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06dic13


La Constitución es un fósil: se reforma o muere


¿Es legítima una Constitución que apenas ha votado el 23% de los actuales españoles? La pregunta puede parecer pertinente. Pero no lo es. Ni siquiera contribuye a entender la desafección creciente hacia la cosa pública. Como sostiene con sorna el economista Gabriel Tortella, "tampoco siguen vivos los americanos que votaron la suya [hace 226 años] y no pasa nada". La diferencia, sin embargo, estriba en algo esencial: la Constitución de EEUU lleva sobre sus anchas espaldas multitud de enmiendas y reformas. Y tampoco pasa nada. Sigue fresca como una lechuga.

En España, al contrario, la Carta Magna de 1978 -aprobada con la participación del 67,1% de los españoles- se ha fosilizado. No se ha tocado ni una coma salvo por mandato europeo (dos veces). El resultado es inquietante. Como sostiene el catedrático Muñoz Machado, "el inmovilismo comienza a ser el principal enemigo de la Constitución". Y no sólo eso. A modo de premonición sostiene que "la crisis institucional durará más que la económica".

No es un asunto menor. A los constitucionalistas les gusta recordar que en España, al contrario que en otros países, en vez de reformar la Constitución lo que se ha hecho es tirar el edificio abajo. Y eso explica que desde 1812 (sin contar el Estatuto de Bayona, que para algunos es un texto constitucional), se hayan promulgado ocho constituciones. La de 1978 es la más larga tras la del largo periodo de la Restauración. Pero nunca antes se habían producido las transformaciones sociales y demográficas que ha vivido España en los últimos 35 años.

Algunos datos lo ilustran. En 1981, censo de población más cercano a 1978, residían en España apenas 37,7 millones de españoles; y se puede decir 'españoles' con propiedad porque apenas 150.000 eran residentes extranjeros. Hoy la población asciende a 46,7 millones. Es decir, nueve millones más. Es como si la Constitución de 1978 no la hubieran votado ni los andaluces (la región más poblada de España) ni los cántabros. Aunque hay un dato probablemente tan significativo en términos sociales. Casi el 50% de la población (el 48,6%) vivía cuando se aprobó la Carta Magna en ciudades de menos de 50.000 habitantes. Una España, por lo tanto, muy diferente. También en costumbres, renta per cápita, hábitos sociales o relaciones personales.

Media España contra la otra media

¿La solución pasa por reformar la Constitución? Sí y no, responde el filósofo Javier Gomá. Y hace dos reflexiones. La historia de España ha demostrado nuestra incapacidad para tejer consensos. Y en demasiadas ocasiones "media España ha hecho constituciones contra la otra media".

Sin duda, por la escasa capacidad de renuncia que han acreditado los ciudadanos y los dirigentes políticos. Aunque en ocasiones, como en 1978, se haya producido "un cierto milagro" y los españoles fueron capaces de renunciar a los intereses particulares para que ganara el interés general. Esa es la clave de bóveda de la actual Carta Magna: que supo armonizar intereses contrapuestos.

Esa medicina, sin embargo, no es eterna. "La gente", dice el filósofo Gomá, continúa discrepando. Hay acuerdo en que el Gobierno tiene la culpa de casi todo, pero poco más. Y de ahí que, en su opinión, lo relevante sea la actitud de la ciudadanía.

La reforma de la Constitución no es un problema jurídico-formal, sino que, por el contrario, hay que situarla en el ámbito de la moral. Y cita unos versos de Rilke: "Tienes que reformar tu vida". Gomá juega con las palabras y plantea un viejo debate: "Hay que reformar las leyes, pero también hay que reformar a la ciudadanía". Es la hora, viene a decir, de una nueva educación sentimental que reivindique el valor de lo ejemplar.

O dicho en otros términos: "Le hemos dado a las leyes un poder taumatúrgico que no tienen, cuando lo importante es la actitud de los ciudadanos". Y una Constitución lo que debe hacer es precisar los "valores básicos". Si un país funciona no es por las leyes, "lo importante es la virtud de la ciudadanía, lo importante es que no se mire hacia otro lado cuando hay corrupción, lo importante es tener buen gusto que repugne el incumplimiento de las leyes".

El catedrático Muñoz Machado pasa de las musas al teatro. La Constitución no es que haya envejecido, es que al no haber puesto al día se ha olvidado de muchos derechos subjetivos que hoy reconocen las leyes, pero no la Carta Magna. Y cita la educación, la sanidad o la lucha contra la pobreza, parcelas "que afectan a la dignidad del hombre".

¿Qué quiere decir esto? Pues que políticas tan importantes -y que probablemente no fueron suficientemente evaluadas en 1978 por problemas presupuestarios- dependen en última instancia de forma discrecional del Gobierno de turno, que puede recortar a su antojo prestaciones esenciales. Continúan sin ser derechos subjetivos que los ciudadanos puedan reclamar ante los tribunales en aplicación del mandato constitucional. Lo curioso es que esa misma Constitución garantiza a los españoles cosas que no puede cumplir: una vivienda o un empleo. "Es", dice Tortella, "como si el Estado garantizara a los españoles un matrimonio feliz. Por eso, no se toma en serio la Constitución".

Cataluña y la Constitución

No sólo por eso ha envejecido la Carta Magna. Su aplicación ha demostrado, sugiere Muñoz Machado, que no hay realmente separación de poderes. Y lo que es igualmente preocupante. En ocasiones se ha intentado reformar la Constitución "por la puerta de atrás", como ha sucedido en el caso del Estatut de Cataluña hasta que el propio TC puso pie en pared.

El historiador económico Gabriel Tortella insiste en esa idea, y asegura que "si así se quería", habría que haber reformado la Constitución, toda vez que "la soberanía de Cataluña es incompatible con la España". No es posible, insiste, salvo que España fuera un Estado confederal. Y no lo es.

De nuevo, la España posible frente a la España de la quimera. Olvidando, como dice Tortella, que en 1978 hubo una gran voluntad de superar las dos Españas. Algo que ha hecho posible un indudable avance social.

El nivel de renta per cápita de 1978 era tres o cuatro veces el de 1936, y eso atemperó los enfrentamientos entre españoles. Una amplia clase media quería evitar a toda costa el enfrentamiento. Algo que explica la gran estabilidad que ha habido en España en los últimos 35 años.

Como dice Muñoz Machado, es verdad que el sistema autonómico tiene agujeros, tiene deficiencias, pero "habría que huir de los extremos para reformarlo". Ni una confederación, como reclaman algunos, ni un nuevo Estado centralista. Pero, en cualquier caso lo importante es que se cumpla. Y eso no siempre ocurre.

El profesor Tortella habla claro. "Yo no la voté", reconoce, pero "el problema es que no se cumple, tan sólo se acata". Y pone varios ejemplos: "Las banderas siguen sin ondear en muchísimos lugares del País Vasco y Cataluña y nadie dice nada". Tampoco hay cooficialidad en el uso de la lengua: "El castellano es cada vez más residual y ni siquiera la palabra 'calle' está rotulada en castellano; ni se pueden presentar documentos oficiales en una lengua que es cooficial".

Hay más. El artículo 155 no se aplica pese a que el Gobierno autonómico se niega a cumplir algunas leyes o sentencias judiciales, y ni siquiera se les apercibe. Se llega al extremo, dice desde la amargura, que se afirma en público que "la ley Wert no se va a cumplir en Cataluña" y "nadie" dice nada. "Me asombra", concluye, "el grado de pasividad ante tanto incumplimiento".

El filósofo Gomá no entra en cuestiones concretas. Pero sí tiene clara una cosa. "El patriotismo constitucional pasa hoy por renunciar de forma expresa a los intereses particulares para que salgan adelante los intereses generales". A lo mejor es el primer paso para reformar una Constitución fosilizada.

[Fuente: Por Carlos Sánchez, El Confidencial, Madrid, 06dic13]

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