Equipo Nizkor - La Justicia alemana decide extraditar a Puigdemont sólo por malversación y no por rebelión.

La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha decidido extraditar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por el presunto delito de rebelión, el de mayor gravedad de todos los que le imputa el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La noticia es mala solo a medias para el magistrado ya que la Audiencia alemana había expresado sus dudas también acerca de la malversación, en tanto en cuanto no se pudiera demostrar que los fondos destinados al ‘procés’ fueron abonados de forma efectiva y no solo comprometidos con las empresas y proveedores contratados por la Generalitat.

De todas formas, el juez que instruye la causa contra los dirigentes del ‘procés’ se enfrenta ahora a una situación complicada por lo paradójica: ha dictado auto de procesamiento contra los subalternos de Puigdemont por rebelión, entre otras cosas, y no va a poder sentar en el banquillo a su jefe máximo por el mismo delito, el más grave de todos ya que está castigado hasta con 30 años de cárcel, ya que solo podrá hacerlo por el mismo tipo penal por el que se le extradite.

En su escrito, el tribunal alemán asegura que Puigdemont pudo haber tenido una “corresponsabilidad” en decisiones que supusieron una carga para las arcas públicas, un extremo que, no obstante, subraya que se deberá sustanciar en un juicio en España. En cambio, considera “no admisible” extraditar al líder soberanista por rebelión reiterando los argumentos que ya había expuesto previamente, en los que apuntaba que no se produjo el grado de violencia “suficiente”.

Es precisamente en ese punto donde surge la controversia no solo entre Llarena y la justicia alemana, sino también entre el juez del Supremo y otros juristas españoles. El juez instructor ha insistido en sucesivos autos en que se produjo violencia y se ha remitido para ello a los sucesos del 20 y 21 de septiembre de 2017, cuando se produjo el asedio a la Consejería de Economía para impedir los registros de la Guardia Civil, y al propio 1-O, cuando los cabecillas del ‘procés’ animaron a los ciudadanos a votar en el referéndum ilegal aun siendo conscientes de que estaban desobedeciendo una orden judicial y de que ello podría derivar en altercados con las Fuerzas de Seguridad, obligadas a velar por el cumplimiento de dicha orden.

Al Tribunal Supremo no le convence que una Audiencia territorial, equivalente a una Audiencia Provincial española, que haya implicado tanto en la valoración de si hubo o no violencia en las algaradas independentistas sin tener en cuenta los informes policiales que acreditan más de 300 actos violentos durante los sucesos que culminaron en la Declaración Unilateral de Independencia, la DUI, del 27 de octubre de 2017. De hecho, la Fiscalía alemana sí consideró que Puigdemont debía ser extraditado por rebelión, además de por malversación, por apreciar en su conducta elementos análogos a los que definen el delito de “alta traición” en Alemania.

La Audiencia alemana tampoco admite el delito de perturbación del orden público, que planteó también la Justicia española en el caso de que no se admitiese finalmente el delito de rebelión. Y desdeña, asimismo, los argumentos de la defensa del líder soberanista, que pedía no extraditar a España a Puigdemont por ser un perseguido político y carecer de las suficientes garantías para ser sometido a un juicio justo. El tribunal de Schleswig-Holstein asegura que tiene una “confianza ilimitada” en que la Justicia española actuará en este caso dentro de los estándares que se esperan de la “comunidad de valores” y del “espacio de derecho común” de la Unión Europa.

Aunque Puigdemont no pueda ser juzgado por rebelión, se enfrenta a una pena de hasta 12 años de cárcel por el delito de malversación agravada de caudales públicos. Así lo establece el artículo 432, apartado segundo, del Código Penal “si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros”, en cuyo caso “se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado”; esto es, hasta 12 años de cárcel. Y cabe recordar que el juez Llarena ha tasado, de momento, la malversación que se atribuye a gran parte de los líderes soberanistas en 1,6 millones de euros.

Pese a todo, el independentismo ha recibido la noticia con alegría y satisfacción. “Una gran noticia! Muy contento por el presidente @krls y porque se demuestran una vez más los engaños y mentiras de una causa judicial que nunca debería haberse iniciado. Será en Europa donde ganaremos”, ha escrito en Twitter el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra.

El propio Puigdemont ha reaccionado poco después en su cuenta de Twitter con este mensaje: “Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado. La justicia alemana niega que el referéndum del 1 de octubre fuera rebelión. Cada minuto que pasan nuestros compañeros en prisión es un minuto de vergüenza e injusticia. Lucharemos hasta el final, y ganaremos!”

La extradición sólo se hará efectiva si lo aprueba la Fiscalía General alemana. No se han dictado medidas cautelares, por lo que Puigdemont sigue en libertad después de que fuera detenido en Alemania el pasado 25 de marzo a petición Llarena, quien dictó ese mismo mes una orden europea de detención y entrega (OEDE) contra el expresidente catalán por rebelión, desobediencia y malversación. Hace un par de semanas el magistrado informó al tribunal alemán de que el auto por el que se dicta el procesamiento de Puigdemont y otros 24 dirigentes del ‘procés’ ya era firme por lo que la orden para detenerle y entregarle continuaba “ejecutiva y vigente”.

El juez Llarena tiene ahora varias opciones, entre ellas retirar la euroorden para no verse obligado a aceptar que Puigdemont sea juzgado solo por el delito más leve de los que le atribuye. Pero si el expresidente de la Generalitat no regresa voluntariamente a España, quedaría fuera de su alcance. También puede plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la orden de detención europea y los procedimientos de entrega entre estados miembros. El juez podría realizar preguntas relativas al alcance de la decisión alemana -sobre si el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein se ha extralimitado al entrar a valorar si hubo o no rebelión en la conducta del exmandatario español-, o bien otras referidas a los términos de una nueva petición por su parte a las autoridades judiciales germanas.

En el caso de que el juez acepte la extradición en los términos acordados por la Audiencia alemana, no podría cambiar la imputación por rebelión por otra por el delito de sedición, que no requiere violencia, y que está castigado con hasta 15 años de prisión, tres más de los que pueden caerle a Puigdemont por malversación. Lo que sí podría hacer es cambiar la imputación para el resto de los procesados, con el fin de evitar el agravio comparativo que se daría si estos fueran condenados al doble de años de cárcel que el principal responsable de las actuaciones por las que se les sienta en el banquillo. De esta forma, las condenas de doce y quince años estarían más equilibradas.

Los abogados de Puigdemont tienen previsto recurrir el fallo del tribunal alemán sobre su extradición para tratar de que la justicia germana descarte también el delito de malversación y de esta manera no sea enviado a España.

12jul18

La Justicia alemana decide extraditar a Puigdemont sólo por malversación y no por rebelión

[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 12jul18]

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