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01mar18
La Policía descubre que los Mossos "espiaban ilegalmente" a políticos constitucionalistas
Los Mossos d'Esquadra habrían "espiado" a "partidos políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades y plataformas, todos aquellos de marcado perfil unionista o constitucionalista" por orden de la Generalitat de Catalunya. Así figura en un informe de la Policía Nacional a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, publicado este jueves por elPeriódico.
El "departamento de espionaje ilegal", tal y como se define en dicho documento, "puso en marcha una serie de acciones con miembros de ese cuerpo para realizar tareas de vigilancias, seguimientos, así como grabaciones de conversaciones y toma de fotografías, de personas del ámbito político, periodístico, empresarial y social, que pudieran ser una amenaza para el proceso soberanista que estaba poniendo en marcha la Generalitat de Catalunya".
La Generalitat querría tener controlados a un grupo de personas contrarias a la independencia y lo hizo de forma "ilegal" y con fondos reservados (161.101,22 euros). Este hecho estaría reflejado entre la documentación que los Mossos d'Esquadra pretendía destruir en una incineradora de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) el pasado 26 de octubre antes de que la Policía interviniese.
La actuación el 1-O
Entre estas notas la Policía encontró, en primera instancia, archivos que relacionaban a mandos y agentes de la policía catalana con el referéndum del 1-O, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional. Escritos firmados por mandos intermedios de los Mossos dando instrucciones a sus agentes sobre actuaciones previas y posteriores al 1-O para proteger la consulta.
Carmen Lamela, que investiga la supuesta pasividad de los Mossos durante el 1-O, mantiene imputado al mayor de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, destituido como jefe del cuerpo el pasado 28 de octubre, dos días después de que se interviniera toda esta documentación. No obstante, tras su declaración por la causa el pasado 23 de febrero, Lamela dictaba libertad sin fianza al considerar que no podría ocultar o destruir pruebas al no ostentar ya dicho cargo.
En este sentido, hace unos días se conocía que Trapero pidió corregir 11.000 actas del dispositivo que desplegó durante el referéndum ilegal del 1 de octubre para evitar ser acusados de "poco profesionales" a sabiendas de que la investigación judicial iniciada en la Audiencia Nacional podría señalarles por un delito de sedición.
Ahora, la División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra investiga un total de 41 intervenciones de sus agentes en el 1-O. Así lo declaró en el Tribunal Supremo el actual jefe del cuerpo autonómico, Ferrán López, según informaron a Vozpópuli tres fuentes distintas presentes en su declaración ante el juez Pablo Llarena.
[Fuente: Vozpópuli, Madrid, 01mar18]
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