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20may18


Rajoy pacta con Sánchez y Rivera mantener el 155 tras bloquear el nuevo Govern de presos y fugados


Si alguien esperaba que la formación de un nuevo Govern en Cataluña iba a suponer la vuelta a la normalidad y la calma, está claro que se equivocaba de parte a parte. El plan de Puigemont para mantener la tensión en las relaciones entre su ‘presidente custodio’, Quim Torra, y la instituciones del Estado español ha frenado en seco las prisas por salir de la autonomía de Mariano Rajoy, que necesita levantar el 155 para garantizarse el respaldo del PNV a sus presupuestos. Torra ha presentado una lista de consejeros que el presidente no puede refrendar con su firma por incluir a prófugos y encarcelados y eso aboca a la política catalana a un nuevo bloqueo.

Rajoy habló el sábado con Sánchez y Rivera para trasladarles su intención de estudiar la viabilidad del nuevo Govern y mantener mientras tanto el artículo 155, después de que Torra nombrara como miembros de su ejecutivo a dos exconsellers en prisión preventiva -Jordi Turull y Josep Rull- y a otros dos huidos de la Justicia -Toni Comín y Lluís Puig-. Un día después y ante lo que ha considerado una “provocación”, el Gobierno ha anunciado que no publicará el decreto de nombramiento en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), aún bajo su control, lo que implica que se mantendrá en vigor el 155. Ha sido el subsecretario del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, José María Jover, quien ha remitido una carta al secretario del Govern, Víctor Cullell, en la que le informa de que no puede publicar el decreto de nombramiento de los consellers propuestos, porque está estudiando su viabilidad, recordándole que, sin su autorización, carece de validez y efecto.

La carta de Jover se refiere al segundo de los decretos firmados por el presidente catalán ya que el primero, el de creación, denominación y determinación de las competencias de las consellerías del nuevo ejecutivo catalán, “no plantea problemas la viabilidad”, según reconoce el subsecretario.

En una entrevista con TV3, uno de los dos exconsellers huidos en Bélgica y que ha sido nombrado por Torra para volver a dirigir el departamento de Cultura, Lluís Puig, ha dicho que podría dimitir si ve que no puede ejercer el cargo de manera efectiva: “Creo que todos nosotros seríamos los primeros en dimitir si, después de una semana, viéramos que no podemos cumplir”. En cambio, Turull y Rull han afirmado que si el Gobierno no publica sus nombramientos en el BOE catalán incurriría en “prevaricación”, ya que han defendido tener sus “derechos políticos intactos” para ejercer el cargo con “plenitud” y en “libertad”.

“Mi cuerpo en la prisión, mi corazón en Cataluña”, es el hashtag que ha utilizado Turull en Twitter, mientras que Rull ha lanzado esta advertencia: “¿Desde cuándo la prisión preventiva por rebelión inexistente es una condena firme? ¿Pero qué es esta vergüenza? Queremos ejercer de consellers en libertad. Tenemos todo el derecho a ejercer de consellers en libertad. No publicar nuestro nombramiento es prevaricación, simplemente”.

El objetivo del Gobierno es obligar a Torra a cambiar los cuatro designados por otros cuatro sin causas pendientes con la justicia, de manera que hasta que decidan los próximos pasos, el decreto quedará olvidado en un cajón.

En la Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, por la que se aplicó el artículo 155 de la Constitución a Cataluña, el Gobierno establece que las medidas contenidas en el acuerdo del Consejo de Ministros “se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlament de Cataluña”. De esta manera, el precepto constitucional se mantiene vigente hasta la toma de posesión de los nuevos ‘consellers’, algo que el Ejecutivo español se había reservado ante la posibilidad de que el presidente elegido pretendiera vulnerar de nuevo la ley.

Si para el Gobierno la elección de Torra es una “provocación”, los líderes del PSOE y de Ciudadanos coinciden en que el recién investido president “demuestra que quiere mantener una estrategia de confrontación con el Estado y con la mayoría de la sociedad catalana”. El líder socialista, Pedro Sánchez, en una entrevista en La Razón, ha confirmado su apoyo al rechazo del nombramiento como consellers de personas en prisión o huidas y, en consecuencia, al mantenimiento de la aplicación del 155.

Unas palabras confirmadas por la secretaria de igualdad del PSOE y negociadora del 155 con el Gobierno, Carmen Calvo, que ha afirmado que Rajoy y Sánchez encontrarán la respuesta que necesita la “grave provocación” de Torra. Calvo ha incidido en que las actuales circunstancias obligan a la “alerta” y “máxima capacidad de reacción” y ha acusado a Torra de querer convertir la política catalana en un “juego irresponsable e inmaduro” donde parece que lo que menos le importa es Cataluña. Y en su opinión, el “dúo Puigdemont-Torra” es una “pesadilla” y un “calvario” para los intereses de los catalanes y el ejercicio diario de los derechos los hombres y mujeres del territorio que pretenden gobernar. Según la dirigente, el equipo de gobierno propuesto por Torra es “inaceptable e inconcebible en cualquier país”.

En un acto multitudinario para presentar la plataforma España Ciudadana, Albert Rivera ha asegurado que, de la mano de Ciudadanos, ningún español va a tener que volver a pedir “perdón” por utilizar la bandera del país o hablar el castellano, advirtiendo que en el siglo XXI los adversarios son quienes quieren “dividir” el país. Rivera ha lanzado la campaña para las elecciones municipales y autonómicas del próximo año articulándola en torno a un proyecto de “patriotismo español” y sin prescindir de los dardos a Mariano Rajoy, con quien sigue diciendo que no comparte la estrategia para hacer frente al independentismo catalán pese a su apoyo a mantener el 155, medida que él mismo lleva días reclamando. Así, ha avisado que “el conformismo, el apalancamiento, puede llegar a matar un país”.

Frente a todos ellos, el ‘president’ Torra ha defendido en una entrevista con El Punt-Avui que la “restitución” de los exconsellers es “esencial” y ha asegurado que ve “inimaginable” que el Estado no levante el 155, ya que de no hacerlo “infringirá el decreto aprobado” y provocará una “crisis institucional de dimensiones considerables”.

Las reacciones se han sucedido entre las distintas fuerzas políticas ante la incógnita de si el nombramiento se frenará y si los consellers podrán tomar posesión el miércoles 23 como había anunciado la Generalitat. La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy, al PSOE y a Cs de “despreciar sus leyes, ignorar la democracia y humillar la voluntad mayoritaria de los catalanes”, lo que ha tildado de “¡vergüenza!”.

Desde Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), en una jornada en homenaje a Oriol Junqueras, el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha denunciado la “carrera de hooligans entre el PP y Cs, con el silencio cómplice del PSOE y Pedro Sánchez”, y ha criticado que los exconsellers no puedan optar al cargo pese a tener “todos sus derechos y obligaciones intactos”.

El exconseller y diputado de Units per Avançar en el Parlament, Ramon Espadaler, integrado en el grupo del PSC, ha afirmado que “publicar el decreto de nombramiento del nuevo Govern no es un acto discrecional de Mariano Rajoy”, ya que los exconsellers “conservan los derechos políticos”. “Otra cosa es si este Govern ayuda o dificulta el diálogo. Creo que no lo facilita”, ha apuntado.

En cambio, el líder del PPC, Xavier García Albiol, ha advertido a Torra de que si no deja de ser el “mandao” de Carles Puigdemont y continúa haciendo propuestas “infumables”, el artículo 155 de la Constitución “seguirá” aplicándose, algo que, ha dicho, es “de sentido común”. Por su parte, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha abogado por que haya una respuesta de “firmeza” frente a la situación generada por el nuevo Govern de Torra, pero desde la “unidad de los partidos constitucionalistas”. Maroto ha dicho que los políticos independentistas catalanes están trasladando que “no quieren estabilidad institucional, ni social ni económica”. Así, “un gobernante que no quiera estabilidad ni para las cuentas, ni para la sociedad ni para la política de sus instituciones no es un buen gobernante y no se está ajustando a lo que una mayoría demanda”, ha afirmado.

[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 20may18]

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