Equipo Nizkor - El Parlament respalda la desobediencia civil e institucional antes de conocerse la sentencia.

Con el Congreso y el Senado disueltos por la convocatoria de elecciones generales y sin ninguna vía de diálogo abierta con el Gobierno, el independentismo se ha posicionado ante la proximidad de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O. Lo ha hecho en el Parlament de Catalunya con la aprobación de varias propuestas de resolución que marca perfil ante el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Una de ellas, presentada por la CUP ha sido apoyada por JxCat y ERC declara legítima la desobediencia civil e institucional.

"El Parlament de Catalunya se reafirma (...) en su carácter plenamente soberano, rechazando las imposiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español, y en especial, de sus Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. Como consecuencia, el Parlament de Catalunya afirma la legitimidad de la desobediencia civil e institucional, como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales", reza el punto cuatro de la propuesta aprobada por JxCat, ERC y la CUP. El PSC, los comunes y el PP han votado en contra, mientras que los diputados de Ciudadanos no han querido votar.

A esta declaración de intenciones se suma la de instar al Govern a que impulse un "acuerdo nacional para la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos". Igualmente, otra propuesta, bajo la firma conjunta de los tres grupos parlamentarios independentistas y que reclama que el Parlament se conjure para "liderar una respuesta institucional a la sentencia" si esta es condenatoria, también ha salido adelante. El punto aprobado asegura que la respuesta se basará en el respeto y defensa de los derechos fundamentales civiles y políticos, "las libertades, el ejercicio del derecho de la autodeterminación y respeto de la democracia, conjuntamente con el resto de instituciones democráticas de Catalunya".

El encarcelamiento de siete independentistas vinculados a los Comitès de Defensa de la República (CDR), ordenado por la Audiencia Nacional ha caldeado la sesión parlamentaria. Justo antes de conocerse la noticia, JxCat, ERC y la CUP han solicitado la retirada de Catalunya de los efectivos de la Guardia Civil. La propuesta de resolución presentada por los dos primeros grupos parlamentarios, argumenta que la Benemérita "se ha mostrado abiertamente como una policía de cariz político" y que está centrada "en perseguir determinados colectivos políticos y sociales, completamente redundante a la hora de garantizar la seguridad de los ciudadanos".

Exige además que se paren la operaciones policiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que las consideran "prospectivas" y "hacen un uso especulativo y arbitrario de los tipos penales asociados al terrorismo para reprimir el activismo social y político".

Al conocerse la noticia del encarcelamiento de los CDR, la CUP ha abandonado el hemiciclo antes de finalizar las votaciones. Sergi Sabrià y Gemma Geis, presidente del grupo parlamentario de ERC y portavoz de JxCat respectivamente, han solicitado la convocatoria urgente de una junta de portavoces, secundados por los gritos de "libertad" de los diputados independentistas. Parte de los diputados de JxCat y ERC también han abandonado la sala, al igual que los de Ciudadanos al ser apercibido en varias ocasiones el diputado Carlos Carrizosa

Igualmente, los grupos independentistas han exigido la destitución de Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Catalunya, por "ser manifiestamente incapaz de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía". En este contexto, las palabras de Cunillera, que horas después de producirse las detenciones en el marco de la operación Judas, declaró que los arrestos se efectuaron "de manera preventiva. Asimismo, se reprueba a Lorena Roldán, líder de Ciudadanos en Catalunya, quien vinculó a Quim Torra con los CDR detenidos el lunes "¿Qué decía el señor Torra? Apretad el detonador?".

26sep19

El Parlament respalda la desobediencia civil e institucional antes de conocerse la sentencia

[Fuente: Por Àlex Tort, Maite Gutiérrez, La Vanguardia, Barcelona, 26sep19]

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