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19dic20
La gestión del Covid-19 acumula 20 querellas, diez delitos y todos los ministros señalados
Un total de 20 querellas presentadas por perfiles que van desde personas a título particular a colectivos profesionales deberán ser ahora analizadas por los juzgados ordinarios y no todas tendrán posibilidades de prosperar. En la ingente relación de acusaciones que fue llegando al Supremo durante los primeros meses de la pandemia muchas pecan, como ya advirtió la Fiscalía, de una evidente «orfandad probatoria» y otras atribuyen una responsabilidad por elevación a los cargos públicos difícilmente acreditable sin una investigación previa. Es el caso de las querellas que apuntan a ministros por responsabilidad penal directa en las más de 40.000 muertes que ha dejado ya la pandemia en España. En todo caso, tendrán que pasar por el decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid, el primer filtro.
Los hechos
El denominador común en las querellas son los hechos. Todas versan sobre la autorización de concentraciones y actos previos al establecimiento del estado de alarma, como la manifestación por el Día de la Mujer el 8 de marzo, asunto que en su día investigó un juzgado de Madrid para llegar a la conclusión de que no podía imputarse responsabilidad al Delegado del Gobierno.
En el Supremo, la perspectiva es similar, pues no se puede imputar un delito de homicidio basándose en una estadística.
El otro hecho más señalado es la falta de medios de protección o de protección adecuada para quienes estaban en primera línea, desde sanitarios hasta fuerzas de seguridad. Este asunto es clave para el Supremo y considera que debe investigarse en la justicia ordinaria.
Los querellantes
En total son 19 los querellantes -uno presentó dos iniciativas diferentes- y pueden agruparse en tres grandes conjuntos. En primer lugar, están los colectivos profesionales. Figuran la Asociación Unificada de Guardia Civil, el Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la Asociación de Médicos Titulados Superiores, CSIF y la Central Unitaria de Traballadoras.
En segundo lugar, las asociaciones, como la de Abogados Cristianos, HazteOír y Terra SOS-Tenible. Y en tercer lugar, los particulares, ya sea agrupados bajo plataformas como el Colectivo de ciudadanos y familiares de víctimas del COVID, que representa a 3.268 personas, o de forma individual. Consta asimismo, una querella de Vox. Es el único partido político que tomó esta iniciativa.
Los querellados
Cada querella tiene su propio objetivo, pero en términos generales, van dirigidas contra el presidente del Gobierno y todos los miembros del Consejo de Ministros, aunque varias se dirigen en concreto contra el responsable de Sanidad, Salvador Illa, como las de los colectivos de médicos; y al titular de Interior Fernando Grande-Marlaska en el caso de las asociaciones de cuerpos de seguridad. Asimismo, constan iniciativas contra cargos intermedios como la directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio o el director del centro de Coordinación y Alertas Fernándo Simón, delegados y subdelegados del Gobierno de distintos puntos de la geografía española, el Defensor del Pueblo y magistrados del propio Supremo y el Constitucional, entre otros.
Los delitos
Los delitos que más se repiten entre las querellas son los de prevaricación, ya sea por acción u omisión, y los delitos contra los trabajadores, pero también se apuntan de malversación en relación al material sanitario defectuoso o fallido.
Para la Fiscalía ninguna de ellas debía prosperar. Recomendaba en un informe a la Sala de lo Penal la inadmisión porque entendía que los delitos señalados no concurrían o las querellas no los fundamentaban adecuadamente.
Asimismo, particulares y colectivos señalan a miembros del Gobierno por homicidios imprudentes y lesiones, aunque el Supremo ya ha descartado que pueda establecerse una relación causa efecto entre las decisiones del gobierno y cada una de las miles de muertes por Covid.
Caso distinto es el de las residencias de ancianos, donde varias de las querellas se dirigen contra cargos públicos por elevación. La justicia ordinaria habrá de determinar si se cometieron conductas que causaran la muerte y si estas son atribuibles o no a decisiones políticas. Se trata de empezar la investigación desde abajo.
[Fuente: Por Isabel Vega y Nati Villanueva, ABC, Madrid, 19dic20]
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