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21feb20
Identificados 600 radicales independentistas por los desórdenes públicos del último otoño
Las investigaciones policiales son lentas pero seguras, por lo que parece: más de 600 activistas independentistas han sido encausados desde el otoño pasado por alborotos callejeros, acusados en su mayor parte de desórdenes públicos, aunque también alguno es acusado de desobediencia, atentado o destrozo de mobiliario. Durante estos meses, agentes de los Mossos d'Esquadra, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil realizaron tareas de identificación de activistas a través de vídeos o tras corroborar testimonios de otros activistas para dar con los causantes de los alborotos de los meses de octubre y noviembre.
El caso más paradigmático de esta lenta tarea fue la identificación y puesta a disposición judicial este jueves de Arnau Martí, un joven militante de La Forja, una plataforma radical de jóvenes, y del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), a quien se considera el líder de los disturbios del 14 al 18 de octubre en la ciudad de Tarragona. Agentes de los Mossos y del CNP participaron en su identificación, lo que consiguieron esta semana. Durante las protestas, según una nota policial, "se produjeron cuantiosos daños materiales en mobiliario urbano, así como en numerosos negocios, incendios en decenas de contenedores de basura y ataques con objetos contundentes a edificios públicos, entre otros incidentes de gravedad". A Arnau se le acusa de desórdenes públicos, atentado contra agente de la autoridad y coacciones.
Su detención es la guinda a varios meses de trabajo. Según fuentes de Alerta Solidaria, la plataforma independentista que centraliza los datos y consignas del soberanismo radical, durante las movilizaciones tras la sentencia del Supremo por el referéndum del 1-O el pasado mes de octubre fueron detenidas 240 personas, pero desde entonces, las fuerzas de seguridad han ido identificando a más activistas hasta totalizar los más de 600 acusados. Las últimas identificaciones de activistas, unas 200, se realizaron en las últimas semanas, por lo que todos ellos han empezado a recibir las notificaciones de los juzgados estos días.
Alerta Solidaria explica que de los 240 detenidos durante las primeras manifestaciones, 30 pasaron a prisión, en la que siguen ocho acusados. La mayoría de estos son extranjeros, a los que se quiere deportar a sus países de origen (uno a Estados Unidos y los demás a Marruecos).
350 identificados más
A esos primeros encausados, hay que añadir ahora unos 350 activistas más que han sido identificados durante las últimas semanas. "A estas se suman nuevas imputaciones, en este caso 92 por los cortes en la C-17 en Granollers y la N-340 en las Terres de l'Ebre, y una decena de detenciones más en Tarragona, Barcelona y Girona, en esta última ciudad a causa de los cortes de las vías del AVE", apuntan desde Alerta Solidaria.
Según las mismas fuentes, con motivo del espectacular cierre de la frontera de La Jonquera, el 11 de noviembre, justamente al día siguiente de las elecciones generales, fueron citadas a declarar otras 211 personas. La mayoría de estas citaciones fueron enviadas en los últimos días de este mes de febrero. Ese grupo de encausados se distribuye de la siguiente manera: el juzgado de instrucción número 4 de Figueres ha citado a 138 activistas por el corte de La Jonquera de los días 11 y 12 de noviembre; el juzgado de instrucción número 3 de Girona citó en calidad de imputadas a 61 personas más por los cortes posteriores en la AP-7 a la altura de Salt, y en Perpiñán también hay 12 personas procesadas por los cortes en territorio francés, que fueron detenidas por los gendarmes en Le Pertús. A ellos hay que sumar 42 personas citadas por los juzgados de Amposta, en el sur de Cataluña, y otros tres encausados en el Maresme, al norte de Barcelona. "Las citaciones de estos días llegan poco a poco, por demarcaciones, con la colaboración de Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil", destaca Alerta Solidaria.
En total, esta plataforma ha constatado que hay activistas de nueve comarcas catalanas que ya han sido citados o serán citados a declarar durante las próximas semanas a las dependencias de la Guardia Civil (donde se han centralizado todas las diligencias) en Sant Andreu de la Barca. Y aseguran que "algunos ya han anunciado que no piensan presentarse a declarar".
A los 240 activistas de Tsunami se añaden, pues, otros 350, a los que habría que añadir un puñado más de citados en Lleida o acusados en diferentes juzgados de Girona y Tarragona. En total, pues, más de 600 activistas detenidos "fruto de las operaciones coordinadas de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional. A estas se suman los centenares de imputaciones por movilizaciones precedentes, como las diversas huelgas generales, las movilizaciones contra la visita de la monarquía española o con motivo del último Consejo de Ministros español celebrado en Barcelona".
Parabienes de Alerta Solidaria
Uno de los últimos en ser notificado fue Edgar Fernández, portavoz del Secretariado Nacional de la CUP y concejal en Reus, acusado de desórdenes públicos. Los hechos de los que se le acusa, no obstante, son del pasado mes de septiembre, cuando los radicales cortaron vías de comunicación e invadieron vías de tren para protestar contra la detención de un comando de los CDR que, presuntamente, preparaba acciones violentas. Junto a Fernández, fueron identificados los concejales Mariona Quadrada y Oriol Ciurana, además del miembro de Endavant Ricard Aragonès.
Las investigaciones policiales son lentas pero seguras, por lo que parece: más de 600 activistas independentistas han sido encausados desde el otoño pasado por alborotos callejeros, acusados en su mayor parte de desórdenes públicos, aunque también alguno es acusado de desobediencia, atentado o destrozo de mobiliario. Durante estos meses, agentes de los Mossos d'Esquadra, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil realizaron tareas de identificación de activistas a través de vídeos o tras corroborar testimonios de otros activistas para dar con los causantes de los alborotos de los meses de octubre y noviembre.
El caso más paradigmático de esta lenta tarea fue la identificación y puesta a disposición judicial este jueves de Arnau Martí, un joven militante de La Forja, una plataforma radical de jóvenes, y del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), a quien se considera el líder de los disturbios del 14 al 18 de octubre en la ciudad de Tarragona. Agentes de los Mossos y del CNP participaron en su identificación, lo que consiguieron esta semana. Durante las protestas, según una nota policial, "se produjeron cuantiosos daños materiales en mobiliario urbano, así como en numerosos negocios, incendios en decenas de contenedores de basura y ataques con objetos contundentes a edificios públicos, entre otros incidentes de gravedad". A Arnau se le acusa de desórdenes públicos, atentado contra agente de la autoridad y coacciones.
Su detención es la guinda a varios meses de trabajo. Según fuentes de Alerta Solidaria, la plataforma independentista que centraliza los datos y consignas del soberanismo radical, durante las movilizaciones tras la sentencia del Supremo por el referéndum del 1-O el pasado mes de octubre fueron detenidas 240 personas, pero desde entonces, las fuerzas de seguridad han ido identificando a más activistas hasta totalizar los más de 600 acusados. Las últimas identificaciones de activistas, unas 200, se realizaron en las últimas semanas, por lo que todos ellos han empezado a recibir las notificaciones de los juzgados estos días.
Alerta Solidaria explica que de los 240 detenidos durante las primeras manifestaciones, 30 pasaron a prisión, en la que siguen ocho acusados. La mayoría de estos son extranjeros, a los que se quiere deportar a sus países de origen (uno a Estados Unidos y los demás a Marruecos).
350 identificados más
A esos primeros encausados, hay que añadir ahora unos 350 activistas más que han sido identificados durante las últimas semanas. "A estas se suman nuevas imputaciones, en este caso 92 por los cortes en la C-17 en Granollers y la N-340 en las Terres de l'Ebre, y una decena de detenciones más en Tarragona, Barcelona y Girona, en esta última ciudad a causa de los cortes de las vías del AVE", apuntan desde Alerta Solidaria.
Según las mismas fuentes, con motivo del espectacular cierre de la frontera de La Jonquera, el 11 de noviembre, justamente al día siguiente de las elecciones generales, fueron citadas a declarar otras 211 personas. La mayoría de estas citaciones fueron enviadas en los últimos días de este mes de febrero. Ese grupo de encausados se distribuye de la siguiente manera: el juzgado de instrucción número 4 de Figueres ha citado a 138 activistas por el corte de La Jonquera de los días 11 y 12 de noviembre; el juzgado de instrucción número 3 de Girona citó en calidad de imputadas a 61 personas más por los cortes posteriores en la AP-7 a la altura de Salt, y en Perpiñán también hay 12 personas procesadas por los cortes en territorio francés, que fueron detenidas por los gendarmes en Le Pertús. A ellos hay que sumar 42 personas citadas por los juzgados de Amposta, en el sur de Cataluña, y otros tres encausados en el Maresme, al norte de Barcelona. "Las citaciones de estos días llegan poco a poco, por demarcaciones, con la colaboración de Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil", destaca Alerta Solidaria.
En total, esta plataforma ha constatado que hay activistas de nueve comarcas catalanas que ya han sido citados o serán citados a declarar durante las próximas semanas a las dependencias de la Guardia Civil (donde se han centralizado todas las diligencias) en Sant Andreu de la Barca. Y aseguran que "algunos ya han anunciado que no piensan presentarse a declarar".
A los 240 activistas de Tsunami se añaden, pues, otros 350, a los que habría que añadir un puñado más de citados en Lleida o acusados en diferentes juzgados de Girona y Tarragona. En total, pues, más de 600 activistas detenidos "fruto de las operaciones coordinadas de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional. A estas se suman los centenares de imputaciones por movilizaciones precedentes, como las diversas huelgas generales, las movilizaciones contra la visita de la monarquía española o con motivo del último Consejo de Ministros español celebrado en Barcelona".
Parabienes de Alerta Solidaria
Uno de los últimos en ser notificado fue Edgar Fernández, portavoz del Secretariado Nacional de la CUP y concejal en Reus, acusado de desórdenes públicos. Los hechos de los que se le acusa, no obstante, son del pasado mes de septiembre, cuando los radicales cortaron vías de comunicación e invadieron vías de tren para protestar contra la detención de un comando de los CDR que, presuntamente, preparaba acciones violentas. Junto a Fernández, fueron identificados los concejales Mariona Quadrada y Oriol Ciurana, además del miembro de Endavant Ricard Aragonès.
En un breve discurso de madrugada y de sólos dos minutos ha evitado mencionar a los Mossos, abandonados a su suerte mientras se están jugando el tipo en las calles
Desde Alerta Solidaria se considera que "el aumento de la intensidad represiva solo encuentra explicación en el incremento del nivel de protesta, que ha sido capaz de generar la suficiente inquietud en el 'stablishment' español. No preocupa tanto que seamos más o menos gente, a menudo centenares de miles de personas, los que nos manifestamos periódicamente como en las diferentes Diadas nacionales, sino que se impulsen movilizaciones diferentes a las tradicionales y que sean capaces de alterar de manera efectiva y sostenida en el tiempo la paz impuesta por la fuerza".
Durante los últimos días, ante el masivo envío de las últimas citaciones, la plataforma independentista pidió a los activistas que tras recibir la notificación se pusiesen en contacto con ella. Además, diferentes organizaciones han distribuido entre sus militantes normas sobre cómo proceder en el caso de ser citados a declarar: "No te dejes fotografiar; no te pongas ninguna prenda de ropa; no declares; no enseñes tatuajes ni marcas corporales; no permitas pruebas de ADN; no permitas pruebas caligráficas", advierten desde Alerta Solidaria. Y subrayan que "solo estamos obligados a facilitar los datos que constan en el DNI. No facilites un teléfono de contacto. No estamos obligados a responder a ninguna pregunta". Los más radicales, sin embargo, abogan por no presentarse ni siquiera a las citaciones para llevar hasta las últimas consecuencias su campaña de desobediencia civil.
[Fuente: Por Antonio Fernández, El Confidencial, Madrid, 21feb20]
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