Equipo Nizkor - Del 'espacio libre en el exilio' a la 'multiconsulta', las claves del acuerdo para contentar a la CUP.

Son 46 páginas de medidas y proyectos acordados por ERC y JxCat durante más de 50 días para tratar de desbloquear la situación en Catalunya (a falta de un candidato a la investidura viable) y contar con el sí de la CUP para un nuevo plan de gobierno, una nueva hoja de ruta que permitirá perpetuar el 'procés' tanto en Catalunya como desde Bruselas. "Ahora toca construir república", reza en la exposición de motivos del acuerdo, para cuyo objetivo se contará explícitamente con la implicación del llamado 'espacio libre en el exilio' y que contemplarán la formación de "instituciones republicanas" con funciones políticas y representativas. Por último, el acuerdo recoge una demanda explícita de la CUP, el inicio del llamado proceso constituyente, que derivará en una "multiconsulta" con "todas las garantías para que participe la mayoría de los ciudadanos" y "donde la ciudadanía se pueda expresar en cada uno de los elementos fundamentales de los debates realizados".

El documento del acuerdo que republicanos y junteros han remitido ya a la CUP y de los que esperan una respuesta antes del lunes, fecha fijada por el presidente del Parlament para el pleno de investidura de Jordi Sànchez, cuenta con muchos puntos que serán del agrado de los anticapitalistas, puesto que constituyen demandas explícitas vertidas desde hace meses, entre ellas las pruebas efectivas de que la legislatura no será en clave autonomista, como se evidencia en la promesa del inicio del proceso constituyente y de la realización del multirreferéndum.

Pero además del proceso constituyente y la multiconsulta, en él destacan guiños concretos a la CUP, como la no renovación de los conciertos públicos de las escuelas e institutos que segregan per cuestión de sexo, la recuperación de Aigües Ter-Llobregat para gestionarla de forma pública, garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la desmilitarizaciónd e Catalunya, la retirada de la Generalitat como acusación particular de los casos derivados de la lucha contra la MAT, reducir la presión fiscal a las rentas más bajas, promover un salario mínimo de al menos el 60% del salario medio, entre otras.

Además de las medidas concretas, el documento da forma a la legitimación perseguida por el presidente cesado, Carles Puigdemont, en su huida a Bruselas como consecuencia de la causa judicial abierta por el 1-O. Tras la aprobación en el Parlament de la propuesta de resolución de JxCat en este sentido, el acuerdo de JxCat y ERC sitúan el rol de Puigdemont en la representación política y el fomento de la internacionalización del 'procés', aunque el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha comentado este mismo jueves que algunas de las decisiones que se puedan llegar a tomar desde Catalunya deberán contar con el beneplácito de Puigdemont.

La construcción de la república "en el espacio libre del exilio" figura como uno de los criterios esenciales de la legislatura, junto al que se fijan explícitamente la consolidación de "amplias mayorías para hacerla posible", la "restitución de las instituciones catalanas", la dinamización del Parlament de Catalunya y la defensa de los derechos civiles y políticos "vulnerados y amenazados por las actuaciones de los poderes del Estado español". Pero al tiempo aseguran que mantendrán "siempre la reclamación de diálogo y negociación política con es Estado", así como la exigencia del "respeto a la decisión democrática de los catalanes expresada en las urnas".

El diseño de la república catalana se lleva a cabo en Bruselas mediante la asamblea de representantes para la república, una asamblea que debe reunirse por lo menos dos veces al año y que mantiene entre sus funciones la potestad de elegir al presidente del consell de la república (Puigdemont). Además de elegir al presidente, la asamblea también se encargará de impulsar la internacionalización de la causa independentista, fomentar los debates sobre el modelo de país, hacer seguimiento de la actividad realizada por el consell y las que ella misma se pueda atribuir.

Por su parte, el presidente del consell, que sería de facto el presidente de la república catalana, deberá realizar la representación exterior a través de relaciones con entidades y autoridades del ámbito internacional. También deberá impulsar políticas, estrategias y los consensos necesarios para conseguir la república, pero también debe coordinarse y relacionarse con las instituciones políticas, económicas, culturales y sociales de Catalunya.

Puigdemont, como presidente del consell, también deberá nombrar a los miembros del organismo que preside, que deberán ser representativos de la sociedad catalana y que deberán actuar para impulsar los debates relativos al proceso constituyente, pero no se establece que deban ser dirigentes que permanezcan necesariamente en Bruselas o en Catalunya.

A partir de aquí, el documento enumera por sectores las medidas que pretenden impulsarse desde el Parlament durante la próxima legislatura. Son iniciativas concretas divididas en cinco grandes áreas con marcado acento social: sobre la cohesión y el progreso social, economía y fiscalidad, derechos y libertades, 'Catalunya en el mundo' (proyección económica, cultural y ciudadana en el exterior) , y 'governanza compartida' (ampliar y mejorar la capacidad de gestionar los propios recursos).

En el ámbito social, el acuerdo incluye medidas destinadas a "resolver las dificultadas sobrevenidas por los efectos del 155" y destacan algunas como el despliegue de la agencia catalana de protección social, reorganizar la Direcció General de Atenció a la Infància, crear un programa de intervención integral contra la pobreza energética, impulsar la estrategia catalana para abordar el problema de las personas sin hogar o impulsar un plan para la mejora de las listas de espera sanitarias.

En el ámbito de la educación se indican actuaciones para fomentar la lectura, la reactivación del canon digital audiovisual, defender el plurilingüismo en el sistema educativo, fomentar el estudio y aprendizaje del aranés, o fortalecer el modelo de escuela catalana. Pero entre las más destacadas figura la "no renovación de los conciertos de las escuelas e institutos que segregan por cuestión de sexo" durante "los años de la presente legislatura". Incluso en el caso de que en el ámbito del 155 se hubiera aprobado la formalización de estos conciertos, el acuerdo incluye la previsión de "estudiar todas las posibilidades legales para dejarlas sin efecto o revocarlas".

Relacionado con el ámbito educativo, el documento prevé modificar la regulación del sistema de tarifas y becas universitarias de acuerdo a criterios de redistribución, con deducciones en casos concretos de recursos limitados.

En el caso del alquiler de viviendas, el pacto incluye el compromiso de ampliar el parque público de las mismas y establecer un precio de referencia de alquiler que debe ser, junto con el coste de los suministros, del 30% del salario medio, tal y como se establecía en la ley de 2015. También en este sector se incluye el compromiso de "regular el procedimiento de expropiación de las viviendas de la banca".

En el área económica y de fiscalidad, el documento incluye la previsión de estudiar la creación de una banca pública a partir de la reforma del Institut Català de Finances (ICF), un plan que Artur Mas situó durante su legislatura como una estructura de Estado clave para la ejecución del plan soberanista. De momento, el acuerdo de JxCat y ERC se limita a establecer la creación de una comisión parlamentaria para estudiarlo. Pero sí se compromete explícitamente a "impulsar un salario catalán de referencia adaptado a las previsiones de la Carta Social Europea, es decir, de 1.100 euros brutos mensuales".

También en este sentido, el documento se compromete a promover el establecimiento de "un salario como mínimo del 60% del salario medio en los espacio de concertación de Catalunya", así como a estudiar el impacto presupuestario de los trabajadores funcionarios o contratados por la administración pública, puedan percibir un salario garantizado de 1.200 euros.

En el capítulo fiscal, el acuerdo incluye el plan de reducir la presión a las rentas más bajas, así como garantizar los impuestos y tasas aprobadas y que se encuentran en diferentes fases de impugnación, eso sí, reformulando su contenido si es necesario. También se incluye una batería de medidas que tiene como protagonista el sector agrario y medioambiental, otro de los ámbitos de reclamación de los anticapitalistas. Y en el ámbito de los transportes públicos, se promete integrar todo el país con una sola tarifa, eliminando el sistema de coronas mediante el desarrollo del proyecto T-Mobilitat.

En el área de los derechos y libertades, el acuerdo se hace hincapié en medidas contra el fraude fiscal, así como en fortalecer la sindicatura de Comptes y la Oficina Antifrau, que tendrán menos tiempo para elaborar sus informes y deberán dar cuenta con más asiduidad en el Parlament. También se incluyen medidas para aumentar el control en la contratación pública, limitar los indultos por casos de corrupción, impulsar iniciativas para endurecer el código penal por delitos de fraude y tipificar el enriquecimiento ilícito. En este sentido, se propone incrementar los recursos materiales, operativos y técnicos de la administración de justicia y los Mossos.

Las medidas en favor de la igualdad se pretende "obligar a las empresas a registrar planes" específicos y "garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres", además de realizar una campaña específica. Pero también se pretende que la vida política dé ejemplo a través de la modificación del reglamento del Parlament y de la ley de Presidència en favor de la paridad.

En otro orden de cosas, el acuerdo prevé la desmilitarización de Catalunya en el plazo de seis meses tras la configuración del Govern, que se completaría con la prohibición de maniobras militares en espacios no estrictamente militares, prohibir la exaltación militar o su presencia en cualquier centro educativo y de formación.

En cuarto área, el de la Catalunya en el mundo, prevé el mantenimiento del Diplocat, consolidar el Institut Ramon Llull y "continuar con la internacionalización de los actores catalanes, gubernamentales o no".

Y en el área de la gestión de los propios recursos, se incluye el desarrollo de la Agència Tributària de Catalunya, otra de las grandes estructuras de Estado que se intentó promocionar en la anterior legislatura. Pero también se pone el acento en la necesidad de "avanzar" para que la Generalitat asuma todas las carreteras del Estado en Catalunya, de la gestión de toda la red ferroviaria catalana, establecer políticas tarifarias propias en el ámbito aeroportuario y, como propuesta estrella, recuperar Aigües Ter-Llobregat para su gestión pública.

Pero también se incluye retomar el plan de vegueries, devolver a la normalidad el ejercicio de las competencias de los Mossos y que actúen como policía integral con plenas competencias en seguridad y participación directa en la coordinación policial europea.

El documento finaliza con una apelación "a los pueblos del mundo" que comienza poniendo de manifiesto la "continuada falta de voluntad de diálogo pro parte de los gobiernos del Estado español ante las aspiraciones nacionales catalanas", y lamentan que "todas las peticiones de diálogo y reformas han sido desatendidas" por parte del Gobierno. Por eso apelan a los pueblos del mundo "que defienden la democracia" para que denuncien la "violación de los derechos civiles y políticos que se está produciendo en Catalunya" y den apoyo al derecho de autodeterminación reconocido en el artículo 1 del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

Seguidamente, el documento acuerda expresar el rechazo al 155, denunciar la deriva autoritaria del Estado, reconocer que Puigdemont tenía derecho a ser investido, organizarse para asumir los derechos como república catalana, nombrar a Puigdemont como presidente del consejo de la república e impulsar el proceso constituyente.

08mar18

Del 'espacio libre en el exilio' a la 'multiconsulta', las claves del acuerdo para contentar a la CUP

[Fuente: Por Luis B. García, La Vanguardia, Barcelona, 08mar18]

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