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17sep14
Torres-Dulce convoca a los fiscales de Cataluña para coordinar la 'aplicación uniforme' de la ley ante la consulta del 9-N
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se reunirá mañana en Madrid con los fiscales de Cataluña para hablar de la consulta soberanista y coordinar una respuesta común en el caso de que las instituciones catalanas no acaten la probable suspensión del referéndum: "Obviamente, se trata de la base fundamental del criterio de aplicación uniforme de la ley que nos exige la Constitución", ha dicho sobre el encuentro que ha convocado. Será "una puesta al día de todos los asuntos" catalanes, "no sólo de la consulta".
Torres-Dulce, que ha dado una conferencia en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao con motivo de su 25º aniversario, ha asegurado que "evidentemente la reunión que tendremos en la Fiscalía General del Estado tiene que ver con la necesidad de escuchar a los fiscales jefes y al fiscal superior de Cataluña en asuntos obvios, que están en la notoriedad política", y otros que también están en marcha y que afectan a la comunidad autónoma. "Mi obligación como fiscal general del Estado es estar a pie de obra, consultar y escuchar las opiniones de los fiscales que representan las jefaturas para poder luego tomar las decisiones que haya que tomar si se tienen que tomar".
¿En qué términos aplicaría la Fiscalía el Código Penal si Cataluña celebra finalmente la consulta el 9 de noviembre en contra del probable veto del Tribunal Constitucional? "Si se produjera una suspensión de la ley de consultas y del decreto de convocatoria y se persistiera en algún ámbito en negar la efectividad de un mandato legítimo y constitucional, la actuación del Ministerio Público no puede ser otra que la sujeción a la legalidad, y la legalidad en ese caso podría estar en el campo del Derecho penal".
Aun así, ha querido mostrarse "seguro" de que no va a haber actuaciones "fuera del ámbito estrictamente de la obediencia democrática a los mandatos del Tribunal Constitucional" y "que, por tanto, no será ni exigible ni aplicable el campo del Código Penal". "Pero como podrá comprender", le ha replicado a un periodista, "ningún fiscal general del Estado vale para cualquier actividad pública o privada cuando si hay un hecho que es encuadrable en una conducta sancionada en el Código Penal pueda permanecer ajeno a la misma. Eso se llama pura y simplemente prevaricación". "O aceptamos el Estado de Derecho o nos situamos a extramuros de él", ha aseverado.
'Los jueces tendrán que actuar'
Torres-Dulce no ha querido detallar a qué delitos podría enfrentarse quien desobedeciera el hipotético mandato del Constitucional: "Cuando se produzcan las actividades que pudieran ser delictivas, entenderemos las actuaciones procedentes. No sé uno, si se van a producir; dos, cómo se van a producir. Por lo tanto, anticipar la respuesta es un ejercicio de ciencia ficción. Y estoy seguro, absolutamente seguro, de que no se va a producir, y deseo que no se produzca. Si se produjera alguna actividad que pudiera ser encuadrada en el Código Penal, naturalmente no sólo los fiscales, los jueces tendrán que actuar, pero vale para esto y para cualquier acto de la vida. Las leyes se dan para todos".
"Lo que no podemos hacer", ha apostillado el fiscal general, "es que se suspende por las razones que sean parte de la aplicación de las leyes que nos hemos dado a nosotros mismos". El Ministerio Público, ha añadido, debe esperar a que se produzcan esas actuaciones que pudieran ser delictivas, y entonces actuaría la Fiscalía "y no sólo" ella, sino que también podría caber "la actuación de oficio por parte de los jueces", aunque no sea muy habitual, ha remarcado.
[Fuente: Por Leyre Iglesias, Bilbao, El Mundo, Madrid, 17sep14]
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