EQUIPO NIZKOR |
|
13feb07
El Tribunal Supremo pone la libertad a De Juana en manos del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba
Iñaki de Juana Chaos tiene pie y medio en la calle. La decisión del Tribunal Supremo de reducir de doce a tres años la condena que la Audiencia Nacional le había impuesto por las amenazas vertidas en dos artículos publicados en el diario Gara deja la puerta abierta al Ministerio del Interior para que en las próximos semanas ponga en libertad al etarra. Según las fuentes penitenciarias consultadas por El Confidencial, Alfredo Pérez Rubalcaba tiene sobre la mesa tres opciones, dos de las cuales pasan, precisamente, por la excarcelación del recluso.
La primera es que la Junta de Tratamiento del centro penitenciario donde está adscrito para cumplir la condena -en este caso Madrid VI, en la localidad de Aranjuez- clasifique al recluso en tercer grado en virtud de los informes médicos que destacan el grave estado de salud del etarra y de que, además, ya ha cumplido como preventivo la mitad de la pena que finalmente le ha impuesto el Tribunal Supremo. De este modo, De Juana accedería a la libertad condicional y sólo tendría que acudir periódicamente a una comisaría o, si persiste en su enfermedad, que miembros de las Fuerzas de Seguridad acudan al lugar donde se encuentre a verificar que no ha huido.
Sin embargo, esta opción cuenta con un inconveniente: el director de esta cárcel -y, por tanto, quien preside la Junta de Tratamiento que tiene que decidir su clasificación- es precisamente uno de los funcionarios de prisiones que acudió a declarar en el juicio al ser uno de los destinatarios de las amenazas. Fuentes penitenciarias apuntan a que este problema puede ser obviado con un cambio a otro centro penitenciario. "La Junta propone, pero debe ser finalmente [la directora general de Instituciones Penitenciarias] Mercedes Gallizo la que tome la decisión", señalan estas fuentes para recalcar que de todos modos "la pelota está en el tejado del Gobierno".
El ‘programa Vera’
La segunda opción en manos de Interior es clasificar al recluso en segundo grado e incluirle en un programa individualizado de tratamiento. Este fue el mecanismo que en su momento utilizó el Gobierno para excarcelar al ex secretario de seguridad, Rafael Vera -de hecho, entre los funcionarios, recibe el coloquial nombre de programa Vera- y al periodista de Al Yazira Taysir Alony. Para ello, el departamento de Pérez Rubalcaba debe ampararse en el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario que permite que presos que están clasificados en segundo grado puedan disfrutar de los beneficios de otros regímenes carcelarios más benévolos por "razones humanitarias".
Entre éstos se encuentra no tener que pernoctar en prisión, siempre y cuando se someta a un control telemático mediante una pulsera, un sistema que en España se empezó a implantar en 2001 y que actualmente alcanza aproximadamente a un millar de reclusos, aunque ninguno es de ETA. Las fuentes penitenciarias consultadas creen que si De Juana es incluido en este programa, se abriría la puerta a que en el futuro otros reclusos de la banda armada pudieran verse beneficiados con el mismo.
La tercera opción que tiene sobre la mesa el ministro del Interior es obligar a De Juana a cumplir íntegra la condena de tres años, lo que retrasaría su excarcelación hasta el agosto de 2008. Sin embargo, todas las fuentes consultadas por este diario descartan esta opción. De hecho, como ya adelantó El Confidencial el pasado 1 de febrero (ver noticia), el propio Pérez Rubalcaba, en la última rueda de contactos que mantuvo con los portavoces de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, mostró a varios de ellos su esperanza en que el Supremo rebajase la pena al etarra y abrir así la posibilidad de que Interior flexibilizase su situación penitenciaria. "Otra cosa es que, con una elecciones a la vista, Rodríguez Zapatero se atreva", apuntaban entonces a este diario fuentes políticas.
Cinco horas de deliberación
La decisión de rebajar la condena a De Juana fue adoptada por el pleno del Tribunal Supremo después de reunirse ayer durante tres horas por la mañana y otras dos por la tarde, según informa la agencia Efe. Los miembros del Alto Tribunal realizaron varias votaciones en una reunión que fuentes jurídicas consultadas calificaron de "problemática" y en el transcurso de la cual varios magistrados se inclinaron por la absolución mientras que otros se pronunciaron a favor de elevar la condena a 96 años de cárcel.
El Supremo anunció ayer el fallo, pero esperará a los próximos días para notificar la sentencia en la que expone las razones que le han llevado a tomar esta decisión. El acuerdo alcanzado por el pleno supone imponer a De Juana una pena menor incluso que la solicitada por la Fiscalía, que solicitó que se mantuviera la condena de la Audiencia Nacional pero que, alternativamente, se mostraba dispuesta a aceptar una condena de cuatro años de prisión si se apreciaba que incurrió en un delito de coacciones en concurso con otro de enaltecimiento del terrorismo.
Los magistrados han dado prioridad al recurso debido a las penosas condiciones de salud en que se encuentra el etarra, sometido a alimentación forzosa tras 99 días en huelga de hambre. La pena de 12 años y 7 meses impuesta inicialmente por la Audiencia Nacional por un delito de amenazas terroristas con la agravante de reincidencia había sido tachada de "desproporcionada" desde ámbitos jurídicos de la máxima solvencia e incluso el propio tribunal de la Audiencia que la impuso dijo que, en efecto, podía parecerlo así. En sus artículos, De Juana dirigió descalificaciones e insultos contra el presidente de la Sala de lo Penal y cinco directores de prisiones, a los que conminó a sacar "vuestras sucias manos de Euskadi" o el futuro demostraría "que os quedasteis sin ellas".
[Fuente: El Confidencial, Madrid, Esp, 13feb07]
 | This document has been published on 13Feb07 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |