Equipo Nizkor - El abogado del Estado purgado por la ministra de Justicia se negó a "firmar un papel que no hizo".

El Parlamento convirtió ayer a Dolores Delgado en el miembro del Gobierno más reprobado de la historia de la democracia. En esta ocasión, la tercera, por forzar desde el Gobierno a la Abogacía del Estado a abandonar su tesis de que en el 1-O se produjo una rebelión y defender que sólo se cometió un delito de sedición. El corolario de ese cambio de criterio fue la destitución el miércoles del abogado-jefe del Departamento de Penal, Edmundo Bal, que defendía la tesis de la rebelión.

Las explicación que el Ministerio de Justicia ofrece para en cese es que esa Jefatura es un cargo de «confianza» y que esa confianza «se ha perdido». También cuestionan que Bal fuera a respetar en el juicio del 1-O la tesis sostenidas en el escrito de acusación que finalmente se presentó: que no hubo rebelión, sino sedición.

Fuentes próximas al afectado niegan que Bal hubiera planteado problemas para intervenir en el juicio conforme al criterio establecido por su superiora, la abogada general del Estado Consuelo Castro. «Ha actuado con lealtad a la Abogacía y al Gobierno. Ha cumplido todas las instrucciones, salvo firmar un escrito de acusación que no era suyo», explican esas fuentes. El propio Bal ha rechazado hacer comentarios sobre su destitución.

Pese a las discrepancias, Bal era partidario de actuar él mismo en el juicio del 1-O, dado que era quien había seguido la investigación desde el principio y quien conocía mejor la materia.

Según esas mismas fuentes, las discrepancias afectaron a la calificación jurídica de sedición por la que se iba a optar, así como al criterio para calcular -a la baja- las penas de la malversación. Pero la clave del desencuentro fue el propio relato de hechos de lo sucedido que finalmente se volcó en el escrito de acusación, profundamente revisado respecto al planteado por el ahora destituido.

A diferencia del escrito de la Fiscalía, que habla en más de 20 ocasiones de actos violentos, el que la Abogacía envió al Supremo no incluye la palabra violencia. En su lugar aparecen expresiones como «incidentes», «disturbios», «tumulto» o «actitud hostil». Ese fue el elemento que determinó que, aunque fuera Bal el que remitiera por vía telemática el escrito de acusación a la Sala Penal del Supremo, rechazara poner su firma y apareciese suscrito sólo por la abogada general.

«Los hechos del escrito de acusación son mentira. Se ocultan cosas. En una vergüenza», lamentaban fuentes de la Abogacía al día siguiente de divulgarse el documento, que en ocasiones dejaba en la mitad las peticiones de cárcel de la Fiscalía.

Reprobación de Delgado

Lo sucedido con la Abogacía desembocó ayer en la segunda reprobación del Congreso a Delgado que se suma a la ya aprobada en el Senado. Se suma a una primera reprobación del Senado que salió adelante con el voto de la mayoría absoluta del PP, respaldada por Ciudadanos, indignada por la falta de apoyo que prestó Delgado al magistrado Pablo Llarena frente a la demanda ante la Justicia belga por parte de Carles Puigdemont.

Después llegó una censura del Congreso, con petición de dimisión incluida, el pasado 9 de octubre, tras conocerse sus conversaciones, en compañía de Baltasar Garzón, con el comisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión.

Y, finalmente, ayer, se produjo el tercer varapalo, impulsado por el PP y apoyado por Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, por «la triste trayectoria» de Delgado al frente del Ministerio, por la falta de motivación de sus polémicas decisiones y por haber obligado a la Abogacía del Estado a rebajar de rebelión a sedición su acusación en el juicio del 1-O. La reprobación fue posible por la decisión de ERC y Bildu de abstenerse en la votación.

Al PP no le ha importado en absoluto que Delgado haya sido quien durante semanas negoció mano a mano con el ex ministro Rafael Catalá el acuerdo para repartirse los sillones del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, el que este pacto se haya deshecho ha sido un motivo más para la reprobación, ya que los populares culpan al Gobierno de ser quien imprudentemente anunció el nombre del presidente del Consejo antes incluso de que fueran elegidos los vocales.

Después de que la tercera reprobación prosperara, la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Monserrat, volvió a pedir la dimisión inmediata de Delgado e incluso aseguró que la destitución de Edmundo Bal no era sino la prueba definitiva de que el Gobierno «está arrodillado» ante los independentistas. También Ciudadanos, por boca de su líder Albert Rivera, tuvo duras palabras sobre esta destitución que para ellos es claramente «una purga».

23nov18

El abogado del Estado purgado por la ministra de Justicia se negó a "firmar un papel que no hizo"

[Fuente: Por Manuel Marraco y Marisa Cruz, El Mundo, Madrid, 23nov18]

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