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28jun21


Segundo acto del 'reencuentro': Sánchez recibe a un Aragonés que pide amnistía y autodeterminación


Justo una semana después de que el Gobierno concediera los indultos a los presos del 'proces', Pedro Sánchez, continuará este martes con el segundo acto de su 'operación reencuentro' al recibir en Moncloa por primera vez a Pere Aragonés. Un encuentro en el que reactivarán la Mesa de Diálogo pero al que ambos acuden con agendas distintas. Mientras Sánchez apuesta por abordar asuntos dentro de la legalidad como la financiación o las inversiones, Aragonés no ha parado de proclamar, la última vez este lunes al recibir a los indultados, que no dejará de insistir en la autodeterminación y la amnistía. Además, la cita estará precedida por la liquidación provisional del Tribunal de Cuentas a 42 ex altos cargos independentistas por los gastos ilegales del Diplocat y las 'embajadas catalanas', lo que duplicará la 'factura' del 'procés' y que el propio Gobierno, en boca de Ábalos considera "piedras en el camino del diálogo".

Con la vista puesta en una nueva etapa de diálogo con Cataluña tras los indultos, la intención de Sánchez de cara a este encuentro, que tendrá lugar este martes a las 17 horas, es volver a plantear a Aragonés su Agenda para el Reencuentro, aquella que elaboró el Gobierno en febrero de 2020 y entregó el presidente en persona a su predecesor, Quim Torra, y que sirvió de punto de partida para la constitución de la Mesa de Dialogo con su primera y única reunión ese mismo mes de febrero de 2020.

La llamada Agenda para el Reencuentro es un documento, con 44 puntos, en el que el Gobierno se compromete entre otras cosas a estudiar las propuestas tributarias de la Generalitat; una senda de déficit "más transitable"; atender las demandas sobre textos legislativos pendientes de recurso o sentencia; descentralizar ayudas y subvenciones; negociar la unidad de mercado; incluir en la Ley de Educación la normativa que afecta al modelo de escuela catalana e invertir en ferrocarril, puertos y El Prat.

En ese documento, dentro del apartado dedicado al diálogo político y a la regeneración institucional, Sánchez planteó ya la necesidad de "evitar la judicialización de la política", asumiendo que las soluciones que se busquen en la Mesa de Diálogo habrán de situarse "en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica".

Sin embargo, el propio Aragonés no ha parado de repetir prácticamente a diario a lo largo de la última semana, su intención de llevar a esta reunión a Moncloa dos cuestiones, a su juicio, innegociables: el derecho a la autodeterminación y la amnistía. De hecho, este mismo lunes ha insistido en ambas reclamaciones en la recepción institucional a los miembros del Govern del 1-O indultados, donde además ha insistido en que continúan "empeñados" en "hacer posible la independencia de Cataluña". "Seguimos empeñados en conseguir la amnistía y la autodeterminación. Tenéis que recuperar vuestros derechos políticos. Los exiliados tienen que volver a Cataluña sin miedo de ser perseguidos", ha asegurado Aragonés a los indultados.

Además, Aragonés exigirá a Sánchez que España cumpla el informe del Consejo de Europa, que ha aconsejado a España que reforme el delito de sedición para que no parezca que se castiga la libertad de expresión, como vienen sosteniendo los independentistas catalanes a raíz del juicio de los presos por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

No obstante, el primer reto que abordarán ambos este martes será decidir cómo y cuándo retomar la Mesa de Diálogo que servirá para dar cauce a este nuevo intento de negociación. Una Mesa en la que Sánchez ha rechazado este lunes que Oriol Junqueras esté presente porque es entre gobiernos y el líder de ERC aún tiene "años de inhabilitación".

La situación interna del Govern, así como el hecho de que quede solo un mes para que llegue agosto y el parón estival, llevan a Moncloa a pensar que lo más probable es que los trabajos de la Mesa se reanuden ya en septiembre, si bien serán Sánchez y Aragonés los que decidan esta cuestión.

La polémica vira hacia el Tribunal de Cuentas

Además otro asunto se colará involuntariamente en la agenda de la reunión de este martes: las imputaciones contra varios líderes independentistas por uso inadecuado de fondos públicos en la promoción exterior del 'procés'. Tras la concesión de los indultos a los nueve condenados por el 'procés', el debate sobre el diálogo en Cataluña ha virado ahora al papel del Tribunal de Cuentas, que previsiblemente este mismo martes dará a conocer a un total de 42 ex altos cargos independentistas la cantidad a la que asciende exactamente la liquidación provisional por su responsabilidad contable en el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

Se espera así que el Tribunal de Cuentas duplique la 'factura' del 'procés', al reclamar este martes una cantidad de unos 5,4 millones de euros según El País, que se sumarían a los 4,1 millones de euros que ya calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista. Entre los 42 citados este martes por el Tribunal de Cuentas se encuentran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, además de los recientemente indultados Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva.

Ante estas multas, el propio Pere Aragonés ya ha pedido actuar contra lo que considera una "inquisición económica" y un elemento más de la "represión". Mientras que Sánchez ha apuntado este martes en una entrevista con la Cadena Ser que el Tribunal de Cuentas no es, pese a su denominación, un órgano judicial sino una "instancia administrativa". Y ha recordado que, por ahora, no ha dictado "resolución firme" y que ésta puede ser "recurrida ante los tribunales", al tiempo que ha negado que vaya a dar instrucciones a la Abogacía del Estado. Nunca lo han hecho y él "mucho menos", ha apostillado.

Sin embargo, en los últimos días algunos miembros del Ejecutivo han llegado a cuestionar al Tribunal de Cuentas e incluso han sugerido que sus acciones no contribuyen a la nueva etapa de diálogo que Moncloa pretende abrir en Cataluña. El primero en hacerlo fue el número dos del PSOE, José Luis Ábalos, quien sostuvo la semana pasada que las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas eran "piedras en el camino" para el diálogo. En la misma línea, este lunes la ministra de Igualdad y dirigente de Unidas Podemos, Irene Montero, ha abogado Montero por "eliminar todo lo que no sea eminentemente, protagónicamente político: el diálogo y el acuerdo", puesto que "todo lo demás van a ser dificultades, piedras, en un camino que sí o sí vamos a recorrer".

Ante estas causas que ponen en juego el patrimonio de varios exdirigentes, las críticas a este tribunal desde el independentismo catalán son unánimes llamando a acabar con lo que consideran una pata más de represión del Estado.

Tras las declaraciones de Ábalos, el líder del PP, Pablo Casado, ha acusado a Sánchez, de "bloquear" la labor del Tribunal de Cuentas y pretender que sean los españoles los que paguen la "corrupción y la malversación" de los independentistas estos años para su proceso de "sedición". Además, ha dicho que "el Gobierno de Sánchez es el que más ha atropellado las instituciones en la historia democrática" y ha avanzado que está "listo" para renovar el CGPJ si es "para reforzar su independencia". Pero no renovará el Tribunal de Cuentas sin antes hacerlo con el CGPJ.

[Fuente: Por Luis Villajos, República de las ideas, Madrid, 28jun21]

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