Equipo Nizkor - Ribó, un 'defensor' con 138.000 € de sueldo, 22 asesores y 6,3 millones en gastos.

"La sanidad de Cataluña es una sanidad excelente, se lo puedo asegurar. La prueba es que vienen de otras comunidades autónomas a operarse a Cataluña. Yo no sé si esta es la lista de espera más larga, depende de cómo la enfoquemos. Pero lo que sí le puedo garantizar es que uno de los déficits de la sanidad pública de Cataluña es que tiene un sobrecoste con la gente que viene a Cataluña a operarse". Estas fueron las palabras de Rafael Ribó, el 'síndic de greuges' (defensor del pueblo catalán) en un programa de radio de la SER. Y las que han provocado un terremoto político.

El polémico Ribó tiene un salario anual bruto de casi 130.000 euros (o sea, el 55% más que el presidente del Gobierno español), además de los gastos de representación, lo que lo sitúa como uno de los cargos públicos mejor pagados no solo de Cataluña sino de toda España. Su adjunto tiene una retribución de 110.000 euros, más que un consejero de la Generalitat. Pero, además, llama la atención su impresionante equipo: tiene 22 asesores, 22 personas más como personal técnico, 14 personas que son personal administrativo y nueve empleados más como 'personal de apoyo'. En total, le cuesta al erario público casi 6,3 millones de euros, de los que 5,4 millones se van en salarios. De ellos, 367.000 euros pertenecen a altos cargos y más de dos millones de euros son para pagar a los eventuales, es decir, a los asesores. Los salarios de su equipo directivo no bajan en ningún caso de los 92.000 euros.

A Ribó se le ha criticado mucho su ritmo de 'bon vivant' de la política. Fue máximo dirigente del PSUC, antes de que este se reconvirtiese en ICV. De hecho, durante su etapa, se finiquitó el veterano partido comunista para dar paso a la coalición con los Verdes. De esa época, mantuvo muchos de sus apoyos. Su hombre de confianza en la sindicatura fue Jordi Sànchez, también cercano ICV, que llegó a ser director adjunto de la fundación Jaume Bofill, vinculada a esta formación. Sànchez fue nombrado adjunto a Ribó en la sindicatura en 2010, cargo que ocupó hasta que pasó a presidir la ANC en 2015.

Un currículo con claroscuros

Una de sus polémicas decisiones fue contratar como asesor al popular Francesc Vendrell, con quien negoció el alargamiento del mandato del 'síndic' de cinco a nueve años. De hecho, en marzo pasado expiró su periodo al frente de la sindicatura, pero la situación política de Cataluña no ha permitido abordar su relevo, por lo que en estos momentos está ocupando su puesto interinamente. Más recientemente, ha encargado diversos informes y trabajos a Jaume Bosch, uno de los exdiputados de ICV (integrante de la plataforma con los comunes y Podemos) y exponente del sector más independentista (junto con el propio Ribó) de los ecosocialistas.

También se le ha echado en cara a Ribó la gran cantidad de viajes que realiza a diversos destinos internacionales. De hecho, desde fuentes cercanas a la sindicatura, justifican estos desplazamientos por sus responsabilidades, ya que forma parte de la junta directiva del Instituto Internacional de Ombudsman (IOI). Pero no pasa desapercibido que la gran mayoría de esos viajes los hace con su pareja sentimental, una de las personas que ejercen de alto cargo en la propia oficina del 'síndic'.

Ribó es el fiel exponente de la 'gauche divine' barcelonesa, esa izquierda rica a la que muchos se empeñaron en llamar la 'izquierda caviar'. Su conciencia parece estar limpia; su currículo, no. En 2015, el empresario Jordi Soler, uno de los implicados en el 3%, le puso un 'jet' privado para viajar gratis a Berlín con el fin de acudir a la final de la Champions, que aquel año ganó el Barça a la Juventus. Posteriormente, Ribó reconoció que fue un error, pero matizó que se trataba de "un tema que tiene una dimensión básicamente personal". Ninguno de los partidos independentistas (ni siquiera la CUP) se escandalizó por ese viaje ni por otros regalos provenientes de la trama corrupta del 3%. Y eso que, según un informe de la Guardia Civil, el empresario se gastó 36.500 euros en ese vuelo con altos cargos para obtener capacidad de influencia sobre las autoridades.

Pero si por algo se distingue a Ribó es por su posicionamiento a favor del 'procés' y, sobre todo, de las tesis independentistas. Llama la atención el 'Informe del derecho de manifestación y papel de los cuerpos policiales en las movilizaciones posteriores a la sentencia 459/2019', con fecha de noviembre de este año. De hecho, es un informe 'a la carta' que le pidió el presidente de la Generalitat, Quim Torra (así lo reconoce el propio Ribó), para cargar contra los Mossos y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

Un informe a la carta

En su informe, el 'síndic' incluye solo testimonios de manifestantes que habían sido detenidos y se cebó con la Policía Nacional, cuya labor fue exclusivamente de apoyo a los Mossos. Para ello, requirió información al Ministerio del Interior sobre "cuál había sido la intervención de los agentes del CNP", así como "información relativa al número de agentes que habían sido desplazados a Cataluña, el armamento utilizado y el nivel de cooperación con los Mossos". El informe recoge la "posible vulneración de derechos en el contexto de las movilizaciones ciudadanas", a pesar de reconocer que las entrevistas realizadas "pueden considerarse un testimonio sesgado por su situación personal". Y reconoce que pudo ejercerse el derecho de reunión y manifestación, pero destaca que solo "un número minoritario, pero suficientemente significativo, de personas tuvieron una actitud hostil y, en algunos casos, extremadamente violenta contra los cuerpos policiales". Así, para apuntalar las tesis de Torra, incluye que "en algunos casos, podría tratarse de 'profesionales' del disturbio". De esta manera, disculpaba al independentismo de los violentos episodios del mes de octubre y noviembre para cargarlos sobre las espaldas de desconocidos alborotadores.

Pero cuando se trata de defender derechos de las personas y no de colectivos, el tema cambia. Las plataformas constitucionalistas ya no se fían de Ribó. "Cuando hay algún conflicto con independentistas, enseguida abre investigación de oficio. Nosotros nos hemos entrevistado con él en alguna ocasión, pero ahora ya hace años que vamos directamente al defensor del pueblo. Nuestras peticiones son presentadas en Madrid, porque si van al 'síndic', están condenadas al fracaso. Aquí, tenemos dos problemas: primero, saber si tramita nuestras quejas, y segundo, a ver en qué condiciones lo hace. De hecho, hemos visto por activa y por pasiva que no tiene interés en nuestros temas, por lo que ha perdido nuestra confianza", señalan a El Confidencial fuentes de plataformas constitucionalistas.

Subrayan, además, que "en los últimos informes se ve claramente cómo en la oficina del defensor del pueblo aumentan exponencialmente las denuncias de la zona de Cataluña porque son entidades o ciudadanos que no confían en el 'síndic". Además, aseguran que la relación entre las dos oficinas de 'ombudsman' son tan malas que la del Estado no le remite a Barcelona las quejas que allí se interponen.

Le llueven las críticas

Las críticas por su última acusación contra los pacientes de fuera de Cataluña comenzaron a lloverle a este excomunista proveniente de una de las familias de la alta burguesía catalana. Especialmente ácido ha sido José Zaragoza, diputado del PSC en el Congreso. "Abascal y Ribó. Xenófobos con fronteras. El síndico catalán achaca a los españoles lo mismo que Vox a los inmigrantes: el colapso de la sanidad", tuiteó Zaragoza.

Joan Coscubiela también fue crítico. "Supongo que Rafael Ribó sabe que existe un sistema de facturación entre comunidades autónomas para compensar estos costes. Acaso otra explicación sea que Cataluña gasta el 4,6% de su PIB en sanidad, mientras la media de las comunidades autónomas es del 5,5% (informe 2017 de gasto sanitario público MSCBS)". El Club Cortum de debates salió al paso de la percepción del 'síndic': "Cuando el agravio es el defensor del pueblo", tuiteó esta plataforma, jugando con las palabras (en catalán sería: "Quan el greuge és el síndic de greuges"). Y pone cifras: "1.000 millones menos en sanidad pública que en 2010; 860 médicos menos en la atención primaria; 1.094 camas menos de agudos y 786 de otros en los hospitales; Cataluña solo invierte un 3,7% de su PIB en sanidad. La media española es el 6,2%". Una lección de números que a Ribó se le había escapado. Esta plataforma rescató un artículo de hace tres años en el que se anunciaba que tanto el Govern como Turisme de Barcelona apostaban por impulsar el turismo médico en Cataluña porque "deja cuatro veces más dinero que el convencional".

"Quieren que les atiendan en castellano"

Pero eso al independentismo esencialista no le importa. Uno de los foros independentistas más veteranos de la galaxia soberanista ya sacó rendimiento de las palabras de Ribó. "Lo terrible es que nadie paga a la Generalitat por estos pacientes, que quieren que les atiendan en castellano. Sale de los presupuestos de la Generalitat, dinero de los impuestos de los catalanes, repito, exclusivamente de los catalanes. Y claro, eso destroza el sistema, sin olvidar que esos enfermos emigrantes son unos desagradecidos". También se congratula de que Cataluña no sea ya destino preferido para los viajes del Imserso. "Cuando se publicó que los viejos españoles que disfrutaban del Imserso (que pagamos también los catalanes) no quieren visitar Cataluña, debemos alegrarnos. Esa gente aprovechaba para ir de urgencias a los centros de la Generalitat".

El foro califica los asertos del 'síndic' de "verdad como un templo" y añade que "los que gritaban '¡A por ellos!' vienen a operarse a Cataluña y luego sus comunidades no pagan". Añade que, "anteriormente, había un fondo de cohesión para estos casos, pero Rajoy, con la crisis y los recortes, decidió eliminarlo, es decir, 'que se maten entre las comunidades para cobrar'. El actual Gobierno pretende reactivarlo con el dinero de los residentes extranjeros en España y el del turismo sanitario que se factura a los extranjeros o a sus países de origen. O sea, cuando un guiri se rompe un brazo en Barcelona, es el Gobierno español el que cobra y el que se queda con el dinero". En otras palabras, echan mano de la otra variante del expolio fiscal para justificar un posicionamiento que raya la xenofobia.

Por último, señalan que "no es lo mismo los pacientes desplazados que los que necesitan un hospital de referencia. Aquí es el Gobierno español el que obliga al traslado y, normalmente, paga la factura al hospital, pero solo el 80%. ¿Y por qué no el 100%?".

11dic19

Ribó, un 'defensor' con 138.000 € de sueldo, 22 asesores y 6,3 millones en gastos

[Fuente: Por A. Fernández, El Confidencial, Madrid, 11dic19]

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