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15oct21
Los encausados por el Tribunal de Cuentas empiezan a aportar su patrimonio personal
Los encausados por la acción exterior en el Tribunal de Cuentas iniciaron este viernes la entrega de garantías inmobiliarias para evitar el embargo de los bienes por valor de 5,4 millones de euros después de que se rechazaran los avales aportados el pasado mes de julio.
Según ha podido saber La Vanguardia de fuentes del proceso, varios de los encausados presentaron este mismo viernes sus escritos ante la delegada instructora en los que se aporta bienes personales para frenar los embargos anunciados por ésta. Pero además de responder con sus propios bienes inmuebles, la delegada instructora también ha sido notificada del ingreso por parte de Esquerra de parte del montante. Concretamente, del relacionado con todos los cargos con responsabilidades en el Govern entre el 2016 y el 2017, cuando ERC entró en el Palau de la Generalitat. Por tanto, la iniciativa incluye al que fuera president, Carles Puigdemont.
La delegada que instruye el proceso contable anunció el jueves que rechazaba los avales del Institut Català de Finances (ICF), a pesar de que estos fueron concedidos con el respaldo de un decreto ley de la Generalitat. La instructora considera que los encausados por el presunto uso indebido de fondos públicos para promocionar el procés fuera de España no están cubiertos por la norma catalana.
Los encausados por la acción exterior en el Tribunal de Cuentas iniciaron este viernes la entrega de garantías inmobiliarias para evitar el embargo de los bienes por valor de 5,4 millones de euros después de que se rechazaran los avales aportados el pasado mes de julio.
Según ha podido saber La Vanguardia de fuentes del proceso, varios de los encausados presentaron este mismo viernes sus escritos ante la delegada instructora en los que se aporta bienes personales para frenar los embargos anunciados por ésta. Pero además de responder con sus propios bienes inmuebles, la delegada instructora también ha sido notificada del ingreso por parte de Esquerra de parte del montante. Concretamente, del relacionado con todos los cargos con responsabilidades en el Govern entre el 2016 y el 2017, cuando ERC entró en el Palau de la Generalitat. Por tanto, la iniciativa incluye al que fuera president, Carles Puigdemont.
La delegada que instruye el proceso contable anunció el jueves que rechazaba los avales del Institut Català de Finances (ICF), a pesar de que estos fueron concedidos con el respaldo de un decreto ley de la Generalitat. La instructora considera que los encausados por el presunto uso indebido de fondos públicos para promocionar el procés fuera de España no están cubiertos por la norma catalana.
Algunos de los encausados ya comunicaron este viernes que aportaban una serie de bienes inmobiliarios particulares para evitar el embargo.
Los embargos llevan su tiempo
Fuentes de la causa explican que aunque la delegada instructora anunciara la inmediatez de los embargos éstos llevan su tiempo. Si no aceptara las garantías presentadas, tendrá que iniciar un expediente en el que se fijará, con datos de la Agencia Tributaria, los bienes y cuentas de cada uno de los 28 encausados que se acogieron al aval del ICF ahora rechazado. Por lo tanto, las defensas todavía cuentan con varios días para buscar una solución para entregar nuevas garantías y evitar tales embargos.
El Tribunal de Cuentas analizó las partidas utilizadas por la Generalitat en el exterior entre los años 2011 y 2017. El tribunal concluyó que se habían utilizado fondos públicos para un objeto distinto al fijado en el presupuesto, por lo que se inició un proceso contable para, si así se determina finalmente, se devuelva la cantidad.
Mientras tanto, los abogados ya están preparando los recursos contra la resolución por la que se rechazó el aval.
La delegada argumenta que para reclamar la fianza tiene que existir dolo o culpa grave en el presunto responsable culpable. En el decreto de la Generalitat aprobado el 6 de julio “no refiere en ningún momento de manera expresa que el objeto de la norma incluya supuestos de responsabilidad por dolo o culpa grave que, como ha quedado expuesto, constituyen presupuestos necesarios para la existencia de la presunta responsabilidad contable”. Por tanto, a su juicio, los encausados por el Tribunal de Cuentas no pueden estar cubiertos por el decreto ley.
En los recursos que presentarán las defensas se va a intentar desmontar el argumento de la instructora, advirtiendo que en el decreto ley se recoge la posibilidad de avalar en caso de responsabilidad contable, lo que, en opinión de los letrados de la defensa, quedaría desmontada la tesis de la instructora.
[Fuente: Por Carlota Guindal, La Vanguardia, Barcelona, 15oct21]
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