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17dic20
El Supremo se desmarca de la Fiscalía y aboga por investigar la gestión del coronavirus
El Tribunal Supremo se muestra a favor de investigar las querellas interpuestas contra el Gobierno por su gestión de la crisis sanitaria derivada del coronavirus, pero no abrirá causa penal contra ningún miembro del Ejecutivo, según publica El Mundo.
Fuentes jurídicas consultadas por ese diario afirman que la Sala de lo Penal del Supremo considera que existen hechos denunciados por los querellantes que pueden ser constitutivos de delito y planea dejar en manos de los órganos judiciales competentes eventuales investigaciones, desmarcándose así del criterio de la Fiscalía, que abogada por el archivo de todas las querellas.
Sin embargo, el Tribunal no tiene previsto abrir procedimientos penales contra los aforados señalados en las querellas, es decir, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros. En este sentido, considera prematuro admitir a trámite ahora estas querellas contra los miembros del Ejecutivo de coalición, a los que se exime de este modo de responsabilidad penal, teniendo en cuenta que los hechos denunciados no se han investigado aún por la Justicia ordinaria.
Entre las querellas que el Supremo pedirá que se investiguen, se encuentran al menos aquellas basadas en la falta de material de protección para colectivos sensibles como los sanitarios, las compras fraudulentas de test o mascarillas y la gestión de las residencias, según recoge El Confidencial.
Se desmarca del criterio de la Fiscalía
La Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena se desmarca del criterio de la Fiscalía, que se opuso a investigar cualquier hecho relacionado con la gestión gubernamental de la pandemia. En un informe firmado por el hasta ahora teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, el ministerio público pidió al Tribunal Supremo que no admitiera a trámite las más de veinte querellas que se han ido interponiendo a lo largo del estado de alarma contra miembros del Gobierno por este asunto.
En un extenso informe, la Fiscalía del Tribunal Supremo avaló el papel desempeñado por el Gobierno ante la covid-19 y descargó en las comunidades autónomas la responsabilidad sobre las manifestaciones del 8-M. Sobre las marchas en defensa de la mujer remarcaba que las delegaciones del Gobierno no tienen competencias en materia sanitaria y que solo podrían haber impedido las concentraciones en caso de suponer un problema de orden público.
El ministerio público también rechazaba que el Gobierno hubiera cometido cualquier tipo de delito en la compra de mascarillas y en la compra y reparto de test de coronavirus defectuosos. Por último, también rechazaba que el Ejecutivo de Sánchez pudiera haber cometido un delito de prevaricación al negarse a facilitar la composicion de los expertos en sanidad que han asesorado al Gobierno durante el estado de alarma.
El fiscal Navajas
El firmante de aquel informe era el fiscal Navajas, un veterano de la carrera que ha ejercido como número dos de varios fiscales generales del Estado. El Boletín Oficial del Estado publicó este jueves su jubilación definitiva. Dolores Delgado ha sido la última con la que ha trabajado y en este caso, además, ha asumido todo lo que tenía que ver con querellas presentadas contra miembros del Ejecutivo. Delgado, exministra de Justicia en el gabinete de Sánchez decidió mantenerse al margen.
En una entrevista de radio concedida a Onda Cero días después de firmar ese informe, Navajas avanzó además que también informaría a favor del archivo de las demandas presentadas por particulares contra los integrantes del Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la covid-19: "En los próximos días las 40 demandas se van a tener que archivar: ¿Por qué? pues por las mismas razones, son denuncias que tienen las mismas pretensiones que los querellantes. Y, por tanto, si yo le he dicho a un querellante que no, pues no le voy a decir al denunciante otra cosa. Me parece una barbaridad jurídica".
La gestión de la pandemia ya se ha analizados en diversos juzgados ordinarios, al menos en el ámbito penal y lo más común han sido los archivos o incluso la inadmisión a trámite de las iniciativas presentadas. En septiembre, una juez de Leganés rechazó estudiar una querella de familiares contra varios responsables de residencias de ancianos y consejeros de la Comunidad de Madrid.
La resolución supuso también un varapalo para los querellantes a los que acusaba de basarse en "conjeturas". Disculpaba al Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, hasta el punto de alegar que el covid 19 es una enfermedad de la que aún se desconocen sus efectos o que la falta de materiales de protección era "una carencia estatal".
Esta semana en cambio, la Fiscalía de Madrid anunciaba por primera vez la imputación por un delito de homicidio a la directora de una residencia de la capital por la muerte de una anciana con coronavirus que no fue derivada a un hospital. Con todo, la investigación relacionada con la pandemia hasta ahora más mediática fue la que afectó al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por su papel en torno a la convocatoria de la manifestación feminista del 8-M. El caso terminó archivado, pero los informes de la Guardia Civil también señalaban al ministro de Sanidad Salvador Illa y al responsable del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Vox, entre los querellantes
Los querellantes que han motivado ahora la decisión del Supremo son el partido político Vox, asociaciones como la Asociación de Abogados Cristianos, Asociación HazteOir.org, Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil), Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Asociación de Médicos Titulados Superiores, Central Sindical Independiente de Funcionarios (Cesif), Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, así como diversos particulares, además de un colectivo de 3268 personas.
[Fuente: Por Fernando Asunción, Vozpópuli, Madrid, 17dic20]
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