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31oct17
La juez Lamela admite la querella y cita a Puigdemont y al resto del Govern el 2 y 3 de noviembre
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha aceptado quedarse con la investigación por rebelión contra el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, el exvicepresidente, Oriol Junqueras, y el resto de exconsellers y admitir a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía.
La magistrada atiende a las diligencias solicitadas con carácter de urgencia por parte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y ha citado a declarar en calidad de investigados a todos los miembros del Govern el 2 y el 3 de noviembre a las 9.00 horas de la mañana, los mismos días que están citados Carme Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament.
En concreto, la juez Lamela admite la querella de la Fiscalía por delitos de rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y otros 13 exmiembros del Govern y les cita el jueves y viernes para la declaración y la vistilla.
La magistrada ha precisado que declararán como investigados y se valorará la adopción de medidas cautelares. Se fija, además, una fianza de 6,2 millones de euros que los querellados deberán depositar en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no depositan dicha fianza.
En su auto, la juez Lamela informa que ha ordenado incorporar a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament de Catalunya en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación al proceso independentista catalán. Explica que conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una República catalana independiente de España.
Hechos conexos a la sedición
En su escrito, el representante del Ministerio Público ya advertía que en caso de que alguno de ellos no acudiera a la citación judicial solicitaría su inmediata detención. Es más, la Fiscalía tiene potestad para ordenar la detención.
En caso de que Puigdemont y el resto de consellers se que encuentran a día de hoy en Bélgica no decidieran acudir, desde la Audiencia Nacional se tendría que cursar una orden europea de detención. Serían las autoridades belgas las que deberían proceder a su detención y analizar las causas de entregan antes de hacerlo efectivo.
En este sentido, Puigdemont ha ligado su vuelta a Catalunya a "la garantía de un trato justo". "Si el Gobierno puede garantizarnos un juicio justo, con separación de poderes, como vemos en el resto de países europeos, volveremos inmediatamente", ha reiterado el president cesado.
Lamela asume la investigación al entender que son hechos conexos a los que ya investiga por sedición contra los presidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y la intendente, Teresa Laplana. Los dos primeros se encuentran en prisión incondicional después de que la magistrada considerase que había riesgo de fuga, por la gravedad del delito y la pena de prisión que lleva aparejada; riesgo de reiteración delictiva, al continuar movilizando a la gente para lograr la independencia fuera de las vías legales; y de destrucción de pruebas, ante la prueba de que intentaron impedir a la Guardia Civil realizar una serie de registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 134 de Barcelona.
En la querella, firmada por el propio fiscal general del Estado, sostiene que durante cerca de los dos meses que se intensificó el plan independentista, que culminó el viernes 27 con la declaración unilateral de independencia, hubo alzamiento, hubo violencia, hubo intimidación, hubo 'escraches' a policías y guardias civiles y hubo insurrección. El máximo responsable es quien en todo el proceso ha sido presidente de la Generalitat así como el resto del Govern. Pero ellos han necesitado ayuda para llevar a cabo sus planes secesionistas.
Abierta rebeldía
Según el fiscal general, José Manuel Maza, la Mesa del Parlament ha actuado como brazo legislativo, llevando a votación leyes anuladas y "claramente" inconstitucionales. Las asociaciones con ANC y Òmnium Cultural ha sido el brazo civil, con gran capacidad de movilización de ciudadana, indispensable para llevar a cabo sus planes. Y los Mossos, el brazo armado, que ha permitido que esas movilizaciones se llevaran a cabo, provocando intimidación.
Esta es la hoja de ruta que la Fiscalía va a mantener en su acusación a Puigdemont, Junqueras, el resto de consellers, así como la presidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell y el resto de los miembros de ésta. Todos ellos han actuado en "abierta rebeldía" y por eso con toda probabilidad sean citados a declarar y el Ministerio Público solicitará para ellos medidas cautelares. Dada la gravedad de los hechos, esas medidas podrían pasar por el ingreso en prisión, siempre y cuando los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo así lo acuerden.
[Fuente: Por Carlota Guindal, La Vanguardia, Barcelona, 31oct17]
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