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Martín Villa y los nuevos corsarios de los mares del sur.
Endesa y las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en Chile.
Por Gregorio Dionis, Editor Equipo Nizkor
España es en este momento el segundo inversor extranjero en América Latina después de los Estados Unidos. Este hecho independientemente de la valoración de la calidad de los riesgos asumidos por cada empresa o bien por el estado español lleva a constatar que es necesario estar alerta ante el uso que los administradores de las sociedades españolas hacen de su poder en aquellos países donde los sectores de inversión coinciden con áreas estratégicas desde el punto de vista de los DESC.El fenómeno de la impunidad llevó al ECOSOC de Naciones Unidad a tratar este tema desde le punto de vista de los derechos civiles y políticos en el conocido como "Informe Joinet". Menos conocido es el Informe final sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos económicos, sociales y culturales), preparado por el Sr. El Hadji Guissé, Relator Especial, de conformidad con la resolución 1996/24 de la Subcomisión y que se presentó en el 49 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Este informe viene a cuento porque pone en evidencia los graves problemas que existen para que los delitos derivados de estas violaciones sean asumidos por la legislación nacional e internacional. Las maniobras especulativas, la ingeniería financiera de los departamentos de tesorería de las grandes multinacionales, los delitos ecológicos, el desconocimientos de los derechos culturales de los pueblos indígenas, etc. son múltiples ejemplos de este tipo de impunidad.
Desde 1995 se viene produciendo este fenómeno entre la empresa ENDESA, los socios locales en Chile y los derechos culturales del patrimonio de los Mapuches-Pehuenches en una zona de alto valor ecológico y cultural como son los Altos del Bio Bio en el sur de Chile.
ENDESA ha realizado una serie de operaciones de ingeniería financiera para minimizar sus riesgos de inversión en Chile y, posiblemente, se ajusten a derechos y sea difícil probar que el dinero que compró las acciones de Enersis en Chile provenga de Endesa y no de una filial en algún paraíso fiscal. Pero nada de eso quita la responsabilidad ética de todos los altos ejecutivos de esa empresa que desde hace años vienen planificando las inversiones en América Latina.
Endesa llegó a un acuerdo financiero con un grupo chileno que representa los más oscuros intereses de la dictadura de Pinochet. Y cuando decimos oscuros es simplemente por utilizar una palabra simbólica. La mayoría de las actuaciones de los distintos "hijos de Pinochet" los hubieran llevado a la cárcel en una país tan poco sospechoso como Estados Unidos. Han utilizado todos los resortes de la ingeniería financiera para desvalijar el patrimonio del estado chileno.
La estrategia utilizada es muy simple porque parte del uso del poder del Estado y no del riesgo empresarial. Primero crearon los fondos de pensiones para los trabajadores (auténtico timo de la estampita realizado por el Estado). Como segundo paso se nombraron administradores fiduciarios de estos fondos y como tercer paso procedieron a comprar empresas públicas con los fondos líquidos obtenidos de las pensiones. La consecuencia fue que el estado perdió su patrimonio y que estos gestores del aparato financiero pinochetista aparecían en múltiples sociedades donde se hacían cargo de toda la gestión de esas sociedades y a su vez adquirían pequeños paquetes de acciones de carácter instrumental, única manera de poder participar legalmente en las juntas de accionistas.
La última etapa de esta operación de ingeniería financiera se completó con la entrada de los capitales extranjeros (en este caso ENDESA) y lo que podríamos llamar la segunda privatización. Esta vez las empresas ya privatizadas y en manos de estos nuevos capitanes de las finanzas pinochetistas procedían a vender las sociedades con métodos ortodoxos tipo OPA o con métodos dignos de Meyer Lanski uno de los maestros financieros de los militares chilenos en sus buenas épocas.
A los miles de pequeños accionistas que habían comprado acciones y a los fondos de pensiones se les pagaba un precio tasado que para simplificar vamos a suponer de 100 pesetas la acción. Estos pequeños accionistas vendían sus acciones. Pero los "hijos de Pinochet" que poseían cantidades irrisorias de capital pero controlaban la gestión llegaba a un acuerdo con la empresa extranjera de la segunda privatización y vendían sus acciones a 700 o 1000 pesetas, única manera de que tuviera "sentido práctico" la operación de estafa.
Claro que la empresa extranjera consciente de los riesgos penales de la estafa, suele pagar estas operaciones mediante falsas operaciones de constitución de empresas o creando filiales sin aparente control desde la central, etc. utilizando para ello las mismas técnicas que usan las organizaciones mafiosas para lavar el dinero obtenido ilegalmente.
De esto es lo que acusa la Fiscalía del Estado de Chile a los administradores de Enersis (nombre de la filial de ENDESA en Chile). El juez que se encarga del procedimiento ha citado a declarar a Martín Villa en su carácter de presidente del consejo de administración de esta empresa española que se encuentra, a su vez, en la última etapa de su período de privatización.
La justicia determinara, eso esperamos, las responsabilidades de cada cual. Pero no cabe duda que un estado no puede, ni debe permitir que sus empresarios participen de este tipo de operaciones. Es allí dónde el informe sobre la impunidad en los DESC recobra toda su importancia.
El relator especial sobre este tipo de impunidad expresa:
- 131. Las violaciones cometidas por las empresas transnacionales en sus principales actividades transfronterizas no se encuentran dentro de la competencia de un único Estado y, para prevenir las contradicciones e ineficacia en los remedios y sanciones decididas por los Estados de forma individual o en grupo, estas violaciones deberían ser objeto de una atención especial. Los Estados y la comunidad internacional deben combinar sus esfuerzos para contener tales actividades mediante el establecimiento de las normas legales que hagan posible alcanzar este objetivo. Sucede lo mismo en cuanto al saqueo del patrimonio cultural de los pueblos y países del tercer mundo. Hasta hace muy poco tiempo, sólo los Estados estaban sujetos a la ley internacional, pero los individuos y los grupos de individuos pueden, ahora, tomar acciones legales o ser requeridos ante las autoridades internacionales para responder de sus actividades. La comunidad internacional debe establecer un marco legal que haga posible tomar acciones, con alguna esperanza de éxito, para reparar o castigar, un marco que sería apoyado por el principio de jurisdicción universal. Para lograr este objetivo con mayor efectividad, la comunidad internacional debe obtener de los Estados el compromiso de incluir en su legislación nacional, y en su totalidad, las normas internacionales relativas a los derechos humanos, al tiempo que respeten sus obligaciones internacionales.
- 132. Tanto bajo la ley nacional como internacional, un acto que viole los derechos de un individuo o un grupo hace responsable al autor. Los actos jurídicos que originan las obligaciones de las que se deriva la responsabilidad de un sujeto de derecho (un individuo o un Estado) están especificados por la ley. Es cierto que la responsabilidad del Estado es indiscutible en el derecho positivo. Tiene, aunque tardíamente, un ganado reconocimiento en el ámbito de la ley nacional, donde, por mucho tiempo, parecía virtualmente incompatible con una relación desequilibrada entre el Estado y sus sujetos. El Estado moderno realiza diversas actividades; algunas de las cuales son actos gubernamentales directamente relacionados con el ejercicio de su soberanía, mientras que otras son actividades empresariales que realiza como actividades privadas, sujetas a las normas del derecho privado. En tales casos, la responsabilidad del Estado puede verse involucrada en un caso de violación de los derechos de un individuo o un grupo. Los derechos económicos, sociales y culturales están, generalmente, conectados con una actividad económica y es, en este marco, donde son violados más frecuentemente.
- 133. La responsabilidad del Estado es total cuando las violaciones resultan del mal funcionamiento de los servicios públicos, sea cual sea la causa. El Estado no puede invocar ni su propia legislación ni la incompetencia o desobediencia de sus agentes para exonerarse de su responsabilidad, sean acciones gubernamentales o puramente administrativas. En relación con la conducta de los funcionarios estatales, la abundante jurisprudencia desde el Tribunal Internacional de Nuremberg indica que ninguna desobediencia a, o ejecución de, una orden claramente ilegal reduce en ningún caso la responsabilidad del Estado. Un Poder ocupante es responsable, bajo las Convenciones de Ginebra, de las violaciones cometidas en el territorio ocupado. El ejercicio de tales responsabilidades requiere un cierto grado de cooperación entre los Estados y la comunidad internacional.
El problema de los Mapuches.
Para completar el panorama existe otro conflicto entre Enersis (Endesa en Chile) y los Mapuches que ha merecido un declaración muy dura de la Asociación Americana de Antropología (USA) y en el último mes un artículo del prestigioso "New York Times".A esto hay que agregar todos los organismos chilenos de derechos humanos, de medio ambiente, de desarrollo sostenible, la universidades nacionales y cientos de organismos internacionales entre ellos un grupo de ongs españolas.
El conflicto es tan simple como que se quiere hacer una represa en un territorio que para los Mapuches tiene un alto valor antropológico y cultural. Por otro lado la represa exige el traslado de una serie de comuneros, algunos de los cuales, no están dispuestos a perder las tierras de sus antepasados.
Los "capitanes de Pinochet" en Enersis (Endesa Chile) continuaron la tarea emprendida por el dictador que aniquiló a las comunidades indígenas mapuches y les eliminó por la fuerza derechos que ni siquiera la conquista española había logra erradicar. Y eso que los mangas verdes utilizaban también lo que hoy llamarían "métodos directos".
Y aquí Endesa tiene obviamente una gran responsabilidad como socio mayoritario y como parte de la sociedad española. Responsabilidad que no ha sabido cumplir y por la que hay que exigirles responsabilidades a sus administradores.
El conflicto jurídico, social y ético en que han metido a Endesa no hace más que empezar y las fuerzas que los enfrentan a pesar de ser pequeñas están dispuestas a utilizar todos los mecanismos que la comunidad internacional posee.
Pero con ser todo esto muy escandaloso, lo es más el que se oculte sistemáticamente por parte de la prensa española. Salvo algún comentario hecho en los últimos tiempos sobre la citación por parte del juez chileno a Martín Villa, nadie ha considerado que estas cuestiones merecieran tratamiento informativo. En fin que lo que es noticioso para el New York Times no lo es para la prensa española. El nivel de manipulación de la información a que están llegadon los medios de prensa en nuestro país nos retrotrae a situaciones de las que ocurren en una república bananera.
Nota:
1) La plataforma de ongs españolas que están llevando adelante el tema de los mapuches tienen una pagina de información en Internet que permite seguir al día las aventuras y desventuras de nuestros nuevos corsarios en los mares del sur. Para ello basta ir ahttp://derechos.org/nizkor/espana/doc/endesa
2) El texto completo del "Informe sobre la impunidad de los violadores de los (DESC) derechos económicos y sociales" se encuentra disponible en:Versión oficial en inglés
http://www.unhchr.ch/html/menu4/subrep/97sc8.htm
Versión en español. Traducción no oficial de Nizkor.http://www.derechos.org/nizkor/impu/guisse.html
3) Este artículo ha sido editado en papel por la revista "Política" (Madrid, España) en su número del mes de septiembre de 1998.
Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor, en Madrid a 13 de septiembre de 1998.