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01jul10
PSOE y PP condenan a IU a las catacumbas con su reforma de la Ley Electoral
Ochocientos mil votos, diez diputados. Trescientos mil votos, seis diputados. Un millón de votos, dos diputados. No se trata de una adivinanza, sino de la representación en el Congreso de los Diputados de CiU, PNV e IU, respectivamente. La tercera fuerza política del país por número de votos es la sexta por escaños (ERC tiene 3), empatada con el BNG y CC, y va a seguir siendo así. Los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, con la ayuda de los nacionalistas, aprobaron ayer en la Comisión Constitucional del Congreso un dictamen con recomendaciones para reformar la Ley Electoral que ignora esta realidad y rechaza las modificaciones propuestas por IU para mejorar la proporcionalidad en la distribución de los escaños a partir de los votos logrados.
Gaspar Llamazares clamó en el desierto: "El actual sistema electoral configura parlamentos distintos de la voluntad popular y prima el bipartidismo. Es un escándalo y una vergüenza mantenerlo". Lo dijo con un tono de frustración, tras año y medio de trabajo en la subcomisión creada al efecto, que ha echado por tierra todas las sugerencias de IU, que lleva más de veinte años reclamando un sistema más justo de reparto de escaños. Ayer volvió a quedarse solo.
Las razones de las fuerzas mayoritarias para negarse a una reforma a fondo de la ley son obvias. PSOE y PP no están dispuestos a rebajar su cuota parlamentaria. Defienden el bipartidismo y se encuentran cómodos con una fórmula que garantiza su alternancia en el poder. Lo reconoció Txiki Benegas, portavoz socialista, para quien el actual sistema electoral "permite gobiernos estables, la alternancia y garantiza la presencia de las minorías".
Tampoco los nacionalistas tienen interés en modificar un sistema que les beneficia en sus territorios y les otorga una representación capaz de condicionar las formaciones de Gobierno cuando los partidos 'grandes' no consiguen la mayoría absoluta. CiU, con diez diputados, y PNV, con 6, podrían derribar al Gobierno si apoyaran una moción de censura del PP, o forzar un adelanto electoral si no apoyan los Presupuestos Generales del Estado para 2011, que comenzarán a negociarse tras el verano.
Rechazadas todas las propuestas
El dictamen no recoge ni una sola de las sugerencias formuladas por IU para conseguir una mayor equidad entre votos y escaños: aumentar de 350 a 400 el número de diputados (lo permite el artículo 68.1 de la Constitución); rebajar la representación mínima de las provincias de dos a un diputado (con la actual fórmula hay 102 escaños cautivos; dos por cada una de las 50 provincias y dos más por Ceuta y Melilla) o establecer una circunscripción autonómica; cambiar el sistema D´Hondt y crear una bolsa o fondo estatal único de votos que permita asignar los 50 escaños de más que tendría el nuevo Parlamento de manera proporcional.
"El sistema no distorsiona tanto su representación política. Con este sistema el PCE tuvo 22 diputados. Tal vez tengan un problema de otra índole: llevan ustedes perdiendo votos elección tras elección", le espetó Benegas a Llamazares, que antes había afirmado que no abordar esta reforma era tanto como "ilegalizar" a IU. Siendo ciertas las palabras de Benegas (IU obtuvo el 5,45% de votos y 8 escaños en los comicios de 2000; el 4,96% y 5 escaños en las de 2004, y el 3,77% y 2 escaños en 2008), no lo es menos que comicios tras comicios sigue siendo la tercera fuerza política del país, y que su número de votos (ha pedido en torno a 250.000 desde 2000 pero su suelo se mantiene en torno al millón) no se traduce en una representación acorde por la dispersión del mismo.
Objetivo: Batasuna
Descartada una reforma a fondo de la Ley Electoral, la atención del dictamen aprobado por la Comisión Constitucional se centró en los cambios legales que son necesarios para impedir que la izquierda abertzale esté presente en los comicios municipales y forales del próximo año si antes no condena la violencia. Si algo ha demostrado Batasuna a lo largo de su historia es una enorme imaginación para desplegar fórmulas que le permitieran sortear su ilegalización por la Ley de Partidos de 2002: plataformas y agrupaciones de electores, partidos de nueva creación o el recurso a otros ya existentes pero inactivos y, ahora, la posible incorporación de algunos de sus militantes a las listas de EA, con quien ha suscrito un acuerdo de colaboración política.
La Comisión propone que se anulen las listas de un partido legal que den cobijo a candidatos vinculados a la izquierda abertzale; la ampliación hasta una semana antes de los comicios del plazo para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presenten recursos contra candidaturas sospechosas, y crea la figura de la "incompatibilidad sobrevenida", por la que se le puede retirar el acta a cargos electos que hayan tomado posesión de su cargo si no hacen una condena explícita de la violencia.
[Fuente: El Confidencial, Madrid, 01jul10]
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