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29jul06
Un consejo de cinco notables rehabilitará a las víctimas del franquismo en el BOE.
La Ley de Memoria Histórica ha visto al fin la luz. La norma, de 25 artículos, establece por primera vez un mecanismo para la rehabilitación oficial, en nombre del Estado, de todas las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista. No habrá anulación de consejos de guerra, pero una comisión de cinco notables, elegida por el Congreso con mayoría de tres quintos, determinará que la persona cuya memoria se busca honrar fue juzgada sin garantías e injustamente condenada y esa declaración formal de víctima será publicada en el Boletín Oficial del Estado. Además, los símbolos "que honren a un solo bando" quedarán prohibidos en los establecimientos públicos de titularidad estatal, incluidos cuarteles, y el Ejecutivo recomienda "a las demás instituciones públicas" que los retiren.
El Gobierno sabe que la ley que aprobó ayer ha venido precedida de una intensa polémica en el mundo conservador, que le ha acusado de dividir a los españoles. Por eso, insiste tanto en la exposición de motivos como en la explicación oficial en que se trata de una norma hecha desde el mismo "espíritu de concordia" que presidió la Transición. Hasta en el larguísimo nombre de la norma ha sido cauteloso:
"Proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la dictadura". La palabra memoria ha sido deliberadamente evitada.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explica que el Ejecutivo sólo pretendía ampliar derechos a unas personas, las víctimas y sus familiares, que los reclamaban. Este es un asunto, recuerda el Ejecutivo, que sigue provocando sentimientos encontrados entre los supervivientes y sus familiares y descendientes, ya que los procesos que se vivieron en la Guerra Civil y después, con la represión franquista que duró hasta la muerte del dictador, en 1975, fueron muy duros. Por eso no se habla de memoria ya que, según explicó la vicepresidenta, los trabajos, que han durado un año y medio, se han realizado partiendo de la convicción de que "el Gobierno no escribe la historia, porque eso es trabajo de historiadores".
La parte más novedosa de la ley está entre los artículos 2 y 7. Allí se establece una rehabilitación general de todas las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y se establece el mecanismo para quienes busquen una recuperación individual de su familiar. El Gobierno ha renunciado a anular los juicios sumarísimos del franquismo, como le pedían las asociaciones, ERC, IU-ICV y algunos afectados. Señala De la Vega que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala que no son revisables sentencias previas a la Constitución que ya han agotado sus efectos jurídicos, como es el caso de un consejo de guerra.
Por eso la ley crea una comisión interministerial que estudiará las peticiones de rehabilitación que interpongan los familiares de víctimas y recopilará la documentación. Además, se crea un consejo de cinco notables, designados por el Parlamento, que será quien estudie esa documentación para hacer una declaración institucional de que esa persona es una víctima de la Guerra Civil o la dictadura y que su juicio y su condena fueron manifiestamente injustos. Esa declaración, con el nombre de la víctima, será publicado en el Boletín Oficial del Estado para dar mayor rango a la decisión, pero no tendrá ningún tipo de efecto jurídico o económico. El PP, que ha anunciado su oposición a esta ley, podría bloquear la elección de ese consejo de notables porque sin sus diputados no se alcanzan los tres quintos, aunque el Gobierno confía en que no lo haga. Desde que entre en vigor la ley, los familiares tendrán un año para reclamar la rehabilitación. Todo el proceso debería estar cerrado en dos años. Formalmente a este proceso se pueden acoger también los que sufrieron la represión en el bando republicano, aunque De la Vega asegura que de las 15.000 cartas que les han llegado casi todas eran de republicanos.
- Pensiones y compensaciones. Los artículos 8 a 12 amplían y mejoran algunas pensiones que ya se reciben y establecen nuevas compensaciones. Se mejoran las pensiones de orfandad de los hijos de fusilados y fallecidos en la guerra, hasta los 132 euros mensuales. Se amplía la ley de reparación de 1979 para incluir a unas 700 personas que se quedaron fuera por requisitos excesivos. Se reconoce el tiempo pasado en batallones disciplinarios -esto es, los llamados esclavos del franquismo que construyeron obras públicas para reducir su condena- para acceder a las mismas indemnizaciones de quienes sufrieron cárcel. El Ejecutivo calcula en 1.500 las personas que se beneficiarán de esto último. Además, se compensará por la retención del IRPF que se realizó sobre las pequeñas cantidades cobradas como compensación a los años de cárcel. Todas estas medidas tendrán un coste de unos 20 millones de euros.
- Fosas comunes. La ley marca que las Administraciones públicas están obligadas a facilitar la tarea de quienes quieren localizar los cuerpos de sus familiares. Algunos municipios ponen problemas a la hora de dar las pertinentes autorizaciones administrativas. Cualquiera que se encuentre ese obstáculo sabrá que ahora la ley le ampara. Las Administraciones no tendrán que asumir el coste, sólo facilitar la tarea. La ley marca también subvenciones para las asociaciones que se dedican a este asunto, establece un protocolo para la actuación de las Administraciones y promueve la creación de una especie de mapa de fosas según vayan apareciendo. Sin embargo, no se creará ninguna institución para promover la reapertura; la iniciativa seguirá siendo privada, pero subvencionada. En los casos contradictorios -como el de la fosa de Federico García Lorca, en el que las familias del maestro y los banderilleros enterrados con él quieren abrirla pero la familia del poeta se niega-, será la Administración quien trate de resolver el problema y, si no hay acuerdo, decidirá un juez.
- Símbolos. El artículo 17 será uno de los más polémicos. Con la intención de que todos los símbolos en democracia deben ser "de todos y para todos", según De la Vega, "y desde la perspectiva de la concordia", la ley obliga a retirar de los edificios públicos de titularidad estatal toda escultura, insignia o placa que mencione algo relativo a la Guerra Civil y "que honre a un solo bando". Esta fórmula podría incluir, teóricamente, a monumentos a los republicanos, pero el Ejecutivo aseguró ayer que la ley se ha hecho con la intención de retirar los símbolos franquistas y para nada se está hablando de la estatua del socialista Largo Caballero en Nuevos Ministerios (Madrid), por ejemplo.
Esta obligación de retirar todos los símbolos incluye a los cuarteles, donde aún permanecen muchos, como la Estatua de Franco en la Academia Militar de Zaragoza. La norma tiene una excepción: no se destruirán los símbolos con especial valor artístico o histórico.
En cuanto al resto de símbolos, especialmente en el callejero de centenares de pueblos y ciudades, el Gobierno se limita a "recomendar" a las instituciones de las que depende esa decisión, ayuntamientos y comunidades autónomas, que siga el ejemplo de los edificios estatales y retire los símbolos. El Gobierno finalmente no hará una recomendación expresa a la Iglesia, en cuyas fachadas permanecen centenares de símbolos, puesto que se considera una institución privada. "Hará lo que considere oportuno", señaló De la Vega.
- Valle de los Caídos. El principal símbolo del franquismo tiene un artículo específico, el 19. La ley prohíbe expresamente que se realice ningún tipo de acto de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura en cualquier lugar del recinto. Se mantiene la basílica como lugar de culto, y por tanto, como cada año, se podrá realizar una misa el 20 de noviembre en honor de Franco, pero quienes quieran cantar a la salida el Cara al sol con el brazo en alto, como cada año, se las verán con la policía. Además, se cambiarán los estatutos de la fundación que rige el centro para que lo convierta en un lugar "para honrar a la memoria de todas las personas fallecidas en la Guerra Civil", y no sólo de las de un bando. Nada se dice de establecer allí un centro de la memoria histórica o una exposición permanente que recuerde que eso lo construyeron presos políticos republicanos, como pedían ERC e IU-ICV, aunque es probable que en la tramitación parlamentaria éstos puedan obtener mejoras. Además, se subvencionará a las asociaciones para que elaboren censos de obras públicas y privadas realizadas por batallones disciplinarios, como el Valle de los Caídos, y de los campos de concentración del franquismo.
- Centro de la Memoria. Se creará el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, para contribuir a la recuperación de la memoria de la Guerra Civil, la dictadura, el exilio, el internamiento de españoles en los campos de concentración durante la II Guerra Mundial y la Transición. También se potenciará el Archivo General de la Guerra Civil.
- Brigadistas y asociaciones. La ley también recoge en sus artículos 20 y 21 mayores facilidades para que los brigadistas internacionales obtengan la nacionalidad española. Ahora se les pedía que renunciaran a la suya. La ley retira ese requisito. Además, se concederá la Cruz del Mérito Civil a las asociaciones que han luchado todos estos años para recuperar la memoria de las víctimas y defender sus derechos.
- Víctimas de la Transición. Una disposición adicional crea una compensación única para los familiares de las que De la Vega llamó "víctimas de la Transición". Son algo menos de 40 personas, que murieron a manos de la policía o de ultras en los tumultuosos años que van desde el 1 de enero de 1968 hasta el 6 de octubre de 1977, cuando entró en vigor la Ley de Amnistía. Estas personas quedaron fuera de la Ley de Víctimas del Terrorismo, cuyo ámbito de aplicación comienza ese mismo día, y no han tenido ninguna reparación por su "lucha por la libertad", según De la Vega. Los más conocidos de ellos son los obreros que fallecieron durante una huelga en Vitoria en 1976. La indemnización será de 135.000 euros, que se percibirán una sola vez. La ley lleva una memoria económica que estima el coste de su aplicación, entre pensiones, compensaciones y diversos trabajos que se pondrán en marcha en unos 60 millones de euros.
[Fuente: Carlos E. Cué, El País, España, 29jul06]
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