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05jun20


El correo del consejero de Políticas Sociales al de Sanidad, el 22-M: "Los ancianos de Madrid morirán indignamente"


El consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, de Ciudadanos, advirtió el pasado 22 de marzo a su compañero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP, de su impotencia para contener el avance del virus en residencias. En dos correos que recoge 'El País', Reyero le dijo a Escudero literalmente que si no le ayudaba "muchos residentes fallecieran de forma indigna" y también le advirtió que, si era negado el auxilio a las personas con discapacidad de cualquier edad, "incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales". Los escritos nunca tuvieron respuesta, pero muestran la soledad del consejero de Ciudadanos, que esta misma semana cargó contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y le advirtió de que su falta de ética podría tener consecuencias legales.

Reyero escribió a Escudero tras conocer un protocolo de Sanidad para que 22 hospitales seleccionaran qué ancianos de residencias admitir y evitar el colapso. El documento recomendaba excluir a los mayores con grado tres de dependencia, que necesitan ayuda continua. También recomendaba dejar fuera a personas con discapacidad internadas en residencias especiales.

"Tenemos que ser conscientes de que el soporte médico existente en la mayoría de residencias (en algunas ni eso) está concebido para una situación normal y eso abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en unas condiciones indignas. Por lo que sería necesario un apoyo sanitario por parte de Sanidad que ahora es muy complicado de obtener", escribió Reyero a Escudero sin éxito.

En total, el consejero de Políticas Sociales se dirigió al titular de Sanidad en tres días diferentes: los días 22 y 31 de marzo y 11 de abril para manifestarle su desacuerdo con los protocolos.

Madrid reconoce que mandó un protocolo "por error"

Este jueves, Ruiz Escudero, alegó que a principios de marzo se envió "por error" a los centros sociosanitarios "un borrador" de un protocolo que desaconsejaba la derivación de ancianos procedentes de residencias a los hospitales de la región. Horas después de este reconocimiento, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha lamentado que le pidan responsabilidades por las muertes de mayores en residencias, cuando fue el Ejecutivo d Ayuso el que dio la orden de no hospitalizar a pacientes de residencias.

Ruiz Escudero ha asegurado en el pleno de la Asamblea de Madrid que el criterio que se ha utilizado tanto para la elaboración del protocolo como para la atención hospitalaria a los pacientes con COVID-19 procedentes de las residencias de mayores ha sido "única y exclusivamente clínico"."Ha habido hasta seis versiones del protocolo", ha admitido Ruiz Escudero, quien ha apuntado que en algunos medios de comunicación se publicó un borrador "enviado por error a principios de marzo a los centros sociosanitarios".

Los protocolos definitivos de actuación en residencias se enviaron el 25 de marzo a los centros socio-sanitarios, contando con el consenso de todos los coordinadores de Geriatría de los hospitales de la red pública, según el consejero. En todos estos documentos, según Ruiz Escudero, se especifica "claramente" que se valorará individualmente cada caso con criterio clínico, para el traslado a un hospital de los casos de residentes con enfermedad terminal, que se encuentren en cuidados paliativos y alto grado de fragilidad.

"No voy a admitir, ni a ustedes ni a nadie, que se instrumentalice políticamente un error más que evidente, ni que utilicen un caso como el de Parla para elevarlo al nivel de categoría", porque "además de faltar a la verdad, entraña otro tipo de responsabilidades", ha manifestado el consejero de Sanidad.

Por su parte, la diputada socialista Purificación Causapié se ha referido a cuatro documentos "en papel oficial, firmados por el director general de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur", en los que "no pone borrador". En estos documentos, se establecen criterios de derivación que tienen que ver con la situación de discapacidad, con la dependencia, con el deterioro cognitivo y se señala "claramente" que "no se derivarán", ha resaltado la diputada socialista.

Causapié ha afirmado que "este es un elemento de discriminación y de vulneración de derechos fundamentales", como denunció el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y las organizaciones de familiares, que lo han llevado a los juzgados.

Iglesias responsabiliza al Gobierno de Ayuso

Posteriormente, el vicepresidente Pablo Iglesias ha lamentado que le pidan responsabilidades por las muertes de mayores en residencias, cuando fue el Ejecutivo de Díaz Ayuso (PP), el que, según él, dio la orden de no hospitalizar a pacientes de residencias de mayores. Durante su intervención ante la comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, Iglesias ha señalado un documento "que demuestra que había órdenes del Gobierno de Madrid de rechazar el traslado de ancianos a los centros sanitarios cuando se produjo el pico de la pandemia.

¿De quién es la responsabilidad?, ha preguntado Iglesias, quien ha insistido en que la competencia sobre residencias son de las comunidades autónomas y el Gobierno reforzó esas competencias durante el estado de alarma, y esas regiones podrían haber actuado para inspeccionar las residencias.

El vicepresidente se ha referido además las declaraciones de Reyero, que lamentó públicamente que la presidenta le había quitado la competencia de las residencias "y calificó de inmoral e ilegal la orden de Ayuso de no trasladar a ancianos a hospitales, lamentando que las órdenes se distribuyeran en contra de su consejería". "El consejero de Ayuso se mostró a favor de crear una comisión que analizara la mortalidad durante la pandemia", ha añadido.

Para Iglesias esas decisiones del gobierno popular madrileño son "un escándalo" y ha reprochado a la diputada popular Alicia García su "poca vergüenza" de pedirle explicaciones cuando "es el Gobierno madrileño el que prohibió el traslado de ancianos" y su consejero el que calificó esa actuación como "ilegal" que "ha costado muchas vidas".

[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 05jun20]

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