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25ene18
El Gobierno llevará al Tribunal Constitucional la impugnación de la candidatura de Puigdemont
El Gobierno ha decidido impugnar la candidatura de Carles Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, según ha informado este jueves la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. El Ejecutivo estaba estudiando esta medida desde que el presidente del Parlament, Roger Torrent, propuso a Puigdemont el lunes 22. Mariano Rajoy ha solicitado al Consejo de Estado el informe preceptivo urgente, para interponer el recurso ante el TC en el Consejo de Ministros de mañana, viernes.
La Moncloa había guardado este movimiento con muchísima prudencia. Quería asegurarse de que no daría un paso en falso, y que había bases jurídicas suficientes para poder impugnar la candidatura de Puigdemont. Desde la propuesta del prófugo, el día 22, y una vez que se publicó el día 23, el Gobierno fue acumulando fundamentos. La gota que colmó el vaso fue la reunión de Torrent con Puigdemont ayer en Bruselas. Los servicios jurídicos del Gobierno concluyeron que era impugnable, y esta mañana se ha dado un paso decisivo.
La impugnación, que debe ser aceptada por el TC en cuanto admitiera a trámite el recurso del Gobierno, deja a los independentistas con los plazos muy justos, ya que Torrent tiene hasta el día 31 para proponer otro candidato y convocar un Pleno de investidura.
En realidad el Gobierno ha pedido al Consejo de Estados dos informes. El primero de ellos es el prceptivo para impugnar la propuesta de Puigdemont. Sáenz de Santamaría ha recordado que la interposición de este recursos supondría la suspensión de la propuesta del candidato. El fundamento es que el estatus jurídico de Puigdemont «es incompatible con su comparecencia en persona en la Cámara, ya que pesa sobre él una orden de detención en cuanto pise suelo español».
Además, el Gobierno ha enviado una consulta potestativa al Consejo de Estado para que dé su opinión sobre algunos extremos: dictaminar si un candidato que no es esté presente en la Cámara puede someterse a una investidura sin su presencia; si eso se admitiera por el presidente del Parlament, si puede impugnarse ante el Tribunal Constitucional; y en el caso de admitirse el voto delegado fuera de territorio nacional, procede acudir al TC.
El Gobierno ha querido utilizar «los instrumentos que la ley pone a su disposición para garantizar que la ley se cumpla y que todos los diputados ven respetados sus derechos».
[Fuente: Por Mariano Calleja, ABC, Madrid, 25ene18]
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