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30oct20


La trama de ERC cobró por gestionar el covid, extravió ancianos y tapó el escándalo


Las intervenciones telefónicas de la operación de la Guardia Civil contra el presunto desvío de fondos públicos a la estructura belga de Carles Puigdemont y la plataforma de Tsunami Democràtic han revelado que el Gobierno de Quim Torra recurrió a uno de los principales investigados, el exdirigente de ERC y empresario Xavier Vendrell, para gestionar la crisis desatada en las residencias de la tercera edad de Cataluña por el covid-19 durante los meses de marzo y abril.

Las escuchas desvelan ahora que la Generalitat provocó presuntamente el contagio de residentes sanos al mezclarlos con otros infectados, llegó a perder completamente el rastro de algunos residentes e impidió que muchos de los enfermos fueran tratados en hospitales. De las conversaciones, también se desprende que los líderes políticos catalanes maniobraron para que el caos de las residencias no solo no trascendiera a la opinión pública, sino que ni siquiera se informara a los familiares de los propios afectados.

Según las diligencias, el Gobierno catalán creó un comité de crisis sobre la situación de las residencias y dejó su liderazgo en manos de Xavier Vendrell, el exdirigente de ERC y empresario detenido este miércoles en Barcelona por la trama del 'procés' y delitos de corrupción urbanística, entre otros. La presencia de Vendrell en ese órgano se mantuvo en secreto porque, oficialmente, no ocupaba ningún puesto en el escalafón de la Generalitat, aunque las intervenciones telefónicas de la llamada operación Voloh han revelado que tenía hilo directo con el actual presidente autonómico, Pere Aragonès, y otros líderes de ERC, como la fugada Marta Rovira.

En paralelo a las gestiones de Vendrell para la Generalitat, la presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA, la patronal del sector), Maria Cinta Pascual, también recurrió a él en los peores momentos de la primera ola para encargarle la búsqueda de centros alternativos a los que poder trasladar a personas enfermas de covid-19. Por esa labor, Vendrell pactó que se le retribuiría con un salario de 5.000 euros mensuales, aunque cobraría este dinero a través de una de sus sociedades, llamada Fòrum 1406 SL, porque no quería que su nombre apareciera en ningún papel.

Las investigaciones que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona apuntan a que el comité de crisis del Govern debía coordinar la labor de las consejerías de Salud y Trabajo (las residencias de ancianos dependían, en un principio, de Trabajo), patronal y médicos. Vendrell solo puso una condición: que le permitieran montar su propio equipo, de seis personas, entre las que metió a Marta Molina, alias 'Mandela', una de las dirigentes de Tsunami Democràtic (manejaba un grupo de 120 personas formadas en guerrilla urbana) detenidas este miércoles.

Los seguimientos al empresario y ex alto cargo de ERC afloraron decenas de irregularidades en la gestión de la pandemia. En una de las escuchas, efectuada el pasado 2 de abril, Vendrell y Pascual comentaron que el Consorcio Sanitario de Barcelona, integrado en la red del Sistema Catalán de Salud, controlado por ERC, había trasladado a ancianos sanos a unas instalaciones que estaban ocupadas por residentes contagiados. "Han llevado a ancianos de una residencia a otra que eran negativos y como habían tardado en dar el resultado, aunque había dado negativo, ya se habían contagiado", contó Vendrell. En otro de los pasajes, el exdirigente de ERC confesó que los responsables de las clínicas encargadas de acoger a los ancianos enfermos desconocían la dieta de cada paciente e incluso la medicación. Algunos de los residentes llevaban varios días sin comer, se escucha en otra grabación. Vendrell también admitió que la gente estaba muriéndose en las instalaciones que él mismo estaba gestionando por "centenares".

Así, en otra intervención telefónica, Vendrell y sus interlocutores revelan que se perdieron ancianos en los traslados. El 4 de abril, el responsable de una mutua habló con Vendrell para comunicarle que se había perdido el rastro de una anciana de la residencia Marvi Park. Lo único que se sabía es que la habían trasladado a un hospital, pero nadie sabía exactamente a cuál. "Parece ser que nadie de la residencia de origen la ha acompañado y ahora no saben dónde está", dijo el responsable de la mutua. No era el único caso. "En Magic, me han dicho que tenían a otro abuelo en la misma situación. Que esta mañana o ayer también lo enviaron en ambulancia y no saben en qué hospital está ingresado. Y que no es solo un caso, que hay otro que procede de la misma residencia", explicó a Vendrell la misma persona.

El descontrol en la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales era de tal calibre que, el pasado 8 de abril, Torra optó por quitarle las competencias a este departamento, del republicano Chakir El Homrani, y traspasárselas a la Consejería de Salud, encabezada por Alba Vergés, del mismo partido. En otro audio, una responsable del Consorcio Sanitario, Montserrat Casamitjana, confiesa que tenía órdenes de trasladar a los hospitales y otros centros de atención sanitaria únicamente a los ancianos que tenían opciones de superar la enfermedad. "Cuando se ha cerrado la residencia Nova Alegría, se han quedado tres terminales y se han llevado a los otros", afirmó la gestora.

A Vendrell y los responsables de la Generalitat les preocupaba que estos episodios llegaran a los medios de comunicación. Ni siquiera se comunicaban los traslados a los familiares de los residentes, como reflejan varias llamadas del 3 de abril. También ese día, el antiguo cargo de CiU habló con la presidenta de ACRA sobre el caso de una mujer de 76 años que supuestamente había sido rechazada por el sistema sanitario catalán. "La cabeza la tiene bien, pero se morirá y ya está. Tiene 76 años, que no tiene 90, y no la derivarán", contó Pascual, justo antes de subrayar que la situación era dramática. "Salut no tiene cojones de decirlo", dijo la representante del sector, insistiendo de nuevo en el miedo que tenía la Generalitat a que llegara el escándalo a la población.

La Guardia Civil también detectó conversaciones de Vendrell con responsables de ERC. Por ejemplo, habló con Marta Rovira, la dirigente de ERC fugada en Suiza, y con el entonces vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, para quejarse de que el Departamento de Salud había "puteado" al de Trabajo, ya que El Homrani no podía hacer pruebas PCR porque no le asignaban médicos ni enfermeras. En otra conversación, reconoció a su interlocutor que en la cúpula de ERC estaban muy preocupados porque no tenían un equipo de gestión a la altura de la crisis. Su labor estaba siendo un desastre. Uno de los blancos predilectos de sus críticas era la consejera Vergés. Un tal Eduard, con el que habló Vendrell el 12 de abril, la atacó con insultos machistas. "Qué puercas las mujeres, qué puercas". Para entonces, ni siquiera se sabía cuántos ancianos se habían infectado, cuántos estaban sanos y cuántas camas quedaban libres.

Con todo, Vendrell nunca perdió su pulsión independentista. En esas mismas conversaciones, pidió al Govern que hiciese una compra masiva de test por dos motivos: "Uno, socioeconómico. Para salir de esta crisis, se han de hacer test a saco (…). Y segundo, porque políticamente es clave que salgan antes que España". "Cuando se dice que somos una nación, no hacerse el llorón por el número de mascarillas que han enviado [en relación con las críticas vertidas por el consejero de Interior, Miquel Buch, cuando el Gobierno español envió sus primeros dos millones de mascarillas a Cataluña], sino tener a la gente testada antes que nadie", sostuvo Vendrell. Para el responsable del grupo de crisis, era prioritario diferenciarse políticamente "de manera potente respecto al Gobierno español".

Asimismo, la Guardia Civil interceptó conversaciones de Vendrell con el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós, también de ERC. Vendrell llegó a ufanarse de que trabajaba "para dos autoridades: para Cinta y para Oriol Amorós". Los protocolos de la Generalitat era tan caóticos que Amorós montó una línea de compra de material sanitario paralela a la oficial, que se hacía a través de la empresa pública Logaritme. El propio Amorós calificó a los de esa empresa de operar "como una mafia".

Las grabaciones sobre la gestión de la pandemia están incorporadas al sumario junto a las de otros presuntos episodios de corrupción, como la recalificación de los terrenos de una finca del propio Vendrell en el Ayuntamiento de Cabrera de Mar (Barcelona), gobernado por Junts per Catalunya y ERC. El alcalde y el concejal de Urbanismo fueron detenidos este miércoles. También se rastrean operaciones presuntamente ilegales de David Madí, otro de los encausados, con diferentes organismos públicos controlados igualmente por el independentismo.

[Fuente: Por Antonio Fernández y José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 30oct20]

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