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16ene19
La defensa de Meritxell Borràs se centra en desmentir todos los gastos en la acusación de malversación
Meritxell Borràs centrará su defensa en desmontar la acusación por malversación, la que afecta a todo el Govern de la Generalitat y en su caso concreto, según se recoge en el escrito de defensa presentado por la letrada penalista Judit Gené.
La exconsellera de Governació, Administracions Publiques i Habitatge, que no era diputada en el Parlament, ha sido acusada de malversación de caudales públicos y un delito de desobediencia grave.
En lo referente al delito de desobediencia, se esgrime que la firma del decreto de convocatoria del referéndum es anterior a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional y de la propia ley que lo amparaba. Además, se señala que Borràs no era diputada, por lo que no tuvo "intervencón alguna ni en la elaboración, ni deliberación, aprobación y votación de la ley", por lo que se desvincula de "las actuaciones que se llevaron a cabo en sede parlamentaria".
Así las cosas, limita la desobediencia a la firma de un decreto que firmó el Govern en bloque sin que fuera necesario para su entrada en vigor y recuerda, como han hecho otras defensas, que convocar un referéndum no está tipificado como delito desde el año 2005.
En el documento, de 39 páginas, se niega la acusación por malversación y se recuerda la intervención de las cuentas.
Además se resalta que aún siendo esta cierta, en ninguna de dichas disposiciones o atribuciones de gasto haría intervención de Borràs y el departament que dirigía, ya que la organización de procesos electorales se transfirió al departament d'Economia i Hisenda, de Oriol Junqueras, en julio de 2017 cuando hubo reestructuración del Govern con la vista puesta en el referéndum del 1 de octubre.
Se muestra contraria a considerar malversación el uso de edificios públicos, rechazando el informe de los peritos que cifraba en casi un millón el gasto de la apertura de los mismos. Sobre la promoción y publicidad del referéndum se señala que no se abonaron las facturas emitidas.
También descarta que hubiera gastos en el suministro de papeletas, censo electoral y citaciones de las mesas electorales que realizó la empresa Unipost. La empresa, en concurso de acreedores, emitió presupuestos, según el escrito de defensa, y no facturas como sostiene el de acusación. Sobre los carteles del referéndum, se detalla que fue un encargo de Òmnium Cultural y no del Govern y se destaca que la entidad soberanista no ha recibido subvenciones de la Generalitat en la última década.
Sobre la acción exterior del Govern se indica que en las acusaciones "prácticamente se imputa como delictiva la propia existencia" del departament que dirigía Raül Romeva. Concluye que los hechos que relata la acusación "no existieron en la mayoría de supuestos o no se ha concretado el perjuicio patrimonial infligido".
En el escrito se pide que citen como testigos a tres de miembros de la conselleria: la exsecretaria general Meritxell Masó; la exdirectora de Servicios Josefina Valls; el que fuera abogado jefe del Departamento Xavier Urios. También a la directora general de Contratación de la Generalitat, Mercè Corretja, para que "explicar el sistema de contratación de bienes y servicios desarrollada con carácter general en todas las Consejerías", dice el escrito.
[Fuente: Por Iñaki Pardo Torregrosa, La Vanguardia, Barcelona, 16ene19]
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