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03oct18


El chantaje del nacionalsocialista Quim Torra asfixia a Pedro Sánchez y acerca las elecciones


Presionado por los comités de defensa de la república (CDR), que ya lo acusan abiertamente de «traidor» y que el lunes intentaron asaltar el Parlament para exigir la consumación de la independencia, Quim Torra pasó ayer al ataque y lanzó un claro ultimátum a Pedro Sánchez: o autoriza un referéndum sobre la secesión de Cataluña en un mes o le retirará su apoyo y abocará a la convocatoria de unas elecciones generales.

«La paciencia no es infinita. Si no hay una propuesta para ejercer la autodeterminación antes de noviembre, el independentismo no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad en el Congreso a Pedro Sánchez». Así de explícitamente amenazó el presidente de la Generalitat con dejar caer al Ejecutivo socialista, no aprobando sus Presupuestos, si no se aviene a celebrar una votación vinculante sobre la ruptura con el resto de España.

La advertencia del presidente de la Generalitat es fácilmente materializable después de que Carles Puigdemont se hiciera con el control del PDeCAT y, por tanto, de los ocho diputados de los neoconvergentes en la Cámara Baja, hasta entonces a las órdenes de la moderada Marta Pascal. Ya en julio, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, supeditó la «estabilidad» del Gobierno a que Sánchez negociara la autodeterminación. Ahora Torra pone fecha de caducidad al chantaje.

El president lanzó su advertencia al Gobierno en el Debate de Política General -el equivalente catalán al Debate Sobre el Estado de la Nación-, una sesión plenaria especialmente esperada porque suponía el regreso de la actividad al Parlament después de tres meses paralizado por la negativa de Puigdemont a aceptar la suspensión dictada por el Tribunal Supremo.

El president aprovechó la expectación generada para intentar contentar a los radicales acorralando a Sánchez. «No pararemos hasta hacer efectivo el resultado del 1-O, con todas las consecuencias», insistió Torra, antes de volver a apelar a la «movilización permanente» sólo un día después de haber invitado a los CDR a seguir «apretando» para implantar la república que el Parlament proclamó unilateralmente el pasado 27 de octubre. «No podemos normalizar la situación del país», arengó de nuevo ayer el president, avalando las protestas que los grupos de presión callejera afines a la CUP se proponen seguir realizando a lo largo de este «otoño caliente».

El jefe del Ejecutivo catalán confió en que la escalada de tensión desembocará en una reacción masiva de los independentistas que estallará contra el Estado cuando se conozca la sentencia del procés, algo que, según las estimaciones del Tribunal Supremo, ocurrirá tras las elecciones municipales de mayo. «Si España condena a los presos, estará condenando a la mayoría del pueblo de Cataluña. ¿Y piensan que entonces el pueblo no reaccionará, que yo no reaccionaré, que no reaccionará el Govern?», desafió Torra, quien situó el final del juicio contra los dirigentes independentistas procesados como «el punto de inflexión y no retorno de la legislatura» catalana.

La respuesta del Gobierno

Lanzado el chantaje, el presidente del Gobierno ordenó no esperar ni un minuto y rechazar de forma tajante cualquier tipo de ultimátum del president. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, compareció pasadas las 19:00 horas y fue más contundente de lo habitual en ella al rechazar cualquier chantaje del president. Y al decir claramente que «el Gobierno no acepta ultimátums y mantiene su determinación por la vía del diálogo».

«La respuesta es autogobierno y no independencia; convivencia y no independencia», enfatizó Celaá en una comparecencia con preguntas en el Palacio de la Moncloa.

La ministra exigió a Torra «distensión, calma» y vuelta al diálogo. «Donde haya una silla para sentarse a dialogar, allí estará el Gobierno», añadieron después desde el Ejecutivo. De hecho, Moncloa no piensa cancelar ni retrasar ninguna de las reuniones bilaterales o multilaterales ya previstas con la Generalitat para hablar, por ejemplo, de infraestructuras este mismo mes de octubre.

La también ministra de Educación aseveró que Quim Torra «se vuelve a equivocar; ayer se equivocó [por el lunes] al jalear a los radicales contra los Mossos, y hoy se vuelve a equivocar lanzando amenazas que sólo deterioran la convivencia entre catalanes».

La portavoz no sólo rechazó el chantaje independentista, que amenaza con asfixiar al Gobierno de Pedro Sánchez, que necesita los votos del PDeCAT y de ERC para sobrevivir en el Congreso. También dio un no rotundo al «artículo 155 perpetuo» que, denunció, PP y Ciudadanos «quieren imponer».

En su lugar, el Ejecutivo propone «diálogo y legalidad». «Entre la quiebra de la legalidad» que propugnan los independentistas radicales y «el 155 perpetuo» del PP y Cs existe «un enorme terreno, el del diálogo y el acuerdo, que es donde está el Gobierno».

Celaá, por último, hizo un llamamiento al PP y a Cs para que apoyen al Gobierno porque estamos ante «una cuestión de Estado», al igual que el PSOE apoyó al Ejecutivo de Mariano Rajoy hace exactamente un año para suspender la autonomía de Cataluña con el 155, añaden desde Moncloa.

Pedro Sánchez ya ha dejado claro varias veces -la última la semana pasada en Nueva York- que está dispuesto a convocar elecciones anticipadas en el caso de que los independentistas apuesten por el conflicto en vez de por el diálogo. Ayer, Celaá no quiso salirse del guión prefijado y evitó responder a la pregunta de si el presidente convocará esos comicios si Torra consuma su amenaza.

Fuentes de Moncloa confirmaron tras la intervención de Celaá que el Gobierno continúa «en el camino del diálogo frente a quienes quieren 155 perpetuo» y que «una cosa son las palabras y otra los hechos».

En el Gobierno confían en que la tensa situación de esta semana en Cataluña se calme y la normalidad vuelva a apoderarse de las calles. El Ejecutivo prefiere pecar de prudente antes que de echar leña al fuego. Y se aferra a la posibilidad de que Torra esté de nuevo instalado en la retórica independentista, de la que podría salir en las próximas semanas sin volver a la vía unilateral.

«Los hechos tienen que consumarse», aseguraron las mismas fuentes, «más allá de la retórica de las palabras».

Moncloa deja también abierta la puerta a la aplicación de nuevo del artículo 155, como ya advirtió Sánchez en agosto, aunque prefiere no utilizar esa espada de Damocles como amenaza. Eso sí, deja claro que sólo lo aplicará cuando haya «razones evidentes» para hacerlo que aún no existen, como enfatizó la portavoz.

[Fuente: Por Víctor Mondelo y Luis Ángel Sanz, El Mundo, Madrid, 03oct8]

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