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27ago18
Justicia recula ante las presiones y defenderá a Llarena "hasta las últimas consecuencias"
La tajante y abrumadora reacción del colectivo judicial, tanto del CGPJ como de asociaciones de magistrados y fiscales pasando por la propia abogacía del Estado, forzó la rectificación del Gobierno en el 'caso Llarena'. El 'retiro' de Pedro Sánchez y su Gabinete en Quintos de Mora abordó el asunto, que se ha convertido en uno de los ejes político de este final del verano.
El departamento de Justicia, en un primer momento, optó por no apoyar al magistrado del Supremo ante la demanda presentada por Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros ante los tribunales belgas. Era un "asunto privado", señaló en su momento el ministerio. Una explicación que hizo suya la vicepresidenta Carmen Calvo el viernes en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de ministros.
El domingo por la tarde, sin embargo, una nota emanada desde la presidencia del Ejecutivo matizaba la situación. En ella se hablaba ya de la contratación de un despacho de abogados belga para velar por los intereses de Pablo Llarena, quien ha sido convocado a personarse el próximo día 4 ante el tribunal de Bruselas.
No ha habido cambio de postura ni rectificación, explicó la ministra Dolores Delgado este lunes en RNE. "Hemos actuado con transparencia al margen de cualquier intoxicación interesada", añadía. La contratación de un letrado belga se concreta "en defensa de los intereses de España". Para avalar sus palabras, la ministra también recordaba que existe un convenio suscrito entre su departamento y el CGPJ, que data de 2010, sobre la defensa de los funcionarios españoles en el ejercicio de sus funciones. Ya no se trata de una cuestión 'privada', sino de algo que tañe a la Justicia española. Volantazo en toda regla que intenta frenar la oleada de críticas que llueven sobre el Gobierno tanto desde estamentos políticos como judiciales.
Un colectivo irritado
"Dolores Delgado corre el riesgo de convertirse en una ministra tan criticada por el colectivo de las togas como lo fue Rafael Catalá", comentaba un dirigente socialista ante la evolución de los acontecimientos. El Partido Popular ha reclamado la comparecencia de Delgado ante el Congreso para dar explicaciones en torno a esta cuestión. Ciudadanos también ha mostrado su rechazo total ante la actuación del Ejecutivo. "No puede cruzarse de brazos ante una acometida tan frontal de los golpistas contra el juez que ha instruído la causa", señalaban fuentes del partido naranja. Pretenden desacreditar no sólo al juez, sino a todo el edificio judicial español, corroboran estas fuentes.
Delgado, que goza de la absoluta confianza del presidente del Gobierno, ha intentado bandear esta polémica en un momento particularmente delicado ya que la ofensiva de los independentistas en su campaña de los lazos amarillos está produciendo efectos de violenta crispación en las calles catalanas. Puigdemont, Torra y todo el aparato político y mediático del independentismo tiene en su punto de mira al juez Llarena. La pasividad o inacción del Gobierno ha motivado esta respuesta masiva de los jueces y fiscales que, finalmente, han propiciado la aparente rectificación del Ejecutivo.
[Fuente: Por José Alejandro Vara, Vozpópuli, Madrid, 27ago18]
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