Equipo Nizkor - ERC propone que el pleno del Parlament decida qué pasa con los diputados procesados por Llarena.

El procesamiento firme de los líderes soberanistas en la causa del procés en el Tribunal Supremo puede provocar un nuevo choque entre el Parlament de Catalunya y Pablo Llarena. Esquerra Republicana considera que la cámara catalana es soberana y que es el pleno quien tiene que decidir qué pasa con los diputados electos procesados por el magistrado instructor de la Sala Segunda del alto tribunal. Así lo ha expresado Sergi Sabrià, portavoz del grupo parlamentario republicano, desde la sala de prensa del hemiciclo.

“Nos encontramos delante de una intromisión de nuevos en la soberanía de este Parlament, con una resolución injusta respecto a unos hechos que todos sabemos que no ocurrieron y se han cambiado situaciones para demostrar que ocurrió un delito que nunca ocurrió y se nos vulneran de nuevo los derechos políticos”, ha lamentado el diputado de ERC. “El Parlament es soberano y es a quien le tocará decidir y tomará sus decisiones. No dejaremos que nos las impongan desde fuera”, ha remarcado.

“Es inconcebible sin que haya una sentencia firme que se vulnere de nuevo la soberanía de la cámara, que se rige por sus propias normas”, ha señalado.Sabrià ha abogado por que el pleno decida y ha denunciado que lo que se pretende es erradicar un movimiento político “cortando la cabeza de sus líderes” y ha vaticinado que eso no dará resultado. “No cambiaremos nuestras convicciones por la represión”, ha sentenciado.

No obstante, si bien ha asegurado llegar hasta las últimas consecuencias para defender los derechos políticos de los diputados procesados, ha rechazado concretar si propondrán una votación al pleno una vez el Parlament sea notificado de la suspensión y ha preferido esperar a que todo ello ocurra sin querer poner como ejemplo el precedente de Atuxa en el Parlamento vasco, cuando el expresidente de la cámara se negó a disolver el grupo de Batasuna en la Cámara autonómica, Sozialista Abertzaleak (SA).

“La prioridad absoluta es la defensa de los derechos políticos. Si el Parlament es notificado, defenderemos los derechos políticos de los afectados”, ha insistido a preguntas de la prensa sobre cómo concretar esa defensa.

El procesamiento firme y la prisión preventiva por según qué delitos puede acarrear la suspensión temporal de los procesados para ejercer cargos públicos en base al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el conocido como artículo Yoldi. Ese artículo se hizo de forma expresa después de que el preso de ETA Juan Carlos Yoldi, estando en prisión pudo acudir al parlamento vasco como candidato en un debate de investidura.

Ese artículo de la ley se hizo ad hoc para los presos de ETA que estaban en las listas de la izquierda abertzale. Hay juristas que cuestionan que se pueda aplicar en este caso. “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”, recoge el citado artículo.

El presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, ya denunció a Pablo Llarena por prevaricación al impedir la investidura de diputados electos encausados con sus derechos políticos todavía intactos y ahora la suspensión temporal de los cargos podría provocar de nuevo un conflicto. La denuncia de Torrent en nombre del Parlament fue archivada por un defecto de forma en el Supremo, que consideró que debía presentarse una querella y no una denuncia.

Quim Torra, por su parte, ha replicado al procesamiento firme de los líderes soberanistas en el Tribunal Supremo asegurando desde Washington que en su espectro político está ganando la batalla a nivel internacional y que no habrá extradiciones de ningún político catalán. Además, el president de la Generalitat ha considerado indignante la confirmación del procesamiento por parte del juez instructor Pablo Llarena por el delito de rebelión. El president ha querido contraponer la situación de los procesados que están en el extranjero y los encarcelados en España.

Además, ha señalado la indignación y el rechazo más absoluto del Govern a la decisión del Supremo. “Es el plan definitivo de la indecencia jurídica”, ha denunciado ante los medios justo después de visitar la delegación del Govern en Estados Unidos, según un comunicado del ejecutivo catalán.

“El procesamiento del Supremo es indignante y lo denunciaremos por todo el mundo. Porque la batalla se está ganando internacionalmente. Es política. Si alguien tenía esperanzas de que la justicia española revise los hechos y reconozca que las cosas se habían hecho mal, se han esfumado”, ha lamentado en un primer tuit al respecto el president de la Generalitat.

“Estoy convencido de que no se extraditará a ningún político y eso será un motivo más de denuncia. Rechazamos la regresión de derechos democráticos que vive el Estado español y la judicialización criminal que se hace del movimiento independentista. ¡No se había visto en ningún otro lugar del mundo!”, ha apuntado el mandatario catalán, que asiste estos días en la capital estadounidense, donde inauguró el Catalonia America Council, un grupo de presión para defender los intereses de Catalunya en EE.UU. y fundado por el exdelegado de la Generalitat en Washington Andrew Davis.

27jun18

ERC propone que el pleno del Parlament decida qué pasa con los diputados procesados por Llarena

[Fuente: Por Iñaki Pardo Torregrosa, La Vanguardia, Barcelona, 27jun18]

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