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29may20
La juez aplaza la declaración de Franco pese a considerar "sorprendente" la petición de la Abogacía
Cambio de fecha en la investigación del 8-M. El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, declarará como imputado el próximo 10 de junio, a las 15.30 horas, y no el 5, como estaba previsto. La titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid ha retrasado unos días la citación. Lo ha hecho a petición de la Abogacía del Estado y pese a considerar "sorprendente" la alegación de que "necesita tiempo para instruirse".
En la providencia de este jueves, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha recalcado que desde el Juzgado "se le notificó que quedaban las actuaciones a su disposición para realizar la correspondiente copia de la documentación aportada tanto el 21 de abril como el 21 de mayo, no siendo hasta que se ha ordenado por resolución judicial que comparezca el 26 de mayo que efectivamente ha comparecido la Abogacía del Estado para obtener copia".
La representante jurídica del Ejecutivo presentó un recurso directo de apelación en la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de la juez de investigar al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación multitudinaria que tuvo lugar en la capital el 8-M.
Según consta en un escrito de 20 de abril, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la abogada del Estado Rosa María Seoane cree que la magistrada, "vulnerando la presunción de inocencia, ha iniciado el proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino meras sospechas e hipótesis, deficiencia que se trata de suplir con las diligencias acordadas, que no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, sino averiguar si los mismos pueden ser típicos".
Este miércoles, la Abogacía presentó tres escritos ante el Juzgado madrileño. En uno de ellos reclamaba la modificación de la fecha de las citaciones. La juez ha acordado conceder cinco días más de plazo. Finalmente, la declaración se celebrará el 10 de junio.
Declaración presencial
Según consta en la providencia recogida por 'Vozpópuli', para ese día también han sido citados en calidad de testigos el secretario general de la Delegación de Gobierno, Fernando Talavera; el jefe de gabinete de Franco, Luis María Sanz Moriñigo; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas. Sus declaraciones estaban previstas para el 5 de junio, pero se han aplazado en el marco de la solicitud de la Abogacía.
Por problemas técnicos en el Juzgado, el interrogatorio se hará de manera presencial y no telemática, como estaba estipulado. "A fin de evitar que problemas similares impliquen mayores retrasos en las declaraciones de la presente causa, se acuerda que, dada la imposibilidad de tener certeza de que la conexión telemática es posible, se practiquen de forma presencial, debiendo en consecuencia comparecer las partes y los testigos en esta sede judicial en el día y hora indicados", ha señalado.
En la providencia de este jueves, la juez ha dado un plazo de dos días al Ministerio Fiscal para que alegue por escrito lo que estime conveniente.
Ceses y dimisiones en la Guardia Civil
El cambio de agenda tiene lugar en medio de la polémica suscitada en torno al informe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil encargado por la propia juez y a la salida de tres altos cargos del Instituto Armado; dos por cese -el coronel Diego Pérez de los Cobos y el general Fernando Santafé- y uno por dimisión -Laurentino Ceña-.
La destitución de Pérez de los Cobos generó respuesta por parte de la magistrada. En la providencia emitida el lunes, la titular del Juzgado reiteró a la Policía Judicial a cargo de las pesquisas que deben guardar "rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas". Posteriormente envió un oficio a Interior para insistir en que solo se informará a ella de las actuaciones realizadas.
Presunto delito de prevaricación
La juez Carmen Rodríguez-Medel dirige desde el pasado 23 de marzo una investigación contra Franco por presuntamente desoír las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus y permitir concentraciones multitudinarias "desde que se emitiera el informe sobre la covid-19 de 2 de marzo de 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades". En la lista destaca la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer. Por estos hechos, se le atribuye un presunto delito de prevaricación.
La magistrada intenta determinar si el Departamento de Salvador Illa alertó al equipo del delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, antes del 8 de marzo. La Policía Judicial sostiene que sí era consciente del peligro. "Se llega a la conclusión de que la Delegación de Gobierno tiene conocimiento [previo al 8-M] de los informes, recomendaciones y documentación que han sido emitidos (...) así como toda la información que el Ministerio de Sanidad emitía diariamente sobre la crisis de la comida en su página web y en diferentes ruedas de prensa", han apuntado los agentes de la Guardia Civil. En este sentido, han concluido que "a partir del 5 de marzo de 2020no se debería haber realizado ninguna manifestación".
[Fuente: Por Liliana Ochoa, Vozpópuli, Madrid, 28may20]
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