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19sep14

El Parlament aprueba la ley de consultas

Los independentistas catalanes ya tienen, provisionalmente, el instrumento para poder convocar de manera oficial un referéndum: la Ley de Consultas, que en un pleno extraordinario aprobó este viernes el Parlamento catalán con los votos a favor de CiU, ERC, PSC, ICV y CUP. Sólo PP y Ciutadans se opusieron. En total, 106 votos a favor y 28 en contra. De Escocia (fue convocado el pleno precisamente el día después de la consulta del Reino Unido para aprovechar los beneficios si hubiese salido el sí), ni el eco.
Ahora sólo falta su publicación en el Diario Oficial para que Artur Mas convoque el referéndum del 9 de noviembre y, acto seguido, ser recurridas tanto la propia ley como la convocatoria por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.
Pero lo que ha hecho esta iniciativa parlamentaria añade más confusión a la ya de por sí confusa coyuntura de Cataluña. Se da la circunstancia de que el bloque soberanista pidió permiso al Congreso de los Diputados en abril pasado, para poder celebrar el referéndum. Ya estaba decidida la pregunta a realizar y la fecha de la consulta. Pero la figura del referéndum es competencia exclusiva del Gobierno central. Nadie más puede convocarlos salvo si recibe su permiso. Y Madrid no deja que la Generalitat lo haga: el Congreso dijo no.
Legalmente, por tanto, tiene razón el Gobierno central diciendo que se vulnera la ley si se convoca un referéndum. Lo curioso, sin embargo, es que Artur Mas hizo aprobar este viernes la Ley de Consultas no Referendarias y en ella incluye la convocatoria del 9 de noviembre con la misma pregunta del referéndum. El propio líder del PSC, Miquel Iceta, le subrayó a Mas esta contradicción en el reciente debate de política general, celebrado el martes.
Pero en esta guerra todo vale. El relator de la Ley, Josep Rull, diputado y coordinador general de Convergència, destacó en la presentación del texto ante el Parlament que "la ley no era sólo para poder realizar la consulta el 9 de noviembre, sino que ha de ser un instrumento para dotar de margen a la Generalitat y a los Ayuntamientos para poder realizar políticas públicas". Para Rull, además, se pretende desplegar el artículo 122 del Estatuto y el texto serviría no sólo para consultas no referendarias, "sino para tener otros instrumentos de participación"
Éste es, precisamente, uno de los puntos más duramente atacados por el PP. El portavoz adjunto popular, Santi Rodríguez, señaló que "uno de sus títulos trata disimuladamente de introducir referéndums, porque hablan de otras formas de participación. Pero con esta ley no se pueden formular las preguntas que se quieren formular. No es competencia de la Generalitat preguntar sobre la independencia, porque no somos 7 millones, sino 47 millones las personas afectadas por la pregunta que ustedes quieren hacer el 9 de noviembre". Justificó, así, el no del PP a la ley diciendo que "queremos evitar que utilicen la ley de consultas no referendarias para hacer un referéndum".
Un "proceso torpe"
El socialista Ferran Pedret, por su parte, argumentó el sí del PSC a la ley pero advirtió que esta norma "no es el ámbito en el que debe encuadrarse la consulta del 9 de noviembre" y subrayó que el principio democrático incluye el respeto a las mayorías y a las minorías, pero también "el respeto a las leyes". Pedret calificó el proceso catalán de "torpe y contraproducente" y criticó a los que "lo condujeron por ese camino e hicieron imposible una solución política negociada y pactada".
Acusó a unos: "La mayoría no buscó una solución, sino que se convocase sólo el referéndum. El proceso no se diseñó para cargarse de razones, sino para que todos se sumasen incondicionalmente a la estrategia del independentismo. Pero nosotros no seremos los tontos útiles del independentismo". Y acusó a los otros: "Si alguien ha trabajado incansablemente por el independentismo, han sido los miembros del Gobierno del PP. Porque señores como Margallo o Wert, por ejemplo, no se cansan de insultarnos y de laminar la autonomía".
Más duro fue Albert Rivera, líder de Ciutadans. Lamentó que "nosotros queríamos hoy que se votase una comisión de investigación sobre el caso Convergència o caso Pujol, pero el todo por la patria de CiU y ERC lo ha impedido". Rivera aseguró que "este debate es de valores constitucionales y democráticos, no un debate jurídico".
Y reveló que cuando su partido quiso interponer enmiendas al articulado de la ley (C's no participó en la ponencia) "nos dijeron que era una ley para dar cobertura a un referéndum que pretendía separar a Cataluña de España. Por eso nos echaron atrás todas las enmiendas que pretendían que los artículos de la ley se ciñesen al ámbito autonómico".
En términos similares se expresó el popular Santi Rodríguez. "Su primer argumento -dijo dirigiéndose a la bancada de los independentistas- es que la soberanía es única y exclusivamente de los ciudadanos de Cataluña y de este Parlamento. Y es cierto que este Parlamento es soberano… pero dentro de sus competencias. Recuerden que el TC ha suspendido la declaración de soberanía de esta cámara [se refiere a la de enero del año pasado]. Es el primer aviso de que no pueden convocar este referéndum".
Rodríguez criticó también a Mas por su argumento de el Consejo de Garantías Estatutarias declaró la constitucionalidad del texto. Le recordó que de los nueve miembros sólo votaron a favor cinco, que eran los consejeros que representaban a CiU y ERC. Los de PSC, PP e ICV votaron en contra. "Estamos en un nuevo acto de este drama. Ustedes acostumbran a confundir a la opinión pública con eufemismos. Ahora ya no es el derecho a decidir, sino que le llaman consultar, pedir la opinión". Y dirigiéndose al líder de ERC, Oriol Junqueras, le espetó que "estamos en democracia. Y en democracia, las leyes se cambian votando, no desobedeciendo", aludiendo al llamamiento a la desobediencia realizado hace unos días por el líder republicano.
Constitucionalidad de la norma
La republicana Gemma Calvet, por su parte, enfatizó que "hoy es un día histórico para Cataluña y para el Estado español. La ley es una herramienta legislativa propia que es plenamente constitucional". Calvet dijo que "se han probado todas las vías previstas por la Constitución y no hubo acuerdo porque el Gobierno español no lo quiso. Nos queda la Ley de Consultas no Referendarias, avalada por el CGE". Y clamó por interpretar con amplitud de miras la Constitución para permitir el texto.
Calvet subrayó que "las leyes pueden ser un laberinto, pero si son un callejón sin salida fracasa". Aun así, afirmó que "hoy aprobamos una ley plenamente constitucional". Y se dirigió al PP y al Gobierno español: "Retiren ustedes las amenazas de recurso ante el Constitucional. Ésta es nuestra ley y es nuestra consulta. La queremos hacer y no les hemos de pedir permiso, porque tenemos la Constitución y el Estatuto. Tenemos la legitimidad democrática".
En su turno como representante de CiU, Josep Rull, reiteró que el 80% de los catalanes quieren votar, indiferentemente de lo que finalmente voten. Y se quejó: "El Gobierno español ya anunció que pondrá en marcha todos los mecanismos sin excepción para impedir la consulta. Antes incluso de saber qué dice la ley, ya dicen que la impugnarán. Una ley que no vulnera ni tiene intención de vulnerar la Constitución". "Hay una obsesión para impedir que los catalanes podamos opinar", se quejó.
El dirigente convergente retomó luego el tono épico que Artur Mas imprime a sus intervenciones sobre el proceso: "No pediremos permiso ni perdón. Queremos decidir nuestro futuro. No es ninguna quimera. Queremos estos derechos porque los catalanes sabemos como nadie qué es no tenerlos", enfatizó. Y acabó citando a Víctor Hugo: "Ningún ejército puede parar una idea a la que ya ha llegado su hora. Una inmensa mayoría de catalanes decidimos que ha llegado la hora de la democracia y de la libertad y por eso somos, seremos, imparables".
Durante las intervenciones, hubo continuas alusiones a PP. Al final del debate, y antes de las votaciones, el popular Santi Rodríguez tomó la palabra unos instantes por alusiones. "No admitimos esta superioridad moral atribuyendo la exclusividad la de democracia y la catalanidad que hacen muchos de los diputados de esta cámara. Los 19 representantes del PP somos tan demócratas y catalanes como los que más y los 475.000 catalanes que nos dieron sus votos también. Sepan que no admitimos que haya catalanes de primera y de segunda. Todos somos iguales de catalanes. ¡A ver si lo respetan y lo entienden!"
[Fuente: Por Antonio Fernández, Barcelona, El Confidencial, Madrid, 19sep14]

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