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28ago18
La defensa del juez Llarena desencadena otro roce diplomático entre España y Bélgica
La demanda de Puigdemont y varios exconsejeros contra el juez Pablo Llarena ha tenido una derivada diplomática. La primera opción del Gobierno español fue pedirle al Gobierno belga que se personara en la causa en nombre de España para defender los intereses de un aliado y socio de la UE. No obstante, Bélgica se negó en redondo, alegando que algo así podría interpretarse como un injerencia en la independencia de sus tribunales. Según fuentes jurídicas, todo derivó en un nuevo roce diplomático a cuenta del 'procés'. Al final, España pondrá un abogado para defender la Justicia española y también al magistrado Llarena tras una rectificación a cámara lenta.
La idea partió del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que la sugirió en una misiva remitida al ministro Josep Borrell. Se consideraba que con esta maniobra, amparada por la Convención de 2004 de Naciones Unidas, podría sortearse la aparente contradicción de acudir ante un tribunal de Bruselas en representación de España cuando desde el Estado no se reconoce que la jurisdicción belga pueda inmiscuirse en asuntos de nuestros tribunales.
Lo cierto es que la acción civil de los acusados por rebelión contra el instructor que les ha procesado por rebelión ha supuesto un quebradero de cabeza jurídico por episodios, y este revolcón diplomático es una muestra más. Parte del problema es encajar una acción de España ante una jurisdicción extranjera que no se reconoce. Voces de expertos y juristas opinan que personarse ya supone de alguna forma admitir ante este órgano judicial europeo que tiene permiso para entrar a valorar asuntos ajenos del todo a su competencia. Por eso mismo, la primera solución fue buscar que Bélgica, en teoría un país 'amigo', representara a España y trasladara sus argumentos.
El pasado 10 de julio, cuando se vio que la demanda contra Llarena iba en serio —al menos desde el punto de vista simbólico y político—, el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, escribió al Gobierno pidiendo apoyo para Llarena. Según la nota que hizo pública el Poder Judicial, solicitaba al ministro de Asuntos Exteriores español que, "conforme a la práctica procesal belga", requiriera al Ministerio de Asuntos Exteriores "para que Bélgica comparezca ante el tribunal de Bruselas, en representación del Estado belga, pero en defensa de la inmunidad de jurisdicción de España y del juez del Tribunal Supremo demandado".
Menos de una semana después, el 16 de julio, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, dio curso a la petición de Lesmes: "Hemos ya transmitido al Gobierno belga a través de nuestra embajada algo de lo más razonable, que es solicitarle que actúe en defensa de la inmunidad de la jurisdicción de España y del juez del Tribunal Supremo demandado ante el tribunal que conoce esta demanda", declaró en rueda de prensa en Bruselas tras un consejo de ministros de la UE.
El viceprimer ministro y ministro belga de Exteriores, Didier Reynders, respondió en tono frío al día siguiente: "Tenemos relación [entre ambos gobiernos] desde hace bastantes meses por la situación catalana. Intentamos dejar que la Justicia haga su faena de manera independiente, ya sea en España, en Bélgica o en Alemania". Preguntado de nuevo por ese mensaje, Borrell quitó hierro a la respuesta: "Habrá dicho la frase ritual que se suele decir en estos casos". Borrell recordó entonces que la demanda de Puigdemont y los exconsejeros solicitaba al Ejecutivo belga actuar "de parte acusante contra España", una petición que, según dijo, "le produjo risa" al ministro belga de Exteriores.
Sin embargo, la frase no era ritual. Exteriores no quiso el lunes comentar el asunto por ser un tema de Justicia. Fuentes de este ministerio confirmaron que Bélgica nunca quiso personarse en la causa. Así que Justicia decidió el jueves pasado contratar un abogado para defender la jurisdicción española, personarse —aunque hay quien sostiene que así de alguna forma reconoce la soberanía belga— y dejar que el juez Llarena se defendiera por su cuenta, al considerar que estaba demandado por declaraciones en un ámbito privado. Después llegó el alud de críticas al Ejecutivo y la rectificación de Justicia. La ministra, Dolores Delgado, afirmó ayer en RNE que no había ningún cambio de criterio, pero que el Ejecutivo defenderá a Llarena "hasta las últimas consecuencias".
El rechazo de Bélgica a defender a España ha generado malestar tanto en el entorno jurídico como en el Ejecutivo. No es la primera vez que en un tema relacionado con el 'procés', Bélgica se desmarca de España. Este nuevo revolcón diplomático a cuenta de asuntos judiciales viene a sumarse al que ya sufrió España a mediados de mayo, cuando el mismo país rechazó la entrega de los 'exconsellers' que aún permanecían en ese territorio. La Justicia se negó entonces a tramitar la euroorden cursada por el juez del Tribunal Supremo contra Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret por defectos de forma.
En aquella ocasión, fue la fiscalía del país la que fijó el criterio e informó de que la ausencia de órdenes de arresto nacionales en vigor contra los reclamados conducía a declarar irregulares las tres órdenes de detención europeas. El procedimiento de entrega fue declarado "sin objeto" y provocó una avalancha de críticas, también desde el ámbito político, respecto a una falta de cooperación que se interpretó como 'forzada' por un argumento poco firme.
La Justicia alemana también denegó la extradición de Puigdemont, pero en aquel caso la fiscalía alemana sí apoyó la petición de sus homólogos españoles. Cuando alguien planteó al Ejecutivo que España podría denunciar a Alemania ante el Tribunal de Justicia de la UE, la respuesta fue que ni hablar, que el Ejecutivo de Merkel sí había sido un socio fiable aunque la Justicia alemana no le hubiera dado la razón.
El asunto fue abordado también por la abogada general en su informe a la ministra Dolores Delgado, que mostró las dudas ya explicadas. Recomendó "una especial prudencia" ante la personación del Reino de España, ya que "podría ser interpretada como una renuncia al privilegio de la inmunidad de jurisdicción". Para soslayar este peligro, sugería la misma posibilidad que se rechazó por parte del Ejecutivo del país de la UE: que fueran ellos quienes contrataron a un abogado para comparecer ante su tribunal belga.
[Fuente: Por Rafael Méndez y Beatriz Parera, El Confidencial, Madrid, 28ago18]
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