Equipo Nizkor - El Govern deja sin defensa en un juicio a varios mossos heridos por activistas independentistas.

La Generalitat ha retirado la acusación contra siete manifestantes independentistas acusados de causar disturbios y lesiones leves a varios mossos d'esquadra durante las protestas por la investidura fallida de Puigdemont el 30 de enero de 2018. Esta decisión, comunicada al tribunal el mismo día que arrancaba el juicio, ha forzado al presidente de la sala a aplazar el mismo, dando dos semanas a las víctimas a buscar nuevos abogados y procuradores; si quieren proseguir con el proceso.

La decisión, confirmada por fuentes del Govern, reafirma el nuevo camino emprendido por el ejecutivo de Pere Aragonès que se comprometió tras un acuerdo con la CUP a retirarse de la acusación particular – en personación de los Mossos d’Esquadra lesionados - en aquellas causas que afectara a manifestantes independentistas siempre y cuando se cumplieran dos condiciones: que no se pudieran acreditar las lesiones de los agentes, y que no se pudiera identificar a los causantes de esas lesiones.

Al inicio del juicio este mismo jueves, el abogado de la Generalitat anunció que se retira como acusación particular por orden directa de la conselleria de Interior: “El criterio de nuestra actuación era la existencia de lesiones y en este momento no se puede determinar su autoría”. Obviando, que en el proceso hay cinco agentes lesionados a quienes el Govern ha renunciado defender con lo que se incumpliría uno de los requisitos anunciados para retirar la acusación. Uno de los agentes sufrió una contusión en la escápula izquierda; otro sufrió una contusión en el hombro derecho; un tercero tuvo contusiones en un hombro, una mano, un muslo y una pierna; otro una contusión en los genitales y en un hombro; y un quinto sufrió una cervicalgia postraumática.

Los letrados de la conselleria de Interior solicitaban antes de ser obligados a retirarse de la causa una pena de 2 años de cárcel por atentado y desórdenes públicos. La Fiscalía, por su parte, que sí mantiene la acusación, solicita una pena de 3 años de prisión para los siete acusados por los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y un delito leve de lesiones.

Los argumentos de Interior

La conselleria de Interior trató este jueves de salir al paso de la polémica asegurando en declaraciones a La Vanguardia de uno de sus responsables que "no se ha cambiado ninguno de los criterios" defendidos hasta ahora en procesos por desórdenes públicos. Y haciendo referencia al "Estado de Derecho", ese mismo responsable político ha puntualizado que "sino se pueden identificar a los autores, no se puede acusar a nadie". Y que esa era la única razón por la que se retiraban de la causa y lo harán en todas las siguientes que reúnan las mismas condiciones.

Sin embargo, los propios informes presentados por los abogados de Interior durante la instrucción sí identifican a los acusados a los que si atribuyen acciones concretas contra la policía. Un ejemplo: "José Antonio V. se abalanzó contra el agente del cuerpo connúmero de carnet profesional X y trató de quitarle la defensa personal, aunque no lo consiguió". De ese mismo acusado, se relata como agarra por la solapa a un cabo, cierra el puño para propiciar un puñetazo a otro agente, que logra esquivar. Y así sucesivamente con el resto de acusados. El mismo responsable político insistió en que el puñetazo "nunca se llegó a dar" y que no se había acreditado en el atestado que ni ese ni el resto de acusados fueran responsables de algunas de las lesiones denunciadas por los policías durante su labor policial aquella manifestación.

Profundo malestar en los Mossos

En cualquier caso, la medida de Interior, detallada este jueves en una información de El País que aporta los distintos escritos que recogen el cambio de criterio de última hora, ha provocado un profundo malestar entre los mossos, desde los agentes a los mandos, pasando por prefactura, que aseguran haber sido "engañados una vez más". No hace ni un mes, centenares de policías salieron a la calle a exigir "amparo" del Govern y para reivindicar que se mantuviera el derecho de ser defendidos por los letrados de la administración en actuaciones en las que pudieran resultar lesionados.

Tras esa manifestación, fueron varias las declaraciones de los responsables tanto de la Conselleria, empezando por su titular Joan Ignasi Elena, como el propio Pere Aragonès mostrando el "apoyo sin fisuras" a los Mossos d'Esquadra. Un apoyo que se reiteró coincidiendo con los acuerdos por incrementar el techo de la plantilla o ahora con la jubilación anticipada para los policías catalanes. "¿Qué clase de apoyo es retirarse en el último momento sin dar margen a los policías de buscar un nuevo abogado a tiempo o, peor todavía, pedir a los mossos lesionados que prescindan voluntariamente de la defensa de Interior?", explicó uno de los responsables de los mossos afectados por la medida.

El decontento no es ajeno a los propios letrados de Interior que ya no firman el último de los escritos presentados ante la sala que este jueves ha suspendido el juicio. El texto lo firman desde el gabinete jurídico de la Generalitat, para evidenciar la disconformidad con la decisión.

El tribunal ha dado ahora 15 días naturales a los mossos lesionados para que se busquen nuevo abogado y después podría volver a señalarse nueva fecha para celebrar la vista. Las defensas de los acusados han protestado por el retraso al considerar que la Generalitat no representaba formalmente a los agentes y que éstos debían haberse personado anteriormente con abogados particulares.

Esta no es la primera vez que los letrados de la Generalitat cambian de criterio en un juicio por desórdenes públicos. El último fue contra los denominados nueve de Lledoners, donde Interior ordenó a los letrados retirar la acusación por desórdenes en mitad del juicio. Antes, los letrados recurrieron una sentencia contra el activista Marcel Vivet que había dado la razón a los letrados de la administración catalana.

Sobre la mesa de los servicios jurídicos de Interior hay todavía una larga lista de juicios pendientes por desórdenes en los que los letrados han presentados escritos en los que acusan por atentados, desórdenes y en algunos casos lesiones contra agentes de la policía catalana. Falta ver si como en el juicio de este jueves, la Generalitat se retira en el último momento.

El Ejecutivo catalán anunció que revisaría una treintena de causas contra manifestantes para dirimir si mantiene o no su acusación, y que se retiraría de aquellas en las que no se pudiera acreditar lesiones a los mossos o el autor de las mismas, de manera que no se personaría en procesos instruidos únicamente por desórdenes públicos. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, aclaró que aplicaría un criterio "distinto" al de "etapas anteriores" y lo desvinculó de cualquier negociación política.

El que fuera conseller de Interior y diputado del grupo socialista Units per Avançara, Ramon Espadaler, ha solicitado este jueves la comparecencia del secretario general del departamento, Oriol Amoròs, en la comisión de Interior para dar explicaciones de lo sucedido este jueves en la Audiencia de Barcelona. Este viernes arranca en el Parlament de Catalunya la comisión que debe analizar y debatir sobre el nuevo modelo policial.

25nov21

El Govern deja sin defensa en un juicio a varios mossos heridos por activistas independentistas

[Fuente: Por Toni Muñoz y Mayka Navarro, La Vanguardia, Barcelona, 25nov21]

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