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17jul06
El gobierno pretende "reparar la dignidad y restituir la moral" de las víctimas de la Guerra Civil.
El PP y las fuerzas de izquierdas esperan con recelo la propuesta que busca restituir la moral de las víctimas del franquismo y la guerra civil. Izquierda Unida reclama la anulación de las sentencias de los juicios de la dictadura.
El Gobierno tiene previsto aprobar el próximo viernes el proyecto de ley de la memoria histórica, una iniciativa largamente postergada que levantará ampollas. El texto, con el que el Ejecutivo pretende "reparar la dignidad y restituir la moral" de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, ha sido elaborado por una comisión interministerial bajo la batuta de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Los grupos parlamentarios aún no lo conocen pero tanto los situados más a la izquierda hasta los representantes de la derecha avisan de que generará polémica.
La negativa del Partido Popular a aceptar esta propuesta está cantada. A su juicio, los socialistas han entrado en una carrera por revisar la historia de España y construir una "nueva verdad oficial", que "liquide" el pacto constitucional de 1978. Sin embargo, el primer partido de la oposición no será el único que ponga las cosas difíciles al Gobierno. Esquerra Republicana de Catalunya espera con las uñas afiladas un texto que prevé "insuficiente" e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya asegura que plantará batalla si, como teme, no ve cumplidas sus expectativas.
El Ejecutivo ha sido extremadamente discreto en la elaboración de la ley, que sabe polémica de antemano. De hecho, los recelos de las dos fuerzas de izquierdas - aliados preferentes del Gobierno hasta el debate del "Estatut"- se deben a que, hasta la fecha, no se han puesto en contacto con ellas para avanzarles su orientación. Su principal temor es que no se anulen las sentencias de tribunales de guerra y los juicios sumarísimos que llevaron al paredón o impusieron largas penas de cárcel a republicanos y opositores al régimen. Eso y, en el caso de ERC, que no se dé reconocimiento de "víctima" a determinados colectivos, como los masones.
En el PSOE reconocen que existen "enormes dificultades jurídicas" para revisar aquellas actuaciones. El propio ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, presentó en su día un informe ante el Consejo de Ministros en el que advertía de ello, aunque Fernández de la Vega aseguró que se explorarían todas las vías posibles. En cualquier caso, tanto Esquerra como Iniciativa aseguran que lo que les ha llegado a través de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica con las que se ha reunido el Gobierno es "poco halagüeño". Si es así, avisan, "haremos lío".
Temores
Ante este panorama, la bronca está servida. Y eso es justo lo que trataba de evitar el Ejecutivo al postergar una y otra vez, durante casi dos años, la presentación del proyecto. Según fuentes gubernamentales, tanto el texto legislativo como los informes que lo acompañan llevan meses en un cajón y si no habían salido a la luz -pese a las reclamaciones de algunas fuerzas parlamentarias- es porque no se había encontrado el momento político adecuado para desempolvarlo. Aún ahora hay quien -tanto en el PSOE como en el Gobierno- considera que este debate es inadecuado y reabrirá, de forma innecesaria, heridas cerradas durante la Transición.
En cualquier caso, parecía imposible esperar más. El Gobierno ha incumplido una y otra vez, desde junio de 2004, los plazos a los que él mismo se había comprometido. El 31 de mayo, durante el debate sobre el estado de la nación, Zapatero garantizó por última vez que la ley de Memoria Histórica llegaría al Parlamento en "dos, tres o cuatro semanas". No fue así, llega cuando el Congreso ya está cerrado por vacaciones y su tramitación no comenzará hasta el próximo período de sesiones. "Si lo que pretendían era no hacer ruido para no dar pie al PP a armar jaleo-dice el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera- se han equivocado: el 18 (dos días antes de que el Consejo de Ministros le dé el visto bueno) es el 70 aniversario del golpe de Estado que acabó con la República y eso hará que se le dé más importancia".
El jefe del Ejecutivo ya ha preparado el terreno. Este viernes, en una entrevista en Punto Radio, defendió que España está ya preparada, tras 30 años de democracia, para mirar al pasado con "perspectiva y generosidad" como han hecho otros muchos países. "No vamos a resucitar a nuestros muertos -defendió- vamos a hacer que las personas tengan la oportunidad de saber dónde están sus familiares".
Aún así, de aquí a que el debate real de la ley se produzca pasará un tiempo. El proyecto debe ser analizado por la comisión Constitucional del Congreso; una comisión a la que se le acumula el trabajo. En cola están, por orden de llegada, el Estatuto de Andalucía, el de Baleares y el de Aragón y, además, la no poco compleja reforma de la ley de financiación de partidos políticos que los socialistas quieren abordar de manera inminente.
[Fuente: Agencia Colpisa, Heraldo de Aragón, Zaragoza, 17jul06]
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