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06nov17
Puigdemont se sentará el 17 de noviembre ante el tribunal belga que ha de decidir si le extradita
Una vez en libertad tras haberse entregado a la Fiscalía belga, Carles Puigdemont va marcando fechas del calendario en una doble dirección: sus cuentas pendientes con la justicia, que le obligan a comparecencias periódicas ante el juez y a someterse el 17 de noviembre a una vista de la Cámara del Consejo que ha de decidir sobre su posible extradición a España, y la precampaña para las elecciones catalanas del 21 de diciembre, después de que tanto él como su partido, el PDeCat, se hayan pronunciado a favor de que el expresidente catalán encabece su candidatura.
Desde el domingo por la noche, cuando el juez belga le dejó marchar junto a los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica, Puigdemont es un hombre libre que puede presentarse a las elecciones catalanas del 21-D. Para ello, dispone de las redes sociales como principal plataforma de su campaña. Pero, además, cuenta con seguir acaparando la atención mediática para amplificar e internacionalizar el mensaje soberanista.
Un claro ejemplo de esa estrategia es el artículo que ha publicado en 'The Guardian', en el que califica de "colosal escándalo" que los exmiembros del Gobierno catalán sean investigados por delitos de sedición y rebelión. El expresident dice que no se trata solo de Cataluña sino de la propia democracia, recuerda que se enfrentan a una pena de 30 años, como ocurre en casos de asesinato y terrorismo y duda de que tengan un juicio "justo e independiente".
El expresidente catalán llega a acusar al Estado español de un "encarcelamiento masivo y criminalización" de los políticos independentistas, dos años después de haber obtenido lo que él llama "niveles de apoyo popular históricos". Lo cierto es que en las últimas elecciones de 2015, planteadas como plebiscitarias, los partidos independentistas sacaron menos de la mitad de los votos. En prisión provisional por riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de ocultación de pruebas se encuentran en la actualidad ocho miembros del destituido Govern de Puigdemont y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural. Aunque sobre ellos pesan acusaciones muy graves, Puigdemont dice que el Gobierno español permite cometer cualquier delito si es para proteger la unidad de España. "Ningún delito cometido en nombre de la unidad del país será nunca perseguido", afirma.
El expresidente catalán establece, además, una chocante comparación con el País Vasco: "El Estado español debe cumplir lo dicho tantas veces en los años de terrorismo: si se acaba la violencia podemos hablar de todo. Nosotros, los partidarios de la independencia catalana, nunca hemos optado por la violencia, al contrario. Pero ahora nos encontramos con que era mentira que de todo se podía discutir".
Comín y Serret alegan "persecución política" contra la euroorden
En línea con la tesis que defiende Puigdemont en su artículo y que sin duda será el eje de su campaña, los exconsellers Antoni Comín y Meritxell Serret, dos de los que le han acompañado en su escapada a Bélgica, han alegado en sus recursos contra las órdenes de detención de la Audiencia Nacional "persecución política" por "los votos y opiniones" que emitieron como miembros del Parlament catalán y del Govern, así como la ausencia de violencia en el proceso independentista.
En los recursos ante la juez Carmen Lamela, el abogado Gonzalo Boyé afirma que con las órdenes de detención se ha la inviolabilidad y la inmunidad parlamentaria recogida en el Estatuto catalán, que "protege a los miembros del Parlament por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo y prohíbe detenerlos con ocasión del ejercicio de su cargo".
Por otra parte y al margen del interés que sigue despertando en los medios, es previsible que Puigdemont se prodigue en actos electorales como el que, según algunas fuentes, estaría preparando el eurodiputado postconvergente Ramón Tremosa en el Parlamento Europeo. De momento, este martes está previsto que unos 200 alcaldes soberanistas viajen a Bruselas "para explicar de primera mano la situación" que se está viviendo en Cataluña en relación al encarcelamiento de una parte del Govern cesado y la aplicación del artículo 155, lo que ha desembocado en la intervención de la autonomía catalana.
Lo han explicado en una entrevista a Catalunya Ràdio el alcalde de Premià de Mar (Barcelona) y presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras. La decisión de ir a Bruselas se tomó en una reunión conjunta el viernes de las ejecutivas de las dos entidades, y Buch ha precisado que llenarán una avión entero en dirección a la capital belga con dos centenares alcaldes, asegurando que hubieran podido ser "el doble".
En cuanto a los compromisos con la justicia, el portavoz de la Fiscalía belga, Gilles Dejempe, ha explicado que el juez de guardia decidió el domingo dejar en libertad a Puigdemont y sus cuatro exconsellers porque no vio riesgo alguno de fuga, al contrario de lo que sí apreció la Audiencia Nacional española cuando tomó declaración a los miembros del cesado Govern que han permanecido en el país y que han sido encarcelados. No obstante, sobre los políticos catalanes pesan medidas cautelares como la permanencia en territorio belga y la comparecencia ante el juez cuando se les convoque. Y eso sucederá el viernes de la próxima semana, el 17 de noviembre.
La entrega a España, si se produce, no será antes de dos meses
La noticia se ha conocido a través de la agencia France Press, que cita una fuente judicial. Ese día, el 17-N, tendrá lugar la primera audiencia de la Cámara del Consejo, una especie de tribunal de primera instancia que ha de decidir sobre la orden de detención y entrega dictada por la juez Carmen Lamela y donde las partes, incluyendo la defensa, podrán presentar sus argumentos, a favor y en contra de la euroorden.
La audiencia del 17-N se realizará a puerta cerrada y no será necesariamente decisiva. La defensa tiene la posibilidad de recurrir a las instancias de casación de la justicia belga, y lograr así un aplazamiento. De hecho, lo más probable es que la orden de extradición se retrase por las demandas de los exdirigentes del Gobierno catalán. En cualquier caso, no es previsible que la solicitud de extradición se sustancie antes de un plazo estimado de dos meses.
Dejempe, por su parte, ha confirmado que, una vez que fue emitida la euroorden, el organismo que él representa y la defensa del expresident de la Generalitat, carles Puigdemont, acordaron el pasado sábado la entrega del exdirigente y de los otros cuatro exconsellers -Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret- que le acompañan en su escapada. El portavoz ha comentado que hubo contactos para que todos ellos pudieran presentarse voluntariamente en comisaría, lo que finalmente se produjo este domingo a las 9:17 minutos de la mañana.
Ante esta situación, se buscó un juez de instrucción para que pudiera estudiar simplemente el riesgo de fuga ante la orden de ejecución y entrega reclamada. "El juez de instrucción sólo debía considerar el riesgo de fuga y lo ha considerado limitado y que no era necesario" dictar prisión provisional, ha destacado el portavoz, quien también ha puesto énfasis en la independencia de la decisión judicial.
Por otro lado, Dejempe ha asegurado que "no ha habido ningún contacto con políticos". "La justicia es independiente y el juez ha tomado él solo esta decisión. No ha habido contactos con ministros belgas", ha añadido.
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 06nov17]
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