservas Nacionales de Ralco y Nalcas a ellos.
Se aduce que el tema se analizó en el Estudio de Impacto Ambiental y que "no se identificaron proyectos turísticos para el área de Ralco".
Adjuntamos copias de mapas temáticos y catastros de proyectos elaborados por un estudio de dominio público de la Universidad del Bio Bio, encargado por la CORFO VIII Región, denominado "Plan de Desarrollo Turístico para el Alto Bio Bio", con una inversión privada proyectada cercana a los US$11,37 millones de dólares.
El Estudio de Impacto Ambiental y su Addendum, no se hace cargo de este diagnóstico y sus probables impactos. Lo mínimo hubiera sido dar cuenta de la actual dinámica del mercado inmobiliario en las orillas del futuro embalse de la Central Pangue, donde ya se ha procedido a realizar loteos para viviendas de veraneo, y de la situación que al respecto han vivido las personas y comunidades indígenas adyacentes, como las que se encuentran reclamando la propiedad del fundo "El Avellano", a orillas del futuro embalse de la Central Pangue.
e. Del punto 3.10. sobre "Áreas de Riesgo"
No se presenta cartografía que relacione zonas de riesgo y asentamientos indígenas.
f. En relación al punto 3.11. sobre "Antecedentes Generales de Población".
No se considera en la Línea de Base como área de influencia a las siete comunidades del Alto Bio Bio, como se solicitó expresamente. dada la fuerte interrelación existente entre ellas, que constituye una característica esencial de su cultura y sistema de vida, como se solicitó.
No se entrega el listado detallado de la superficie y porcentaje de tierras totales, por cada familia pehuenche, de la totalidad de las comunidades de Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy. El listado se restringe a las familias afectadas. Tampoco se entrega la cartografía solicitada en escala 1 10.000, en coordenadas UTM, como se solicitó.
No se entrega un detalle de la superficie y porcentaje de tierras con cultivos y huertas destinados al autoconsumo, por cada familia pehuenche de la totalidad de las comunidades de Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy. Se presentan sólo datos agregados. Tampoco se entrega la cartografía solicitada en escala 1:10.000, en coordenadas UTM, como se solicitó.
No se entrega la localización de las viviendas de cada familia pehuenche que se encuentra en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, en cartografía escala 10.000 y coordenadas UTM, como se solicitó.
No se establece durante cuánto tiempo se mantiene cerrado el camino por nevazones o corte de las vías debido a otros factores, durante el invierno.
g. Del punto 3.12. sobre "Aspectos Sociales y Estructuras de Relaciones Primarias"
No se entregan los antecedentes sobre el número de familias indígenas que acceden a los recursos de la Reserva Nacional Ralco; la distancia y vías de acceso y si todos están, por ello, en condiciones de participar en su uso.
No hay una referencia exacta a la composición de la masa ganadera, especies, número de cabezas de ganado y animales de laboreo por cada familia indígena.
h. Del punto 3.12. sobre "Organización Social y Cultural".
No se presenta un análisis del impacto de los programas de la Fundación Pehuén, en la calidad de vida las comunidades sujetas a ellos.
No se informa sobre la frecuencia y temporalidad de las visitas a cementerios actuales y sobre quienes concurren a ellos, residentes o no.
III. Evaluación de Impacto Ambientala. Del punto 4.4.3. sobre "Suelos".
No se establece la significancia de la pérdida de suelos de clase IIIr y IVr en términos de capacidad de reserva de suelos agrícolas para la población existente.
b. Del punto 4.4.7. sobre "Paisaje y Estética".
No se especifican las fluctuaciones del espejo del agua del embalse y su impacto en la franja árida para determinar mejor los efectos paisajísticos y la verdadera aptitud turística del lugar, para aquellas familias mapuche-pehuenches que quedarían localizadas a orillas del eventual embalse de la Central Hidroeléctrica Ralco.
Tampoco se detallan los impactos derivados del desarrollo de la actividad turística de la zona, pese a que ya existen procesos de tal naturaleza en torno al embalse Pangue e información de dominio público, como el estudio señalado de la U. del Dio Bio.
c. Del punto 4.4.8. sobre "Áreas de Riesgo".
No se presenta el impacto para los mapuche-pehuenches que quedarán en las cercanías del lago artificial, derivados de procesos de licuefacción y deslizamientos, originados en la existencia misma del embalse. Tampoco se presenta cartografía sobre el particular, que permita relacionar zonas de riesgo y comunidades indígenas.
d. Del punto 4.4.9. sobre "Población, aspectos socioeconómicos y calidad de vida".
No se detalla el impacto diferencial de contratación de mano de obra para aquellos mapuche-pehuenches que se relocalizarían en el fundo "El Barco", con peores condiciones de accesibilidad, respecto a aquellos que permanecerán en sus actuales predios en Ralco-Lepoy y respecto a aquellos de Quepuca-Ralco, que ya han participado en la construcción de la represa Pangue y que quedarán cesantes durante 1997, debido al término de las obras.
Tampoco se prevee como impacto la alta valorización de los bordes del eventual embalse y las presiones que pueden sufrir los mapuche-pehuenches por parte de especuladores del mercado inmobiliario orientado al turismo, como ya ha ocurrido en otras zonas del país, y que se traduce en transacciones fraudulentas que perjudican a los indígenas. Por lo mismo, no se entrega la cartografía solicitada de suelo potencialmente urbanizable a orillas del eventual embalse, a escala 1:20.000, tal como se solicitó.
e Del punto 4.4.10 sobre "Aspectos Étnicos y Culturales"
No se analizan los impactos de la fase de operación del proyecto, en el medio sociocultural indígena. Específicamente, el destino probable de las aproximadamente 2.000 personas que trabajarán en las obras y que luego quedarán cesantes, al terminarse las mismas.
No se analizan los impactos para el conjunto de las comunidades afectadas, sino que para los eventuales relocalizados. Por lo mismo, menos se considera el impacto para cl conjunto de 7 comunidades mapuche-pehuenches del Alto Bio Bio, como se solicitó. Cabe destacar que el conjunto de comunidades estarán consideradas en el Área de Desarrollo Indígena que se declararía durante marzo de 1997.
No se señala detalladamente el tipo de suelo comprometido y el tipo de actividad desarrollada en él. Tampoco se señala la alteración del sistema productivo, en términos funcionales, siendo los criterios de "porcentajes de terreno afectados" del todo insuficientes.
No se entrega la cartografía temática que indica: i) área inundada, ii) delimitación de cada hijuela y su propietario (para visualizar la red social y relaciones de parentesco, iii) el tipo de suelo y sus aptitudes; iv) e área total que abarca cada comunidad; v) la ubicación de las viviendas (tanto en el área inundable como en el resto del territorio de la comunidad); vi) la ubicación de los sitios de uso religioso de las comunidades.
Sobre la aceleración del proceso aculturativo, no se indica si las comunidades están en condiciones de controlar la dinámica que adquieren tales cambios.
IV.Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Ralcoa. Del punto 5.2.1. sobre el 4'Plan de Medidas de Mitigación".
No se hace referencia a programas ni proyectos financiados por ENDESA S.A. dirigidos a fomentar el aprovechamiento turístico del eventual embalse por parte de los mapuche-pehuenches que permanecen en las cercanías, acción que ha demostrado constituir casi la única medida para prevenir y detener la especulación del mercado inmobiliario sobre los mismos. Al mismo tiempo, no hay referencia alguna a las posibilidades culturales de tal proceso y su impacto en los mapuche-pehuenches.
b. Del punto 5.4.2. sobre "Plan de Relocalización".
Propuesta del fundo "El Barco".
Debe destacarse que originalmente el fundo "El Barco" fue propuesto como medida de mitigación ecológica por la pérdida de unas 3.000 hectáreas de bosque nativo que quedarían bajo inundación o serían afectadas por las obras del proyecto. Se planteo un esquema de manejo similar y complementario al de la Reserva Nacional Raleo.
No obstante, en el Addendum se presenta abiertamente el fundo "El Barco", como espacio para la relocalización de las familias mapuche-pehuenches afectadas por la inundación de sus invernadas.
Pese a que se desarrolla la cartografía de clases de suelos para su hijuelación, no se informa un resumen de las cantidades de cada tipo de recurso; ello sólo se hace para el fundo "El Huachi", en forma exhaustiva. Sólo se presenta en un cuadro resumen de clases de suelo para un sólo mapa de la hijuelación del fundo "El Barco", conteniendo la caracterización cuantitativa de sólo 982 hectáreas del total de 19.270 hectáreas del citado fundo. La única información adicional que complementa tales antecedentes es que se trata de los "mejores suelos" y en la cartografía se puede apreciar tal aseveración.
Ahora bien, en esta descripción cuantitativa de las 982 hectáreas de los "mejores suelos", en medio de los cuales deberían estar localizadas las supuestas invernadas del fundo "El Barco" no existen tierras de clase IIIr y IVr.
A ello debe sumársele la apreciación del autor del estudio referido, que se transcribe textualmente:
"Debe entenderse que bajo las adversas condiciones climáticas que afectan los sectores estudiados (heladas, caídas y acumulación de nieve), la designación de una Clase III de Capacidad de Uso tiene un significado local, el que no se compadece con lo que implican, en materia de potencial, con una Clase III en el Valle Central del país"
"De lo anterior es que las características de las Clases de Capacidad de Uso para los suelos estudiados van a definirse en particular para este predio, indicándose sus bondades y limitaciones"
Pese a que se reconocen en el estudio las anteriores experiencias de cultivos bajo riego en el fundo, se es explícito en señalar que los mismos no pueden ser realizados en condiciones de secano. Lo anterior es altamente relevante, debido a que impone condición inmediata de aculturación al reasentamiento propuesto y que no resulta en absoluto trivial: el manejo de técnicas de riego. Más aún, la tarea se complejiza debido a que los suelos de clase IIIs2, con pendientes complejas, según el estudio, "no pueden ser regados en forma convencional".
Por lo anterior, el potencial de riego del fundo "El Barco" no pasa de ser un potencial y no hay razones económicas, tecnológicas, culturales ni ambientales, para exigirles a los pehuenches eficiencia de riego, cuando la media nacional en la zona sur es de 30 por ciento, según los "Anales de la Primera Conferencia Nacional sobre Desarrollo del Riego en Chile", publicado por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y la FAO.
Tampoco se detalla en el Addendum la metodología o fuente que permite arribar a la capacidad de carga animal de 600 U.A. indicada, para el fundo "El Barco" y en que temporada o condiciones climáticas. Derivados de la ejecución del estudio denominado "Las Tierras Pehuenches del Alto Bio Bio" elaborado por el Sr. Raúl Molina y el Sr. Martín Correa, realizado durante la existencia de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, de la cual CONADI es sucesora legal, nuestros antecedentes señalan inequívocamente que el fundo "El Barco" constituyen veranadas. Los animales de tal fundo debían ser "bajados" durante el invierno, llevados fuera del fundo "El Barco" hacia las partes bajas de Guayalí, donde se arrendaba talaje para el invierno y su alimentación debía ser complementada con forraje adquirido y acumulado durante el verano.
Adicionalmente a los informes emitidos por el SAG en términos de la nula aptitud del fundo para los fines del eventual reasentamiento, como CONADI podemos agregar que, según conversaciones sostenidas con funcionarios de Subagencia de Chenqueco de EMAZA (Empresa de Abastecimientos de Zonas Aisladas), sucesora legal de la ECA (Empresa de Comercio Agrícola), localizada en la comunidad de Ralco-Lepoy, las cinco familias que vivían como inquilinas en el fundo "El Barco", mientras fue propiedad privada, eran abastecidas durante todo el año por el dueño, con víveres adquiridos a ellos.
Desde otra perspectiva, durante la reforma agraria, alrededor de año 1970, el fundo que constituía la "Hacienda Guayalí" fue parcelado y expropiado, para proceder a asentar a los actuales colonos de la zona. Sin embargo, el fundo "El Barco" fue mantenido en propiedad privada debido a que carecía de condiciones para asentamientos humanos.
En resumen, por los antecedentes que se manejan, la CONADI hace presente que las tierras que son ofrecidas a cambio son debidamente comparadas, ni económica ni funcionalmente, lo cual resulta en una sobreestimación de la eficiencia de las compensaciones y más grave aún, pone en peligro la integridad física de las familias que se pretenden reasentar.
Metodología utilizada en las tasaciones prediales para el Plan de Relocalización
En cuanto a la determinación de las compensaciones y su análisis de eficiencia ENDESA S.A. y sus consultores, postulan y aplican una metodología de valorización de terrenos que corresponde a la utilizada para avalúos fiscales, lo que no es en absoluto equivalente a la "tasación de peritos" que indica el DFL Nº l de 1980.
La metodología empleada no constituye herramienta válida desde el punto de vista de la teoría económica y de la práctica comercial inmobiliaria, tal como habitualmente le toca constatar a la CONADI en las negociaciones tendentes a la compra de cualquier predio reclamado por comunidades indígenas. Lo anterior, no sólo porque el avalúo fiscal tienda sistemáticamente a subvalorar las propiedades, sino también por el hecho que un predio reclamado por las comunidades indígenas por razones históricas y culturales, presenta un valor único que ha obligado sistemáticamente a pagar una cantidad superior a la de mercado.
En nuestro parecer, la proposición de que las tierras mapuche-pehuenches constituyen un activo único en el Alto Bio Bio quedan corroboradas por el propio estudio de capacidad de uso de suelos anexado al Addendum, donde se aprecia que en las mejores tierras del fundo "El Barco" no contienen suelos de clase IIIr y IVr.
La metodología de tasación propuesta por ENDESA S.A., que valora tierras del valle central a precios del año 1979, actualizados por inflación, y hace referencia, procediendo a realizar un descuento según distancia por camino pavimentado y camino de tierras, y luego por altitud, sólo sirve para comparar lo incomparable.
En teoría económica la existencia de un atributo único en el recurso natural, pemite al propietario capturar una cuasi-renta monopólica, derivada de la posesión de un activo específico para el proyecto. A mayor abundamiento, en una transacción privada con plena información, los propietarios podrían capturar la diferencia entre la renta normal y la renta económica del recurso. En lo anterior, no estamos considerando en absoluto externalidades sociales ni ambientales causadas por el proyecto y a las que ENDESA S.A. debería responder con medidas de mitigación y compensación correspondientes.
Análisis de compensaciones en un hipotético escenario de negociación.
Para documentar la opinión sobre la metodología empleada por ENDESA para valorizar los recursos naturales de los mapuche-pehuenches, hacemos referencia a un estudio encargado por la CONADI, denominado "Propuesta de Negociación de Compensaciones en Ralco", de enero de 1997.
El estudio abordó la tarea de determinar el valor ambiental del territorio, tal como lo establece la Ley General de Bases del Medio Ambiente (N019.300), desde la óptica de la subdisciplina de la Economía de los Recursos Naturales y del Medio ambiente. Bajo metodologías ampliamente utilizadas por agencias ambientales gubernamentales de países europeos y norteamericanos, para el caso de proyectos hidroeléctricos, se procedieron a valorizar los recursos naturales y las compensaciones procedentes, en cuatro niveles: i) para la economía chilena en su conjunto; ii) para los propietarios afectadas por inundación de sus tierras; iii) para el conjunto de propietarios de las comunidades de Quepuca-Ralco y Raleo Lepoy; y iv) para el conjunto de propietarios de las siete comunidades del Alto Bio Bio.
La valoración de los recursos se realizó desde un punto de vista económico y no sólo financiero, tal como lo establecen los criterios de evaluación social de proyectos utilizada por MIDEPLAN. Para tales efectos, el estudio distinguió el valor de uso, el valor de opción y el valor de existencia, correspondiente a las: tres grandes categoría en que se ha agrupado el valor económico total de los recursos naturales y ambientales bajo los desarrollo del paradigma económico neoclásico, imperante en la ciencia económica contemporánea. Precisamente, el valor económico total debe ser la medida utilizada socialmente para decidir sobre la eficiencia de un proyecto y su plan de compensaciones adjunto.
Al respecto, el valor de uso comprende todos los beneficios directos e indirectos que obtienen los actuales habitantes de la cuenca del Alto Bio Bio, derivados del consumo de bienes y servicios generados por los recursos naturales y ambientales del lugar, se encuentren transados en algún mercado o no.
El valor de opción comprende todos los beneficios directos derivados de preservar los recursos naturales y ambientales de la cuenca del Alto Bio Bio para probables futuros usuarios directos de los mismos, y que se revelan (miden) en la disposición a pagar por preservar los recursos naturales y ambientales de dicha cuenca a cambio de un uso probable en el futuro.
Finalmente, el valor de existencia comprende todos los beneficios de la cuenca del Alto Bio Bio derivados de su preservación intrínseca; es decir, no asociados a uso directo o indirecto, presente o futuro. Ello se revela en la disposición a pagar por la preservación (le los recursos naturales y ambientales de la cuenca en forma intrínseca, para cada ciudadano del país. Más aún, la acotación del valor de existencia al nivel de "país" debe verse como una forma de comparar preferencias que se resuelven en este nivel (preservación v/s represa).
Por el lado de los costos, el estudio distinguió los costos directos, los costos indirectos y los costos de oportunidad relacionados ejecución del proyecto Central Hidroeléctrica Ralco. Los primeros comprenden la inversión inicial y el funcionamiento del proyecto: los segundos comprenden las externalidades negativas del proyecto o daños en el ámbito de recursos naturales y ambientales afectados por el proyecto; y los últimos comprenden la perdida de los beneficios que sc derivarían del mejor uso alternativo de los recursos naturales y ambientales afectados por el proyecto.
Resumiremos aquí los resultados más relevantes, por considerar que son los que mejor ilustran el esfuerzo realizado:
i) Valor de Existencia del Alto Bio Bio: Encuesta de Valoración Contingente.
Durante diciembre de 1996, se elaboró y aplicó una encuesta a 300 jefes de hogar de diferentes estratos socioeconómicos sobre su disposición a pagar mayores tarifas eléctricas mensuales por conservar el Alto Bio Bio. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:
Disposición a Pagar Mayores Tarifas Eléctricas por Conservar el Alto Bio Bio
(Porcentaje de Encuestados)
Pago adicional (Pesos de 1996) Estrato Bajos Ingresos Estrato Ingresos Medios Estratos Ingresos Altos 3000 0 3 12 1000 0 35 35 500 12 22 29 100 63 20 12 No dispuesto a pagar 25 20 12 Una extrapolación y estimación gruesa para el país a través de los antecedentes de distribución del ingreso de la Encuesta CASEN 1994 muestra que las familias chilenas estarían dispuestas a pagar, en valor presente neto para un período de 36 años, entre US$167 y US$393 millones por conservar el Alto Bio Bio, dependiendo de la tasa de descuento que se escoja. Ello equivale a un porcentaje que oscila gruesamente entre el 30 y 80 por ciento de la inversión directa del proyecto, por lo que la rentabilidad del mismo debería concentrarse en torno a estas magnitudes para poder pagar las compensaciones sociales establecidas por este método.
ii) Valor del Costo de Oportunidad de la Producción Agrícola, Pecuaria y Silvícola de las Comunidades Mapuche-Pehuenches Afectadas.
Según los antecedentes entregados en el EIA, el embalse y obras de la represa significarán una pérdida de 348,5 hectáreas en Quepuca-Ralco y 289,6 hectáreas en Raleo-Lepoy. Adicionalmente, cerca de 100 hectáreas de Quepuca-Ralco se perderían por la presencia de los tendidos eléctricos del proyecto.
Los precios entregados en el EIA para tales hectáreas oscilan entre US$23,5 has. y US$847 (a un tipo de cambio de $425 por dólar). No obstante, consultados 8 corredores de propiedades, los precios por hectáreas de fundos cordilleranos de similares características a los que actualmente ocupan las comunidades afectadas, oscilan entre US$392 l)hasta US$ 1300. En estos valores no se consideran características específicas al sitio, como su capacidad de producción de energía hidroeléctrica, sus recursos turísticos y ambientales, etc.
Por otro lado, obviando las consideraciones tecnológicas, culturales y ambientales, la provisión de un ingreso mínimo mensual para las 76 familias mapuche-pehuenches que supuestamente serían reasentadas supondría contar con un stock de recursos en el banco cuyos intereses permitieran financiar tal consumo. Suponiendo un valor del dolar de $ 425, un ingreso mínimo familiar ajustado por costos de transacción en la zona de US$200, y llevado a valor actual en dólares, con una tasa de descuento de 10 por ciento anual real y un horizonte infinito, esto supondría un stock de US$1,84 millones en el banco, en manos de los pehuenches.
Ahora bien, utilizando los datos del propio EIA sobre recursos forestales existentes en el área de inundación, faenas y tendidos eléctricos del proyecto que afectan a las comunidades indígenas, se llega a la conclusión de que un comprador privado que deseara adquirir tales tierras para reconversión forestal, plantando especies exóticas en el lugar debería pagar entre US$12,37 y US$22,42 por los terrenos afectados, dependiendo de las productividades forestales que sc asuman en cada caso.
En otras palabras, una licitación internacional abierta podría ser más rentable para las familias mapuche-pehuenche afectadas, que aceptar la actual oferta de compensaciones que realiza la empresa, cuando se considera estrictamente el valor forestal de los suelos. En tal forma las comunidades podrían obtener un excedente neto, fuera de costear la subsistencia, cercano que oscilaría entre US$ 10,5 y US$ 20,62 millones. Por otro lado, si la renta económica del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco fuera superior a estas cantidades, los márgenes de negociación podrían ser aún mayores.
Por su parte, la valoración del costo de oportunidad de las actividades turísticas acuáticas que se perderían por la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco, en una proyección a 36 años, considerando las actuales tasas de crecimiento de la actividad en el Alto Bio Bio, cercanas al 25 por ciento anual, y el costo medio de servicios que se relacionan con el turismo, que ascienden a valores entre los US$500 y US$800 por visitante, condujeron a estimar las pérdidas para las economías locales del fin de tales actividades. Para tale efectos se castigó el crecimiento y los ingresos por servicios fuertemente y se llegó a cifras en el rango de los US$ 5,54 y US$ 29,71 millones en un escenario de crecimiento pesimista y entre US$29,71 y US$148,8 millones en otro optimista.
En cuanto al costo de oportunidad del uso turístico que podrían darse a los terrenos inundados de las comunidades indígenas, en tanto parques privados, el estudio arrojó cifras que oscilan, en el peor de los casos, utilizando el método de costo de viaje, entre US$5,55 y US$9,17 millones. Para el área de inundación del proyecto tales cifras ascienden a US$22,74 y US$37,56.
El estudio, por razones de costos y recursos, no alcanzó a dimensionar otros valores que deberían haber estado presentes en la evaluación. No obstante, creemos que las presentes cifras arrojan amplias luces respecto a la calidad del plan de compensaciones propuesto por ENDESA S.A. Más aún, cuando no hay referencias explícitas a compensaciones estrictamente ecológicas u otras de carácter contingente, derivados de los riesgos propios del proyecto y que en muchos casos mundiales se materializan en la forma de suscripción de pólizas de garantías u otro sistema de seguros.
Como se indicó, la existencia de otras alternativas energéticas a costos comparables hacen irrecomendable el proyecto, a la luz de sus importantes costos socioeconómicos y ambientales.
c. Del punto 5.4.3. sobre "Compensación Global a las Comunidades Pehuenches".
No se presenta informe que permita evaluar globalmente el accionar de la Fundación Pehuén, indicando también la percepción que tiene la población de su labor, qué tipos de programa se han implementado y cuáles han sido los resultados alcanzados. No se explicita porqué se cambia de opinión en el Addendum y se propone la creación una nueva fundación, independiente de ENDESA S.A.
Incorporaremos algunos antecedentes al respecto, extraídos del informe del Banco Mundial:
i) La inversión pública en el Alto BioBlo ha cuadruplicado a aquella movilizada por tal institución y que comprende un 25 por ciento de cofinanciamiento de las propios mapuche pehuenches.
ii) Cerca del 50 por ciento de los gastos auditados de la Fundación Pehuén corresponden a gastos de administración.
iii) Entre 1988 y 1994 entre US$3 y US$18 millones habrían sido extraídos de las tierras de las comunidades de Alto Bio Bio por concepto de madereo, sin reforestación correspondiente, y desde 1991 la tasa de deforestación habría oscilado entre 1,3 y 8,5 por ciento anual, siendo inaceptablemente alta. Comparada con tales cifras, el presupuesto de mitigaciones propuesto en el caso de la Fundación Pangue (US$150 mil) y en la nueva fundación de desarrollo pehuenche propuesta por ENDESA S.A. (US$ 150 mil por cinco años) aparece como poco serio. La inversión en forestación, por su parte, ha sido prácticamente nula.
iv) El 20 por ciento de las familias indígenas de las comunidades de Quepuca-Ralco, Pitril y Callaqui han capturado cerca del 50 por ciento de los beneficios de la Fundación Pehuén.
v) Disponiendo de la vasta red de expertos en desarrollo indígena del Banco Mundial y otros organismos relacionados y existiendo un acuerdo en orden a incorporar al menos un especialista en el directorio de la Fundación Pehuén, ésta no ha concretado tal iniciativa, descansando en personas no aptas para la situación que se vive en el Alto Bio Bio.
v. Opinión Global sobre el Plan de Relocalización propuesto en el Addendum al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.Sobre los aspectos jurídicos
La tesis de las permutas y servidumbres
ENDESA vuelve a insistir, aunque con mayor claridad en la tesis de la permuta y las servidumbres. Siendo explícita la afectación de las casas-habitaciones de las familias y pudiendo deducirse que se comprometen terrenos necesarios para la subsistencia, se debe señalar que expresamente la CONADI no está autorizada legalmente para autorizar servidumbres en tales condiciones. Para el caso de predios comunitarios afectados, ni siquiera la permuta es aplicable, situación que afecta a 9 predios comunitarios. Por lo anterior, se debe declarar abiertamente la ilegalidad del proyecto.
Por si esto no fuera suficiente, el acuerdo del Consejo Nacional de la CONADI de junio de 1996 estableció la prohibición para que se autorizará cualquier permuta para los fines de la Central Hidroeléctrica Ralco, basándose en el artículo lº y 36º de la Ley Indígena. Como instancia resolutiva máxima de la CONADI, el Consejo Nacional ha fijado a través de este acto su posición y la de la Corporación en su conjunto.
Luego, el único camino que le queda a ENDESA es recurrir al uso de las disposiciones del DFL N0 1 de 1980 e intentar imponer legalmente una servidumbre sobre las tierras de su interés, sea para inundarías o para instalar obras del proyecto.
No obstante, en tales condiciones, la CONADI o los indígenas se verán legalmente impulsados a recurrir a la justicia, invocando el carácter especial de la Ley Indígena: "Las tierras a que se refiere al artículo precedente, por exigirlo el interés general de la nación, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción. salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia". Este rango legal de la Ley Indígena es superior al del DFL N01, que sólo resulta de utilidad pública. Adicionalmente, como la propia ENDESA S.A. lo sugiere en las actas suscritas conjuntamente con la CONAMA, siendo la Ley Indígena posterior al DFL N0 1, tácitamente se pueden entender como derogadas aquellas normas que entren con contradicción con ella, según los artículos 520 y 530 del Código Civil.
Lo anterior se fundamenta tanto en e] mandato específico consagrado en el artículo 39º, letra d) y e), de la Ley Indígena, respecto a que corresponderá a la CONADI "asumir, cuando así se solicite, la defensa jurídica de los indígenas y sus comunidades en conflictos sobre tierras y aguas" y "velar por la protección de las tierras indígenas a través de los mecanismos que establece esta ley"; como también en el mandato general que establecen los artículos 1º, inciso tercero, y 39º, inciso primero, de la misma Ley Indígena. Adicionalmente, cualquier indígena afectado como tal, sin que medie la acción de la CONADI podrá impugnar todo acto que se haya celebrado en contravención a la Ley Indígena.
La tesis que se deja entrever en la proposición y accionar abierto de ENDESA S.A., de acordar permutas junto a traslados individuales y luego presentar los predios como hijuelas sin casa-habitación o no necesarios para la subsistencia, no amerita la entrega de una autorización sino la declaración judicial de nulidad absoluta de la transacción, que puede ser solicitada por cualquier indígena en cualquier momento posterior a la relocalización (por ejemplo, si no se declara satisfecho con las nuevas condiciones de vida), como también por la CONADI, en virtud del mandato general que le confiere la Ley Indígena.
La tesis respecto a los cementerios de uso actual
La proposición de ENDESA S.A., a través de los consultores contratados, de "conservar" y "bajo agua" los cementerios de uso actual, si bien permite obviar el tema del consentimiento expreso de las familias para la realización de excavaciones, coloca a la empresa en la necesidad de hacerse responsable tanto por los impactos presentes como por las contingencias futuras respecto a tales sitios.
En ninguna parte del país se observa que los cementenos en uso sean expropiados para construir conjuntos residenciales y luego se declaren "en conservación bajo tierra". Precisamente, lo que define a un cementerio como tal no es la inmersión bajo tierra, si no la posibilidad del contacto de los vivientes, a través de un espacio habilitado para ello, con los restos de los difuntos.
En el estudio, no hay referencia a los impactos psicológicos y simbólicos de esta situación. La experiencia de miles de familias chilenas en relación a la desaparición de sus familiares y la imposibilidad de darles sepultura, durante el anterior régimen, debería mover a la reflexión sobre el punto.
La proposición de establecer una capa de cemento líquido protector, para que en 100 años más, cuando la represa cese su uso, puedan ser recuperados como restos de interés arqueológico, a través de complejas y promisorias técnicas submarinas, no se hace cargo de la posibilidad de daño que pudieran sufrir tales restos, ni del costo futuro tales acciones de rescate. Ni siquiera se acredita en el informe dónde ha sido utilizada tal técnica y con qué resultados, que resulta lo mínimo que se podría pedir en este caso.
b. Sobre el análisis etnográfico
Sobre Ralco como única opción de desarrollo
El análisis toma por un hecho lo que debería ser una mera hipótesis de trabajo: el reasentamiento. Se parte con una afirmación descontextualizada sobre las necesidades del desarrollo y la imposición de los intereses de las mayorías sobre los particulares.
En primer lugar, el análisis debería asumir que la Ley Indígena fue la respuesta del Estado y la sociedad chilena a los "efectos del desarrollo" y, en tal modo, ha establecido el interés general de la nación sobre el privado. En segundo lugar, se puede demostrar que hay alternativas socialmente más eficientes que el Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco para producir electricidad, por lo que los intereses de la empresa no tienen necesariamente correspondencia, en este caso, con los de la sociedad chilena en su conjunto.
La opción no es Ralco o el abandono, tal como fue planteado. Las familias pehuenches tienen en la Ley Indígena una real posibilidad de desarrollo.
Durante 1997, siguiendo con la tendencia, el Estado invertirá más de cuatro veces lo que aporta la Fundación Pehuén. Según los antecedentes que maneja CONADI, al menos $100 millones serán invertidos en servicios de desarrollo tecnológico agropecuario y la propia Corporación colocará cerca de $60 millones adicionales en fortalecimiento de la organización mapuche-pehuenche, capacitación e infraestructura social y productiva, además de mantener las negociaciones tendentes a la adquisición del predio "El Avellano" y el estudio formal de una propuesta para la compra del fundo "El Barco" como veranada, como complemento a los recursos de la Reserva Nacional Ralco, por parte de las familias mapuche-pehuenches.
Con el decreto de declaración de Área de Desarrollo Indígena del Alto Bio Bio, que se firmará durante marzo del presente año, se espera para 1998 un sustantivo incremento de los recursos públicos.
Lo anterior, sin necesidad de que las familias deban sufrir las pérdidas patrimoniales de todo orden que significa la relocalización.
Claramente, las aspiraciones mapuche-pehuenches han sido planteadas en un contexto de negociación, donde la incertidumbre respecto al futuro llevará siempre a adoptar una política de respuestas ambiguas y condicionales a las ofertas que les sean formuladas. Es lo mínimo que podría esperarse de una situación de subsistencia, en que cualquier cambio amenaza la integridad física misma de las personas.
Sobre las recomendaciones para un plan de desarrollo.
Las recomendaciones formuladas en el análisis etnográfico deberían ser recontextualizadas y asumidas por la propia ENDESA S.A.
En efecto, ENDESA S.A. se encuentra atentando contra la posibilidad que los indígenas puedan disponer de más y mejores tierras; de que puedan controlar social y culturalmente las inversiones y el empleo en la zona; de que puedan alcanzar una mayor apropiación de su universo simbólico; de que puedan fortalecer relaciones entre comunidades e indígenas migrantes.
En cuanto al respeto de los liderazgos y estructura decisional tradicionales, ha sido la propia ENDESA S.A. quien ha levantado liderazgos nuevos, alternativos a los caciques, a través de la intervención de la Fundación Pehuén y sus contratistas.
En síntesis, en todos y cada uno de los aspectos tocados por el análisis etnográfico y bajo la óptica del informe del Banco Mundial sobre la Fundación Pangue, es. la propia actuación de ENDESA S.A. en relación al Proyecto Central Hidroeléctrica Pangue y Ralco, un principal obstáculo para un proceso de desarrollo indígena en la zona. Su política de autoaislamiento es insostenible.
Al mismo tiempo se deben rechazar categóricamente las críticas establecidas en el Addendum, hacia la Ley Indígena y la CONADI, en términos que harían implícitamente del indígena un "ciudadano de segunda clase, en la medida que no le permite transar sus bienes sin una autorización de la autoridad estatal, considerándolo inapto para asumir de manera adulta sus decisiones económicas". Tal aseveración no guarda relación alguna con la gruesa y documentada historia de "usurpaciones legales" que han sufrido los indígenas, a manos de normas jurídicas que desconocen. Tampoco guardan sentido con el hecho públicamente evidente que el Consejo Nacional de la CONADI cuenta con representantes indígenas electos por las propias comunidades.
Por el contrario, los indígenas pueden transar como cualquier ciudadano sus bienes y, a través de la ley indicada, los indígenas están plenamente facultados para transar entre ellos sus tierras, contando con un mecanismo especial para hacer tratos con no indígenas, en condiciones calificadas.
Es precisamente gracias a estas disposiciones que ENDESA S.A. se encuentra con la necesidad de demostrarle a la sociedad chilena, que desea realizar una transacción justa con los mapuche-pehuenches.
En otro aspecto, el alcance de la responsabilidad de ENDESA S.A. sobre los impactos que se generarán en el Alto Bio Bio, no se condicen con los datos citados sobre el caso de la anterior represa. Nuevamente se pretende aplicar la formula de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, dejándole al Estado la responsabilidad por lo último. El Informe Consolidado pide que se consideren los impactos en el área de influencia indirecta del proyecto y los efectos acumulativos y sinérgicos con otros proyectos. Por lo menos habría que hacer referencia a la mayor actividad extractiva forestal derivada de la apertura de al menos 30 kilómetros de nuevos caminos en la cuenca; la presión inmobiliaria sobre el borde del lago artificial de la eventual represa, y los conflictos a que se exponen las tierras de los mapuche-pehuenches debido a los US$ 11,3 millones de proyectos de inversión turística catastrados por la Universidad del Bio Bio para la zona; la futura Central LIanquén, proyectada por ENDESA S.A. aguas arriba de donde se pretende establecer la actual Central Ralco y el desplazamiento de un contingente cercano a 2.000 trabajadores en tal dirección; y el desarrollo de las pertenencias mineras inscritas por empresas privadas en la misma zona.
c. Sobre el Plan de Relocalización
La falta de información fidedigna caracteriza el conjunto del Plan de Relocalización. Aspectos críticos como la capacidad de uso del suelo y el clima imperante en cada zona y su impacto caso a caso en la determinación de las condiciones de los sistemas productivos mapuche-pehuenches, no son abordados con el detalle que requiere una decisión que puede poner en riesgo la integridad de personas, que ya se encuentran en condiciones precarias.
La metodología de valorización propuesta oscurece antes que aclara el asunto, haciendo aparecer el valor de las tierras pehuenches a precio de avalúo fiscal, en pesos, y el presupuesto de las compensaciones a precios de mercado, en dólares.
La determinación parcial de impactos, los efectos acumulativos no considerados y las medidas de compensación orientadas hacia el corto plazo, permiten preveer una brusca caída de los ingresos familiares al año cuarto, cuando termine el Plan de Asistencia de Continuidad y el empleo en la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco. El peso de la situación recaerá entonces en el sector público, quien deberá hacerse cargo de familias empobrecidas y cuyos recursos naturales presentarán otras características productivas, sin duda más deterioradas.
Por otro lado, siguiendo las regularidades observadas en casos de erradicaciones de población para facilitar proyectos hidroeléctricos y reasentamientos mal concebidos, la presión ambiental y económica sobre las tierras del borde del lago, originadas la pérdida de los suelos agrícolas planos del lugar, se vuelven rápidamente insostenibles para la viabilidad misma de las represas. La actividad forestal que se desencadena como estrategia de subsistencia, la deforestación y erosión consecuentes y la sedimentación del embalse culminan en presiones de reasentamiento mayores que las originalmente planeadas y en la declaración de los bordes del embalse como áreas protegidas. ¿Está pensando ENDESA S.A. en ello cuando propone una "reserva" bajo los 900 m.s.n.m, como medida de compensación por las 3000 has. de bosque nativo inundado?
Por su parte, los $300 millones comprometidos por ENDESA S.A. para la creación de otra fundación, en cinco cuotas anuales y reservándose el derecho a veto en la misma, no alcanza para cubrir responsabilidades contingentes, hacia el futuro. En la actualidad, ya en el proyecto Pangue se está encarando una compleja situación con familias que ocupan el fundo "El Avellano", donde se prevee la necesidad de un reasentamiento, no previsto inicialmente en los estudios de la empresa.
El propio informe del Banco Mundial sobre la Fundación Pehuén deja en muy mal pie tal opción institucional para plantearse como solución. Tal vez allí radique el motivo del cambio propuesto por ENDESA S.A. respecto a una "nueva fundación de desarrollo pehuenche". La situación no sólo habla de las deficiencias financieras si no que, en un plano más profundo, trata de las enormes dificultades de regular procesos de intervención, cuando éstos se desatan en forma intempestiva y no existen capacidades técnicas ni institucionales para manejarlos ¿Que significa fortalecer la fiscalización forestal en la zona? ¿Cuantos esfuerzos deben desplegarse para manejar una cuenca tan compleja? ¿Quién es capaz de prever todos los efectos del caso?
d. Sobre la "manifestación de intenciones" de los mapuche-pehuenches
Finalmente, corresponde hacer mención a las cartas de intención presentadas en el Addendum. A juzgar por la caligrafía, no sólo se destaca inmediatamente la autoría de unas pocas manos en su redacción. El propio Addendum reseña la alta tasa de analfabetismo existente en la zona, cercano al 50 por ciento para los mayores de 14 años y especialmente agudo en las persona mayores de 36 años, con casi 70 por ciento, según la misma fuente citada.
Al respecto, nos limitamos a traducir y transcribir un recuadro del informe del Banco Mundial sobre la Fundación Pehuén
"Cuadro 1. ¿Fueron los exámenes médicos transados por firmas en apoyo de la empresa?
En octubre de 1992, una controversia se generó entre Pangue y sus críticos sobre si los pehuenches apoyaban o se oponían al Proyecto Pangue. La inversión estaba caminando antes que el Directorio de la IFC, en semanas. Los pehuenches habían elegido un "Cacique Mayor't siete meses antes y las demandas estaban siendo en viadas a la IFC estableciendo su oposición al proyecto. La presencia de Pangue en terreno estaba limitada a 4 personas, íncluyendo un empleado de Pangue quien estaba reclutando iii miembros para la Fundación. La Fundación inició un monitoreo de tuberculosis para la totalidad de las siete comunidades en el Alto Bio Bio en colaboración con instituciones gubernamentales. El personal de la Fundación encaró una compleja tarea logística requiriendo el transporte de sobre mil personas desde sus comunidades al Ralco. Dos semanas antes del examen, Pangue requirió (asked) al personal para acompañar a un notario para recoger firmas en favor del proyecto. Durante tales encuentros, los pehuenches recordaron (recall) el anuncio de la Fundación anunciando el examen de TD (tuberculosis]. Casi ninguno conocía que significaba "TD". Algunos firmaron la petición creyendo que ellos estaban cambiando su apoyo para la represa por un examen médico aun cuando las hojas firmadas no decían nada de tal orden [of tire sort). Sin embargo muchas personas no podían leer, incrementando los malentendidos. Si ellos actualmente cambiaron firmas en apoyo a la represa Pangue por un examen médico general es menos importante que ellos en los hechos piensan que lo hicieron. Tres años después, una mujer pehuenche agarrando su crónicamente debilitado brazo explicó lo que ella pensaba que sucedía. La Fundación "nos acarreó en camiones como borregos, nos desvistió de la cintura para arriba. Yo les mostré mi brazo y no he visto los resultados aún". Debido a una falta ajena a la Fundación, los resultados del TB llegaron tarde, los 5 casos positivos de los 1OOO fueron inmediatamente remitidos".
e. Proceso de Divulgación y Consulta a los Afectados.
En relación al documento denominado "Divulgación y Consulta a los Afectados", nos parece poco serio el tratamiento de las personas afectadas. Después de más de un año de "consulta con las comunidades" no se puede llegar a constatar en el proceso mismo de consulta que existían dos casos nuevos y que según la "topografía de detalle", que no fue entregada como se pidió, aparezcan 4 predios que habían sido considerado como afectados y que no lo estarían. No habiendo ingresado por la oficina de partes de CONADI a la fecha ninguna solicitud de permuta o gravamen, el documento adolesce de relevancia para efectos de la opinión institucional.
05. A modo de conclusión, los antecedentes expuestos ameritan nuestra recomendación de rechazar en su integridad el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, en virtud de no dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Bases del Medio Ambiente y del articulo 1ºy 13º de la Ley Indígena. Es decir, en virtud de tratarse de un proyecto ilegal en el cual no puede comprometerse al Estado.
06. Finalmente, a modo de comentario, la CONADI considera que el documento denominado "Informe del Panel de Profesionales sobre cl Plan de Relocalización de Familias Pehuenches de las' Comunidades Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy", adolece de profundidad. Adicionalmente, por omisión, el citado informe perjudica a un conjunto de personas aludidas expresamente como "consultadas", muchas de ellas connotadas colaboradoras de la institución y de los pueblos indígenas de Chile, que en reiteradas ocasiones y públicamente han manifestado su rechazo al proyecto de ENDESA S.A. y cuyas opiniones no son expresamente recogidas por el citado informe. Positivamente, creemos que ello se solucionaría si aparecieran expresamente los nombres de los autores, junto a sus firmas, se explicitaran las opiniones desfavorables manifestadas en torno a la propuesta y se iniciara el documento con las tradicionales delimitaciones de responsabilidad que caben en estos casos.
Sin otro particular, le saluda atentamente
Mauricio Huenchulaf Cayuqueo - Director Nacional CONADI
Anexos al oficio:Mapa "Proyecto Hidroeléctrico Alto Bio Bio"
Mapa "Concesiones Mineras Constituidas y en Trámite"
Mapa "Tierras Indígenas Comprometidas con Concesiones Mineras en Trámite"
Mapa "Tierras Indígenas Comprometidas con Concesiones Mineras Constituidas"
Mapa "Circuitos y Proyectos Turísticos" en Alto Bio Bio
Mapa "Propiedad del Suelo" en Alto Bio Bio
Fichas de Proyectos de Inversión Turística en Alto Bio Bio
(Nota de Edición: los mapas no aparecen en esta edición electrónica)
Dist.:
-La indicada
-Sra. Adriana Delpiano P. Ministra de Bienes Nacionales
-Sr. Ricardo Lagos E. Ministro de Obras Públicas
-Sr. Alex Figueroa M. Ministro de Salud
-Sr. Edmundo Hermosilla H. Ministro de Vivienda y Urbanismo
·Sr. Benjamín Teplizky L. Ministro de Minería
-Sr. Roberto Pizarro H. Ministro de Planilicación y Cooperación-
-Sr. Alejandro Jadresie Nl. Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía
-Sr. Martín Zilic. Intendente Región del Bio Bio
-Sr. Oscar Elit S. Intendente Región de La Araucanía
-Sr. Juan Coronata S. Gobernador Provincial de Bio Bio
-Sr. Roberto Parant P. Gobernador Provincial de Malleco
-Sr. Juan Manuel Cruz S. Subsecretario de Pesca
-Sr. Juan Rusque A. Director del Servicio Nacional de Pesca
-Sr. Cesar Gómez V. Director del Servicio Nacional de Turismo
-Sr. José Prado D. Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal
-Sr. Antonio Yacksic S. Director del Servicio Agrícola y Ganadero
-Sr. Ricardo Troncoso S. Director del Servicio Nacional de Geología y Minería
-Sr. Carlos Fúrche G. Director de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
-Sr. Juan Saldivia M. Superintendente de Servicios Sanitarios
-Sr. Juan Pablo Lorenzini P. Superintendente de Electricidad y Combustibles
-Sra. Marta Cruz-Coke. Vicepresidenta Ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales
-Sr. René Correa H. Alcalde de la I. Municipalidad de Santa Bárbara
-Sr. Rolando Tirapegui M. Alcalde de la I. Municipalidad de Quilaco
-Sr. Guido Barría. Alcalde de la I. Municipalidad de Lonquimay
-Sr. Antonio Saldías. Jefe de la UTMA del Ministerio de Obras Públicas
-Sr. Bolivar Ruiz S. Director Regional de CONAMA Región del Bio Bio
-Sr. Víctor Durán. Director Regional de CONAMA Región de La Araucanfa
-Sr. Luis Huincaclie. Director Regional de CONADI Región del Bio Bio
-Sr. Víctor Hugo Painemal. Subdirector Zona Sur de CONADI.
-Sr. Luis Cáceres. Jefe de Departamento de Desarrollo de CONADI (I)
-Sra Angelica Celis. Jefe de Unidad de Estudios y Planificación de CONADI
-Sra. Fresia Manquilef. Jefe de Unidad de Educación y Cultura de CONADI
-Sr. Nepomuseno Paillalef. Jefe de Departamento de Tierras y Aguas de CONADI.
-Sr. Nelson Zúniga. Fiscal de CONADI
Sres. Consejeros Nacionales de CONADI.
Partes y archivo
UNIVERSIDAD EL BIO-BIO - CORFO
FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSION
El siguiente es un resumen de los proyectos de inversión privados identificados:
PROYECTO Nº INVERSION TOTAL INVERSION (en miles de $) (en US$) Paradores Turísticos 5 4.500 c/u 60.000 Posada Campesina 76.100 202.933 Cabañas Rio Huequecura 168.490 449.307 Agencia Turismo St. Bárbara 15.600 41.600 Hotel Sta.Bárbara 240.000 640.000 Restaurante Sta. Bárbara 48.260 128.693 Cabañas (Sta.Bárbara a Raleo) 223.200 595.200 Hotel Ralco 180.000 480.000 Restaurante Ralco 40.900 109.067 Estac.Combustible Ralco 20.000 53.333 Camping (varios ríos) 21.700 57.867 Centro náutico 304.735 812.627 Hostería Lago Repr.Pangue 451.350 1.203.600 Hostería Termas Nitrao 231.162 616.432 Host. y Cab. Queuco y Biobio 144.927 386.472 Cabañas y camp. Rio Pangue 76.508 204.021 Centro invernal 1.958.486 5.222.629 Museo Pehuenche 43.000 114.667 Total Proyectos 22 U$$ 11.378.447
SANTA BARBARA- Proyectos Turisticos -26-
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO CORFO
NOTAS AL RESUMEN DE INVERSION Y A LA PRESENTACIÓN DE LOS PERFILES
1.- El resumen anterior contiene la presentación de todos los perfiles de proyectos sometidos a análisis
2.- Estos responden a dos categorías. Proyectos genéricos, posibles de implementar en varios lugares. Proyectos especificos, que por su naturaleza debieran ubicarse en lugares establecidos según futuros estudios de factibilidad.
4.-Los proyectos contienen estudios y.evaluación mediante Flujo de Caja VAN y TIR. Los Flujos de Caja se han estimado a 20 años. El VAN se calculó con una tasa descuento de 18%.
5.- Para el cálculo de los costos financieros se prepararon tablas de amortización, estimándose las respectivas cuotas de capital y cuota interés, usándose en ello una tasa de interés anual de 7,6% a 20 años.
6. - Dada su naturaleza (inversión externa, o bien de corto o largo plazo) algunos de los proyectos se encuentran valorados en moneda nacional, otros en dólares y otros en UF., lo cuál se indica en cada caso.
7.-La UF ha sido valorada en S 11.800
8.- Para el dólar se consideró un tipo de cambio de $ 375.
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