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23sep21


Bruselas pide a los estados miembros que garanticen preguntas en ruedas de prensa


La Comisión Europea ha pedido a los estados miembros que garanticen que las autoridades y los organismos públicos permitan a los periodistas formular preguntas en la comparecencias de prensa y que los medios de comunicación puedan acceder a documentos en poder de aquéllos «de fácil acceso por vía electrónica».

Ésta es una de la treintena de propuestas que plantea el órgano ejecutivo de la UE en la recomendación adoptada el pasado 16 de septiembre para garantizar la protección, la seguridad y el empoderamiento de los periodistas. La resolución lleva la firma de Thierry Breton -comisario europeo de Mercado Interior- se ha publicado esta semana en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

En concreto, la iniciativa se desarrolla en el bloque relativo al ‘Acceso a instalaciones y fuentes de información’, uno de los 18 en que se estructura la declaración comunitaria. Ésta establece directrices para que los países adopten «medidas efectivas, adecuadas y proporcionadas» que ayuden a reforzar la libertad de prensa y el pluralismo de los medios de comunicación y que los periodistas puedan ejercer la profesión «de manera segura y eficaz».

«Los estados miembros deben garantizar que las autoridades y los organismos públicos creen condiciones y procedimientos transparentes, justos y no discriminatorios para que los periodistas y los otros profesionales de los medios de comunicación estén presentes y formulen preguntas en conferencias de prensa y eventos similares, así como para permitirles acceder a documentos y otra información en poder de autoridades y organismos públicos, incluso a través de medios digitales. Las instituciones públicas deben contar con puntos de contacto claramente identificables para obtener documentos de fácil acceso por vía electrónica», detalla el documento.

Críticas de periodistas

La imposibilidad de poder realizar preguntas o repreguntas en comparecencias de prensa ha generado en los últimos años severas críticas al Gobierno por parte de informadores y asociaciones de periodistas, que consideran inaceptable esta práctica por la falta de transparencia que conlleva y el obstáculo que supone a la hora de elaborar información veraz para la ciudadanía.

Uno de los ejemplos más cercanos en el tiempo tuvo lugar el pasado 10 de julio, cuando Pedro Sánchez compareció para anunciar los cambios en su gabinete tras llevar a cabo una importante remodelación en el área socialista del gobierno. El jefe del Ejecutivo optó por una declaración institucional sin la presencia de los periodistas y sin posibilidad de que se le formulasen preguntas, ni siquiera por vía telemática.

Fue el formato que eligió a finales del pasado mes de enero para anunciar que Carolina Darias asumía Sanidad en sustitución de Salvador Illa -al presentarse éste como cabeza de cartel del PSC en las elecciones catalanas celebradas el pasado 14 de febrero- y que colocaba a Miquel Iceta al frente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública al cambiar de cartera la socialista canaria. Sánchez ha pasado en unos años de criticar a Mariano Rajoy por «parapetarse» tras un plasma a no admitir preguntas de la prensa, lo que también ha merecido los reproches de los grupos de la oposición.

Las críticas al Gobierno arreciaron durante la fase inicial de la pandemia por el sistema utilizado por Moncloa para llevar a cabo las ruedas de prensa en las que se ofrecía información sobre la evolución del coronavirus. El entonces secretario de Estado de Comunicación escogía y filtraba las preguntas formuladas previamente por los periodistas, que no podían repreguntar.

Ello motivó que más de 300 profesionales de la información firmasen un manifiesto -titulado La libertad de preguntar– en el que pedían la modificación del procedimiento en aras de la transparencia y del ejercicio pleno de la libertad de prensa a fin de garantizar que los medios de comunicación pudieran realizar su función «sin mordazas y sin dificultades añadidas». Días después, Moncloa rectificó y permitió que los informadores pudieran preguntar en directo de forma telemática.

La Comisión Europea insta ahora a los estados miembros a garantizar que los organismos públicos dispongan lo necesario para que los periodistas no sólo estén presentes en las conferencias de prensa sino que además puedan preguntar al compareciente a fin de poder desarrollar su trabajo de manera «eficaz».

La recomendación defiende también que los procedimientos administrativos para acceder a documentación pública «no sean engorrosos» y que las solicitudes de acceso a información «se procesen sin demora innecesaria». «Los estados miembros deben garantizar que las decisiones de denegación de acceso a documentos o información estén debidamente justificadas. Las decisiones de los tribunales nacionales sobre causas relacionadas con el acceso a información deben ejecutarse rápidamente», señala.

Trabajo «sin restricciones»

En España, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) -la autoridad independiente que vela por el cumplimiento de la Ley de transparencia en las entidades públicas- afea en ocasiones a organismos ministeriales o autonómicos por invocar de manera genérica límites de acceso a la información cuando la doctrina del Tribunal Supremo fija que aquéllos deben interpretarse «de forma estricta, cuando no restrictiva».

Igualmente, el documento insta a los estados a reconocer el papel de los periodistas en las reuniones públicas, las protestas y las manifestaciones como proveedores de información a la sociedad y a garantizar que puedan trabajar «de forma segura y sin restricciones» en dichas convocatorias; a favorecer la igualdad y la inclusión en las redacciones, así como a asegurar que se aplique la normativa europea sobre la confidencialidad de las comunicaciones para evitar que los profesionales de la información puedan ser objeto de seguimiento o vigilancia ilegales en línea.

De igual manera, la Comisión Europea considera necesario que se refuercen las «medidas de protección» de los profesionales que trabajan en cuestiones relacionadas con la delincuencia organizada y la corrupción. Esta propuesta se formula dos meses y medio después del asesinato en pleno centro de Amsterdam de Peter R. de Vries, un reportero neerlandés famosos por sus investigaciones sobre el crimen organizado que recibió un balazo en la cabeza el pasado 7 de julio. Murió ocho días después.

Año y medio después de adoptar las medidas encaminadas a cumplir las recomendaciones propuestas ahora, los estados deberán proporcionar a la institución comunitaria la información para que ésta pueda realizar el seguimiento. «Para eso, deberán recabar periódicamente datos actualizados y coherentes y desarrollar herramientas de notificación para obtener información comparable, cuando corresponda», apostilla.

[Fuente: Por Antonio Salvador, El Independiente, Madrid, 24sep21]

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