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31ene18

'La doctrina del tamayazo': Moncloa quiere que el plazo para las elecciones comience ya

El presidente del Parlament, Roger Torrent, decidió este martes aplazar sine die el pleno de investidura, una decisión que ha dividido al bloque independentista. De todos modos, mientras ERC y Junts per Catalunya intentan restablecer una hoja de ruta común, el Gobierno de España engrasa ya su maquinaria. En esta ocasión, la estrategia pasa por los servicios jurídicos del Ejecutivo, donde preparan un informe en el que se defenderá que el plazo previsto para la convocatoria de unas nuevas elecciones en Cataluña ya ha comenzado.

Dado que ni el reglamento del Parlament ni la ley de Presidencia de la Generalitat contemplan esta situación, los juristas de la Moncloa buscan ahora forzar a los diputados a tener en cuenta los dos meses de plazo previsto para formar gobierno. Según publica 'El Independiente', la clave podría estar en el 'tamayo' de 2003, cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid preguntó al Consejo de Estado en qué momento empezaba a contar el período de dos meses previsto en el Estatuto de Autonomía de Madrid para la convocatoria de nuevas elecciones, plazo que se activaba en el supuesto de que no hubiera candidato para la investidura.

"El intento frustrado de formalizar la propuesta de un candidato en el plazo establecido de quince días equivale a la primera votación de investidura en la que un candidato no hubiera obtenido la confianza de la Asamblea", dictaminó en aquella ocasión el Consejo de Estado. "Si no hay candidato a la investidura en el plazo de quince días previsto en el artículo 182.1 del Reglamento de la Asamblea, el período de dos meses establecido en el Estatuto de Autonomía y en el citado Reglamento para la disolución de la Asamblea y convocatoria de nuevas elecciones empieza a contarse desde que quede constatada la imposibilidad de proponer un candidato".

Asimismo, el Consejo de Estado señaló en su sentencia que si transcurrido el plazo de quince días ningún candidato había logrado el apoyo de la Asamblea, otros políticos podían intentar ser investidos, situación que se prolongaría hasta que concluyese el plazo de dos meses y se convocasen de nuevas elecciones.

[Fuente: El Confidencial, Madrid, 31ene18]
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