Equipo Nizkor - La orden de detener a Anna Gabriel tendrá efectos en España e internacionales.

La orden de detención dictada ayer por el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena contra la exdiputada de la CUP Anna Gabriel va a tener efectos en España y también internacionales. De hecho, ya ha habido contactos entre la policía española y la helvética a raíz de la resolución del magistrado. Pero es sólo un primer paso. La extradición se pedirá más adelante, en una fecha aún inconcreta, dependiente de la marcha del proceso en su conjunto. El Supremo quiere ir por pasos y lo que hizo ayer fue aplicar los artículos 486 y 487 de la ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Ambos preceptos se refieren a las citaciones, sus condiciones y las consecuencias de una incomparecencia. El 486 establece que "la persona a quien se impute un acto punible deberá ser citada sólo para ser oída, a no ser que la ley disponga lo contrario, o que desde luego proceda su detención". Y el 487 prevé lo que se debe hacer en una situación como la de ayer, en la que efectivamente la persona citada no acude al llamamiento judicial. Y dispone que "si el citado, con arreglo a lo prevenido en el artículo anterior, no compareciere ni justificare causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención".

Lo que hizo ayer el juez fue exactamente esto último, es decir, convertir en orden de detención la citación previa de Anna Gabriel. Esta decisión judicial tendrá efectos tanto internamente, para los cuerpos policiales españoles, como internacionales. El propósito del Supremo es que la Policía tramite una orden de busca y captura internacional, y que en paralelo verifique que Gabriel está en Suiza. Para asegurar el éxito de la iniciativa, la Fiscalía solicitó ayer al juez que dicte un auto de prisión contra la exdiputada. El motivo es que en dicha resolución constarán con algún detalle los motivos de la reclamación, para que se incluyan en la tramitación de la orden de detención internacional.

Una vez confirmada la presencia de Gabriel en Suiza, y transmitida a las autoridades helvéticas la orden del juez español, lo previsible es que la Policía de dicho país localice a la persona reclamada y la ponga a disposición de la justicia suiza. Empezará entonces, si tiene que haberla, la discusión entre los jueces de ambos países. Lo que no ha hecho Llarena es repetir la experiencia de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien lanzó una euroorden de detención contra el expresident Puigdemont sin una fundamentación detallada de los motivos de su imputación.

Se inició de este modo un proceso ante la justicia belga en el que el reclamado se opuso a su entrega. Ante esta situación, lo que resolvió el propio juez Llarena fue desistir de momento de la euroorden, a la espera de la fase que considerara procesalmente oportuna para reactivarla. Ese momento llegará cuando se dicte el auto de procesamiento, a primeros del próximo mes de abril. Es probable que la extradición de Gabriel se pida al mismo tiempo, con todos los fundamentos del auto de procesamiento.

Las autoridades suizas insistieron ayer en que el caso les parece, a priori, político, y por tanto las posibilidades de arrestar y entregar a España a la exdiputada catalana son muy remotas. "Lo decisivo es si se trata de un delito político o no -subrayó a La Vanguardia, desde Berna, el portavoz de la Oficina Federal de Justicia suiza, Folco Galli-. Por lo que se publica en los medios, estas acusaciones nos parecen, a primera vista, y subrayo a primera vista, que se tratan de delitos políticos".

Galli precisó que, aun en el caso de que, tras estudiar el fondo del asunto, se considerara que los delitos no son políticos y se autorizara la extradición, Gabriel podría presentar alegaciones y sería escuchada, alargando el procedimiento, y recurrir también a instancias de mayor nivel, hasta llegar al Tribunal Federal (equivalente al Supremo español). España, sin embargo, no podría recurrir la no extradición. La decisión de la Oficina Federal de Justicia sería inapelable.

El equivalente en Suiza a los delitos imputados a Gabriel podría ser, según Galli, el de alta traición (artículo 265 del Código Penal helvético), que prevé penas de un mínimo de un año de cárcel para quien pretenda cambiar o abolir con violencia la Constitución de la Confederación y de los cantones, separarlos del resto del país (o del resto de un cantón) o derrocar a las autoridades. El 266 no exige que haya violencia. Tipifica el delito de atentar contra el Estado y "atacar la independencia de la Confederación".

Sobre estos extremos, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, manifestó ayer que "no hay que prever ninguna dificultad" para la extradición de Gabriel.

22feb18

La orden de detener a Anna Gabriel tendrá efectos en España e internacionales

[Fuente: Por Eusebio Val y José María Brunet, La Vanguardia, Barcelona, 22feb18]

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