Equipo Nizkor - Declaración rechazando las opiniones públicas del diputado Ramón Jáuregui.

EQUIPO NIZKOR

Información

DERECHOS

29mar05

English
Declaración rechazando las opiniones públicas del diputado Ramón Jáuregui.

DECLARACIÓN PÚBLICA.
El pasado 6 de marzo de 2006 se publicó en el diario "El Periódico" de Barcelona un artículo titulado "Deudas de nuestra historia", firmado por Ramón Jáuregui Atondo, diputado por Álava del Grupo Parlamentario Socialista y que ostenta, entre otros cargos, el de portavoz de la Comisión Constitucional del Congreso.
El diputado Ramón Jáuregui ha sido designado en dos oportunidades por el Grupo Parlamentario Socialista para mantener sendas reuniones con relación a la cuestión de los crímenes franquistas y, especialmente, al documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", elaborado por el Equipo Nizkor.
Estos dos elementos causales son la condición necesaria para que hayamos decidido dar una respuesta pública al texto mencionado que, a nuestro entender, es una muestra de mala fe en su relación con las asociaciones firmantes.
Por todo ello queremos puntualizar:

1) El diputado Ramón Jáuregui en dicho artículo afirma textualmente "Aquí no podemos, ni debemos -añado yo-, levantar de un plumazo toda la seguridad jurídica de cuarenta años, anulando miles de sentencias, aunque nos conste a todos la ausencia de justicia y garantismo penal en esas resoluciones".
2) El diputado Ramón Jáuregui ,en cuando diputado, no puede desconocer los principios legales que son de obligatorio cumplimiento por los estados, todos los estados, y que incluso están recogidos en la actual constitución, dándose además la agravante de que el diputado Ramón Jáuregui es licenciado en derecho y abogado.
3) Considerar que la seguridad jurídica viene dada por el paso del tiempo y no por los bienes protegidos, en este caso las libertades civiles y los derechos humanos de todas las víctimas de un régimen ilegal en su esencia- y confirmada su ilegalidad por resoluciones de las Naciones Unidas-, es inadmisible y constituye un claro desprecio a todas las víctimas de dicho régimen fascista.
4) La nulidad de los juicios sumarísimos y de todos los procedimientos penales de similares características no significa destruir la "seguridad jurídica", sino devolver ésta a los descendientes de las víctimas. Un estado de derecho está obligado a anular los procedimientos en cuestión, no por la violación al debido proceso o del derecho a defensa, como afirma el diputado Ramón Jáuregui, sino por la nulidad absoluta consecuencia de la ilegalidad del régimen franquista, tanto desde el punto de vista del derecho interno, como del derecho internacional penal y del derecho internacional de los derechos humanos. Esta demanda es además concordante con la Disposición Derogatoria 3) de la Constitución vigente.
5) Las responsabilidades estatales por los crímenes cometidos por la dictadura franquista, desde el momento del golpe de estado hasta el fin del régimen, tienen continuidad en tanto en cuanto exista el Estado español, y esto, no por capricho maximalista de las demandas de las asociaciones, sino porque es un principio del derecho internacional, el cual el diputado Ramón Jáuregui no puede desconocer en cuanto diputado electo.
6) El diputado Ramón Jáuregui no puede desconocer, no sólo por su carácter de diputado electo, sino por ser licenciado en derecho, abogado y portavoz de la Comisión Constitucional, que los crímenes contra la humanidad han sido reconocidos por las más altas instancias judiciales del Estado, entre las que destaca el propio Tribunal Constitucional y por tanto incorporados con todas sus consecuencias al derecho interno.
Esto convierte su argumento de que las demandas de las asociaciones son "maximalistas" en fútil e ilegal, y en consecuencia, su pretensión de ser "equidistante" no es más que una ilegalidad, dado que frente a violaciones graves de la naturaleza propia de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, un diputado electo, que representa la voluntad popular, e independientemente del grupo parlamentario al que pertenezca, no tiene posibilidad de tomar dicha postura prescindente.
7) Ratificamos una vez más que lo que exigimos es el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y, como consecuencia, la reparación por parte del Estado de los daños producidos, sean éstos penales, civiles o administrativos. Para ello nos asiste el derecho y la propia Constitución Española.
8) No nos negamos a que exista un reconocimiento moral de las víctimas, a que se realicen actos de los denominados de "recuperación de la memoria" y actos financiados por el Estado de carácter científico, que permitan ampliar el conocimiento de los hechos ocurridos, pero éstos sólo tienen sentido en un estado de derecho una vez realizado el reconocimiento jurídico de las víctimas, su identificación legal y la reparación consecuente a sus familiares y descendientes y asumidas las responsabilidades legales por parte del Estado.
9) Ratificamos las demandas presentadas en el "Plan de acción" del documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", así como su fundamentación basada en el derecho internacional de obligado cumplimiento para el Estado español, obligaciones éstas que están reconocidas por la Constitución vigente en el artículo 10.2) que dice textualmente "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España" y en el artículo 96.1) que dice textualmente: "Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional".

Por todo ello, rechazamos expresamente las afirmaciones del diputado Ramón Jáuregui y le exigimos la rectificación de las mismas, acatando las normas de un estado de derecho, o la resignación de su cargo de diputado, dado que consideramos que sus declaraciones públicas no son compatibles con sus obligaciones como representante de la voluntad popular.
En Madrid, a 29 de marzo de 2006
Firman (orden alfabético):

AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, presidenta
Agrupación Gragero de León, Mario Osorio, secretario.
Amigos de los caídos por la libertad (1939 – 1945), Memoria histórica de la región de Murcia, Floren Dimas Balsalobre, presidente regional.
Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio), Dolores Cabra, secretaria general.
Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, presidente.
Asociación Memoria Histórica Asturiana, Marisa Marinez Caldevilla presidenta y Víctor Luis Alvarez, Portavoz de la Junta Directiva.
Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, Fermín Sánchez Martín, secretario.
Desaparecidos de la guerra civil y el exilio republicano, DESPAGE. Antonio Cruz González, Coordinador.
Equipo Nizkor, Gregorio Dionis, presidente
Federación Foro por la Memoria (Foro por la Memoria del Oriente de Asturias, Foro por la Memoria de Segovia, Foro por la Memoria de Burgos, Foro por la Memoria de La Rioja, Foro por la Memoria de Santander, Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, Forum per la Memoria del País Valenciá, Foro por la Memoria de Castilla la Mancha, Foro por la Memoria de Huelva, Foro por la Memoria de Jaén) José Mª Pedreño, presidente de la federación.
Fundación Luis Bello, José Esteban, presidente.
Instituto Republicano de Derechos Humanos, Félix Rodríguez Sanz, secretario.

Texto completo del artículo publicado por el diputado y portavoz de la Comisión Constitucional, Rámon Jáuregui.

Deudas de nuestra historia.
Escribo contra el olvido y contra el tiempo, para salvar algunas cosas», decía hace sólo unos días Claudio Magris, al ser investido doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. Para salvar la verdad, por ejemplo, me contestaba a mí mismo al leer la reflexión del profesor y escritor italiano. Celebramos este año el setenta aniversario de la guerra civil española y el año que viene serán treinta los que llevamos de democracia. Nunca, en todo este tiempo de libertad, se habían cuestionado tan abiertamente los hechos históricos, o mejor diríamos, su interpretación, como se está haciendo últimamente en diversos foros históricos y políticos. Al calor del extremismo político que se ha instalado en nuestro país, están emergiendo teorías estrafalarias sobre la responsabilidad de la República en general, y de las fuerzas de izquierda y obreras en particular, en el estallido de la Guerra Civil, casi concluyendo que fueron la Revolución de Octubre de 1934, el Frente Popular de 1936 y los actos de terrorismo sectario los que provocaron la intervención militar el 18 de julio de aquel fatídico año.
Este revisionismo histórico es exactamente igual que el que proclaman algunos fanáticos islamistas o fascistas de extrema derecha, negando el Holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. El contexto de la República y las responsabilidades de quienes protagonizaron aquellos años convulsos pueden merecernos análisis y opiniones encontrados, pueden exigir autocríticas a muchos, pero en ningún caso autorizan a manipular la verdad. Y la verdad es que había un Gobierno legítimo y democrático contra el que se sublevaron unos militares que arrastraron a gran parte del ejército, provocando una guerra civil entre los españoles con más de un millón de muertos. La verdad es que los vencedores de la guerra ejercieron una represión cruel contra los derrotados: fusilamientos, cárceles, campos de trabajo, exilio, etcétera que marcaron para siempre a una generación de españoles. La verdad es que el general Franco y su ejército impusieron un régimen de opresión y dictadura que duró cuarenta años. Ésta es la verdad. Estos son los hechos, y el que los niegue o sugiera siquiera que fueron otros los responsables de este desastre es un mentiroso o un manipulador.
Hemos discutido sobre esto en el Congreso de los Diputados. No es la primera vez, ni será la última, a propósito de las deudas pendientes con las víctimas de franquismo. De nuevo emergieron dos actitudes antagónicas respecto de las que no quiero ser equidistante. Esquerra Republicana de Cataluña se ubica en la reivindicación maximalista de devolver honra, honores y compensaciones a todos quienes sufrieran cualquier tipo de represión, opresión o similares. En una proposición de ley, ilimitada en sus efectos, pretendía que compensemos económicamente a todos aquellos que hubieran visto lesionados sus derechos por la dictadura, cualquiera que fuera la causa: ser gitano, homosexual o masón; por la prohibición de los idiomas propios; por haber luchado contra el franquismo (incluso en organizaciones armadas -sic-). Esquerra quiere que se anulen todos los juicios sumarios de consejos de guerra y tribunales especiales. Incluso quiere que el Rey pida perdón a los republicanos.
Más allá del juicio que nos merezcan algunas de estas pretensiones, Esquerra olvida que nuestra transición a la democracia se hizo sobre bases jurídicas y políticas muy diferentes a la manera en la que acabó el régimen nazi de Alemania o la ocupación alemana en Francia. Aquí no podemos, ni debemos -añado yo-, levantar de un plumazo toda la seguridad jurídica de cuarenta años, anulando miles de sentencias, aunque nos conste a todos la ausencia de justicia y garantismo penal en esas resoluciones. Podemos, eso sí, reconocer pública y solemnemente que todas esas sentencias fueron injustamente dictadas y que el honor de quienes fueron condenados debe ser restituido ante la sociedad. Podemos recuperar la memoria de la guerra y de la represión franquista, construyendo un centro o museo símbolo de esa etapa, mirando de frente a la verdad y explicitando esa parte de nuestra historia (quizás como pretende IU en el Valle de los Caídos). Podemos facilitar y agilizar el acceso a la información de sumarios y archivos policiales de esa etapa represiva a millones de ciudadanos, aunque no podemos indemnizar a la mitad de los españoles por haber sufrido alguna represión lingüística, sexual, étnica o política.Podemos y -aquí añado yo- debemos, elaborar una ley para indemnizar a aquéllos que sufrieron mutilaciones o perdieron la vida en la defensa de derechos que luego fueron reconocidos por la Constitución. Como por ejemplo a las familias de las víctimas del 3 de Marzo de Vitoria y Basauri y tantos otros que todavía están exigiendo responsabilidades. Pero no será posible reabrir penalmente aquellos hechos porque la amnistía de 1977 lo fue para todos, también para las responsabilidades del viejo régimen represivo. Con todo, espero que veamos, en esta misma legislatura, esa ley que indemnice a las familias que sufrieron injustamente sus consecuencias.
La otra actitud extrema es la de quienes consideran que 'aquello ya pasó', la Transición cerró aquella etapa' y 'no conviene abrir heridas'. El PP se pretende cómodo en ese discurso, negándose a tratar todas estas cuestiones pendientes. Hay, incluso, un sector -más ultra que centrista- que ve con simpatía ese revisionismo histórico de pacotilla y se acoge con gusto a la teoría de que la culpa de aquella guerra 'fue de todos' y que 'represión y sufrimiento lo hubo para todos y por igual'. Olvida esta teoría algo fundamental y es que los vencedores de la guerra enterraron a sus muertos, recibieron honra y honores por su lucha y se acomodaron al régimen y disfrutaron de su victoria, mientras otros eran cruelmente reprimidos y todavía andan buscando por las cunetas de los pueblos el lugar exacto en el que los fusilaron. Olvidan también que el perdón que mutuamente nos dimos en 1977 no debe confundirse con el olvido ni con la injusticia y que nos quedan deudas con la historia, que la democracia debe compensar. Por ejemplo ayudando a la pobre gente que quiere enterrar a sus muertos dignamente o abonando una pensión no contributiva a 'nuestros niños de la guerra'. O indemnizando a las familias de los obreros de Vitoria, Granada, Ferrol, Tarragona, etcétera, que murieron sólo por ejercer el derecho a la huelga o a la manifestación o a la libertad, que es lo mismo.
Sí, afirmé en ese debate en el Congreso, tenemos deudas con la historia y la pregunta es: ¿Cómo debemos atenderlas? ¿Abrirá eso heridas inconvenientes? Si lo hacemos, ¿corremos el riesgo de introducir una nueva trinchera en el crispado campo de la política española?
No tiene por qué ser así, si lo hacemos bien y entre todos. La recuperación de la memoria del franquismo y de la Guerra Civil y las compensaciones aún pendientes a sus víctimas no tienen por qué representar un riesgo a la convivencia de los españoles de hoy si lo hacemos sin odios ni afanes vengativos. Sin sectarismos ni partidismos. Sin trasladar al presente viejas divisiones que la sociedad española de hoy ni quiere ni admite. A veces dudo si esto será posible con un PP empeñado en que todo se crispe y enfrente. Temo que esta recuperación consensuada de nuestra memoria histórica sea utilizada por la derecha para atribuirnos otra ruptura más, esta vez del espíritu de reconciliación de la Transición, sin comprender que una mirada más franca, más libre y más abierta a la verdad de nuestra historia y a la justicia con sus víctimas hace más fuerte los fundamentos de nuestra convivencia. Las heridas de la historia no curan con su ocultamiento, sino con la verdad y la justicia. Los hijos de la guerra hicimos la reconciliación en la democracia. ¿No ha llegado el tiempo de que los nietos culminen la justicia para las víctimas antes de que se mueran?
[Fuente: Por Ramón Jauregui, Portavoz de la comisión constitucional del Congreso de los Diputados, El Períodico, Barcelona, 06mar06]

DDHH en España
This document has been published on 30mar06 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.