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28may20


El denunciante del 8-M pide incluir a Simón en la causa contra el delegado de Gobierno


El abogado que presentó la denuncia contra el delegado de Gobierno de Madrid quiere que se investigue también al director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. La juez Carmen Rodríguez-Medel, que ha recibido este jueves la solicitud formal de imputación contra el cargo del Ministerio de Sanidad, tendrá que decidir ahora si accede a esta reclamación.

Según consta en el escrito, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso Vozpópuli, el abogado Víctor Valladares y la Asociación Contra la Gestión del Coronavirus han requerido la apertura de diligencias contra Simón por un presunto delito de desobediencia por funcionario público y un presunto delito de denegación de auxilio. A su juicio, la actuación del portavoz sanitario del Gobierno ha supuesto "una flagrante dejación en sus funciones (...) poniendo en peligro la salud pública e integridad física de todos los españoles".

Valladares ha pedido que se investigue a Simón por un presunto delito de desobediencia "al no informar acerca de la peligrosidad de la infección del coronavirus en reuniones tumultuarias". Y ha requerido al Juzgado que solicite "todas las comunicaciones existentes ente el Ministerio de Sanidad y el Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias" acerca de la gestión de la covid-19 "con el fin de acreditar la existencia o no de requerimiento (...) de auxilio".

El informe de la Guardia Civil

La denuncia "se fundamenta en el contenido del informe elaborado por la Guardia Civil, adscrita a la Policía Judicial". Se refiere al documento que los agentes aportaron el pasado 21 de mayo al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el marco de la causa contra el delegado del Gobierno José Manuel Franco.

En el dosier del Instituto Armado se determina que días antes de la manifestación del 8-M, el propio Simón avisó a la Iglesia Evangélica, al ministro Salvador Illa y a otros dos técnicos de Sanidad de "la situación de grave crisis sanitaria que atravesaba España y Europa". Según el denunciante, el director del centro de alertas cometió "hechos presuntamente delictivos" con una "actitud eminentemente dolosa" al dejar que se prohibieran unas celebración y se permitieran otras.

Ampliación de la denuncia contra Franco

Este mismo jueves, el letrado ha presentado una ampliación a su denuncia original ante la magistrada Rodríguez-Medel. Ha pedido que se investigue al delegado del Gobierno en Madrid por un presunto delito al impedir "el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación". En concreto, el abogado ha hecho referencia al informe de la Guardia Civil y ha asegurado que la Delegación del Gobierno actuó de forma irregular al tratar de convencer de forma telefónica a los promotores de 12 manifestaciones tras el 8-M, de que suspendieran las protestas.

En el escrito, Valladares ha denunciado que la forma en la que la Delegación del Gobierno tendría que haber suspendido las protestas era mediante una resolución "motivada" que debía haberse notificado "en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación prevista".

Según consta en el escrito de Guardia Civil sobre la manifestación del 8-M en Madrid, "la inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos (...), así como el especial interés por parte de la Delegación del Gobierno en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación de Gobierno en que las mismas no figuren en ningún registro oficial".

[Fuente: Por Liliana Ochoa y Tono Calleja, Vozpópuli, Madrid, 28may20]

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