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26may20


Marlaska, posible autor de los delitos de prevaricación y revelación de secretos tras cesar a Pérez de los Cobos


El ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska ha perdido su credibilidad como político y como juez. Y además podría ser encausado como presunto autor de los delitos de prevaricación y de revelación de secretos. Todo ello a la vista de los claros indicios que lo señalan como autor del cese del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, en represalia por negarse a revelar el contenido del informe que el coronel elaboró, por la orden de la juez Carmen Rodriguez-Medel que investiga la autorización de la manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid, cuando la epidemia del coranovirus ya estaba en España.

Una manifestación temeraria en cuya cabecera participó el propio Grande-Marlaska y en la que resultaron contagiadas por el virus tres ministras del Gobierno -C. Calvo, I. Montero, C. Darias y la esposa del Presidente Sánchez, B. Gómez- y que fue autorizada por Interior a través del Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, quien ha sido citado a declarar ante la juez Rodríguez-Medel en calidad de 'imputado'.

Un juzgado desde donde también se podría citar como imputado al director general del CAE Fernando Simón, y a los ministros de Sanidad, Salvador Illa e Interior, Grande-Marlaska, por prevaricación y revelación de secretos. Y que de confirmarse obligaría a la magistrada a enviar la causa al Tribunal Supremo, al estar ambos ministros aforados. Y en el caso de Grande-Marlaska por haberse saltado la ley -como lo han denunciado las Asociaciones de Jueces- en la que se dice que, quienes en los Cuerpos de la Seguridad del Estado actúan como 'policía judicial' a las órdenes de un juez, solo a él deben de informarle, y a nadie más en contra de lo que pretendió el Ministerio de Interior con Pérez de los Cobos.

El escándalo y desafuero de Grande-Marlaska -al que el PP le ha exigido la dimisión- es tal que ha creado un profundo malestar en la Guardia Civil donde el coronel Perez de los Cobos goza de gran prestigio. Hasta el punto que, en solidaridad con él, ayer mismo presentó la dimisión el 'número dos' de la Guardia Civil , teniente general Laurentino Ceña, con el argumento de que el cese de Pérez de los. Cobos se hizo saltándose la cadena de mando de la Guardia Civil. Cuerpo cuya Directora General es María Gámez (ex sub delegada del Gobierno en Malaga), persona de muy escasa preparación y nivel para el desempeño de tan importante cargo.

Es tal el malestar y el impacto de la crisis abierta en el seno de la Guardia Civil por el ministro de Interior Grande-Marlaska que el Gobierno se ha apresurado ayer mismo a subir los sueldos de la Guardia Civil y de la Policía en una maniobra burda y a la vez probatoria de las responsabilidades de Grande-Marlaska, que lo deja más si cabe en evidencia.

Un ministro que, mintiendo, ha dicho que el cese del coronel Pérez de los Cobos respondía solo a una 'remodelación' de los cargos de su departamento y no a una represalia por el informe que el coronel envió a la jueza Rodriguez-Medel siguiendo la instrucciones de la magistrada. La que, no descarta actuaciones contra Grande-Marlaska quien habló de 'pérdida de confianza' en Pérez de los Cobos. La juez que ha recordado en un escrito al ministro (que además es juez) que el coronel no debía infórmale a él sino sola y exclusivamente a su juzgado.

Y ha sido, seguramente, en ese juzgado donde a través de la fiscalía el Gobierno pudo tener conocimiento del informe de Pérez de los Cobos sobre la manifestación del 8-M en Madrid, donde se vertían críticas a la autorización de la manifestación y comentarios, que el Gobierno filtró a medios afines como El País. El que ayer colgó en su web un titular diciendo que en dicho informe se incluían 'medias verdades y especulaciones' contra la manifestación del 8-M.

Sin embargo lo que no destaca El País es que el informe revela también que 3 días antes de que se celebrara la manifestación feminista del 8-M el ministro de Sanidad Salvador Illa y su estrecho colaborador Fernando Simón se reunieron con los representantes de la Iglesia Evangélica para prohibirles las concentraciones que tenían programadas para el mes de marzo, mientras que Illa y Simon no impidieron la manifestación del 8-M.

La que promocionaban desde el Gobierno la vicepresidenta Calvo y la ministra Irene Montero -ambas contagiadas en ese evento- y el propio Grande-Marlaska como parte de una operación de propaganda política e ideológica del Gobierno de Pedro Sánchez.

[Fuente: Por Rafael Halcón, República de las ideas, Madrid, 26may20]

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