Conflicto Biobío
Declaración de apoyo al Pueblo Mapuche contra la construcción de la presa Ralco en el Alto Bio Bio.
El Govern de les Illes Balears
El pueblo mapuche, gente de la tierra, constituye una de las naciones originarias de América con la que se encontraron los españoles cuando llegaron allí hace más de 500 años. Con una población cercana a 1.400.000 habitantes, los mapuches se concentran especialmente en las regiones VIII, IX i X de Chile, al sur del país. Hay otro núcleo que se concentra en la zona de la capital, Santiago, producto de las migraciones originadas por la falta de tierras.
La nación mapuche ha sufrido una política de desarraigo y asimilación que llegó a su punto extremo con la dictadura del general Pinochet. Durante este periodo se promulgaron los decretos 2568 y 2750 con la finalidad de eliminar las comunidades mapuches y su sistema de propiedad comunitaria de la tierra. Con la llegada de la democracia el nuevo gobierno y los pueblos originarios de Chile firmaron el Acuerdo de Nueva Imperial que tenía como objetivo legislar a favor del desarrollo de los pueblos indígenas y establecer nuevas formas de relación entre estas organizaciones y el Estado chileno. Los principales acuerdos se tradujeron en la promulgación de una Ley de protección de los pueblos indígenas, votada por unanimidad en el Congreso Nacional en el año 1994. La CONADI ( Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) fue creada con la misión de ejecutar y fiscalizar el cumplimiento de esta ley.
Los pehuenches son los indígenas mapuches que se concentran en la región del Bío Bío, una zona andina situada entre la VIII y la IX región del país. El río Bío Bío es uno de los más importantes de Chile. Con 400 Km. de longitud y una cuenca de 25 millones de hectáreas, es el segundo más caudaloso del país. El Alto Bío Bío transcurre por la cordillera de los Andes i el Bajo Bío Bío recorre el valle central, donde recibe el vertido de los residuos de industrias químicas, madereras, petroquímicas y pesqueras. La zona del Alto Bío Bío alberga hoy en día a siete comunidades pehuenches que han adaptado su sistema de vida a dos niveles de explotación: Hivernadas (zonas superiores a 600 m de altura sobre el nivel del mar, en las que viven seis o siete meses al año en la época de lluvias) y Estiajes ( zonas entre 900 y 1000 m donde viven en primavera y verano para mantener los rebaños y recoger el fruto del pehuén, la araucaria, del que los pehuenches obtienen una parte importante de su alimentación y de su mantenimiento económico)
En este contexto los pehuenches se encuentran amenazados por un megaproyecto de siete presas, una de las cuales, Pangue, ya funciona. La presa Ralco, que es la segunda que se ha previsto, está en proceso de construcción. La compañía eléctrica española ENDESA es quien lleva adelante este proyecto y quien ha presionado directamente a las familias pehuenches para que acepten las permutas de sus tierras. Según la Ley Indígena aprobada, basta que una familia se niegue a la permuta para que este proyecto no se pueda realizar. Hasta este momento de las 93 familias afectadas, la empresa ha conseguido la autorización de 83. No obstante, las obras de la presa ya se han iniciado.
La presa Ralco con una inversión estimada de 473 millones de dólares para la central y 12 millones de dólares para obras de conexión al sistema interconectado del país, generaría una media anual de 3.380 MGW, implicaría el desplazamiento de dos comunidades por la inundación de 683 ha de sus tierras y la desaparición de la forma de vida ancestral y propia del pueblo mapuche pehuenche.
El pueblo mapuche, conjuntamente con otros grupos ecologistas chilenos e internacionales, ha iniciado una campaña de movilizaciones y de denuncia contra la construcción de Ralco por los motivos antes expuestos y por las negativas consecuencias ambientales que provocará el embalse: desregulación del caudal natural del río, desecamiento de tramos, retención de los sólidos que constituyen una de las aportaciones de nutrientes al golfo de Araúco, una de las zonas pesqueras más importantes del país, alteración climática de la cuenca y de toda la actividad biológica, extinción de seis especies endémicas de peces, etc. Así mismo estudian denunciar a la empresa ENDESA por etnocidio, una de las formas de genocidio contempladas por la ley penal internacional.
La delegación mapuche que ahora visita les Illes Balears ha expuesto sus reivindicaciones ante representantes políticos y sociales, la ñaña Nicolasa Quintremán Calpan, que forma parte de la delegación, es una mapuche pehuenche directamente afectada por la construcción de Ralco y ha expresado de manera contundente su postura: " Digo no a Ralco, me sacarán muerta de allí". Firme defensora de sus derechos reconocidos en la Ley Indígena, ha viajado hasta aquí para pedir el apoyo de las instituciones en su lucha y presionar con mas fuerza a ENDESA y al gobierno chileno para que haga cumplir la ley.
El Govern de les Illes Balears, sensibilizado y comprometido con la protección de los derechos de los pueblos y las culturas amenazadas en su supervivencia, también quiere impulsar políticas que apunten hacia un desarrollo económico y social sostenible y compatible con la defensa de estos derechos reconocidos y al tiempo respetuosos con los valores ambientales que son patrimonio de todos.
En coherencia con este objetivo y ejerciendo el derecho a expresar su solidaridad con otros pueblos, el Consell de Govern, a propuesta del conseller de Treball i Benestar Social, hace la siguiente
DECLARACIÓN
:•El Govern de les Illes Balears expresa su solidaridad con el pueblo mapuche en su lucha por el reconocimiento de sus derechos como pueblo y por la preservación de sus tierras ancestrales.
•El Govern de les Illes Balears se manifiesta contra la construcción de la presa y la central hidroeléctrica Ralco, en el Alto Bío Bío, por el hecho de que provoca la desaparición de dos comunidades pehuenches.
•El Govern de les Illes Balears pide al grupo español ENDESA que tome la decisión de abandonar este proyecto.
•El Govern de les Illes Balears pide al Gobierno español que inste al Estado chileno a dar cumplimiento a la Ley Indígena vigente, y que en consecuencia no autorice este proyecto.
Finalmente el Govern de les Illes Balears trasladará esta declaración a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
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