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07may18
El Consejo de Estado avala ahora la estrategia del Gobierno para frenar la investidura de Puigdemont
El Consejo de Estado ha avalado ahora sí y por unanimidad la estrategia del Gobierno de Mariano Rajoy para frenar la investidura a distancia de Carles Puigdemont como president de la Generalitat. La permanente del órgano consultivo, ha diferencia de lo que hizo en enero, ha emitido un dictamen favorable a la interposición de un recurso contra la reforma de la ley de Presidència que la mayoría independentista del Parlament aprobó en el pleno de la semana pasada.
En enero, el mismo órgano rechazó dar luz verde a la impugnación del Ejecutivo al Tribunal Constitucional contra la convocatoria del pleno de investidura del president cesado por el artículo 155. Ahora, con el visto bueno del Consejo de Estado solicitado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, preceptivo aunque no vinculante, el Gobierno podrá activar el recurso ante el alto tribunal contra la reforma legal que permite la investidura telemática de Puigdemont .
El pleno del Constitucional se reúne mañana y hasta el jueves, por lo que el Ejecutivo central podría presentar mañana este recurso. Fuentes del TC han informado que el miércoles será el día más probable para que el recurso sea admitido a trámite y la ley quede automáticamente suspendida.
En cualquier caso, la reforma de la ley todavía no es operativa porque no ha sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) que en este momento depende del Gobierno de Mariano Rajoy al estar en vigor el artículo 155 de la Constitución en Catalunya.
La interposición del recurso tendrá sus consecuencias políticas, ya que el sábado, Carles Puigdemont reunió a su grupo parlamentario en Berlín y se tomó la decisión de que el expresident vuelva a intentar su investidura. Si el Constitucional admite a trámite el recurso y acuerda la suspensión de la reforma de la ley de Presidència, el presidente del Parlament, Roger Torrent, no podrá convocar el pleno de investidura del expresident sin desobedecer al alto tribunal.
En ese caso, el independentismo tendrá que retomar el llamado plan D consistente en buscar a un cuarto candidato de entre las filas del Junts per Catalunya, que esté en Barcelona y pueda asistir de forma física a la sesión de investidura. El Gobierno central insiste en que ese nuevo candidato no tenga ninguna cuenta pendiente con la justicia, es decir, que no esté imputado por el procés.
[Fuente: Por Leonor Mayor Ortega, La Vanguardia, Barcelona, 07may18]
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