| Información |  | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
| Información | | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
13oct17
La Justicia, a la espera de la respuesta de Puigdemont
La Justicia se encuentra parcialmente paralizada a la espera del siguiente paso del presidente de la Generalitat. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio este miércoles cinco días a Carles Puigdemont, para que aclare si este martes declaró la independencia de Catalunya. Dependiendo de su respuesta la reacción será más o menos contundente.
El requerimiento realizado por el Gobierno, tras el acuerdo del Consejo de Ministros convocado de manera extraordinaria este miércoles, es el paso previo para activar el artículo 155 de la Constitución, que da potestad al Gobierno, paso previo del Senado, para adoptar las medidas necesarias para que la Generalitat cumpla de manera forzosa con las obligaciones de la Constitución.
De la respuesta que ofrezca Puigdemont al Gobierno central se decidirá en qué tono y hasta donde se actuará contra él y su equipo. Por un lado, el artículo 155 permite intervenir la Generalitat y autoriza a que el órgano estatal asuma las funciones de ciertos órganos autonómicos, como en este caso podrían ser, entre otros, los Mossos d'Esquadra.
Hasta que Puigdemont no responda al requerimiento no se conocerá en qué términos el Gobierno central activará el 155. Mientras esto ocurre, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía se encuentran paradas y sin adoptar ninguna medida contra el presidente de la Generalitat y todos aquellos que habrían apoyado la declaración de independencia.
El TC a la espera de la Abogacía del Estado
La Abogacía del Estado está pendiente de presentar un nuevo recurso de inconstitucionalidad o un incidente de ejecución por el incumplimiento de varias sentencias y mandatos del Tribunal Constitucional que prohibían cualquier acto preparatorio de un posible referéndum, además de suspender la ley de transitoriedad y la ley del referéndum de Catalunya.
Estos servicios jurídicos podrían solicitar al tribunal que imponga multas de hasta 30.000 euros a las autoridades que incumplan las resoluciones del tribunal o incluso podría acordar la suspensión en sus funciones de éste "durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal", tal y como recoge el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Esta opción podría crear discrepancias entre los magistrados del tribunal. Algunos de sus miembros consideran que ahora es el turno para que el Gobierno resuelva esta situación y no deje en manos del TC la suspensión de Puigdemont, el resto de miembros de la Generalitat y del Parlament.
Querella por rebelión
Por otro lado, la Fiscalía General del Estado está a la espera de actuar contra Puigdemont por delitos de sedición y/o rebelión por idear y desarrollar la estrategia para proclamar la independencia de Catalunya. Sin embargo, está esperando al movimiento del Gobierno para después actuar en consecuencia porque tal y como reconocen fuentes fiscales, en escenarios de extrema gravedad como éste, se debe estar coordinado.
Según en los términos que responda Puigdemont, y reconozca abiertamente si ha declarado la independencia de Catalunya a pesar de haberla suspendido inmediatamente, la respuesta de la Fiscalía será más o menos contundente. Sin embargo, resulta complicado que a estas alturas de los acontecimientos el presidente catalán y los máximos responsables del ejecutivo autonómico puedan evitar una querella por un delito de sedición o rebelión, que les podría acarrear penas de hasta 25 años de prisión. Y esto sin contar los procesos que ya tienen abiertos por desobediencia al Tribunal Constitucional por preparar el referéndum. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya está investigando estos hechos. Es más, este miércoles admitió a trámite la querella interpuesta por el partido Vox contra el Gobierno catalán y la mesa del Parlament por la presunta comisión de seis delitos, entre ellos el de sedición y rebelión.
Medidas contra Trapero y los 'Jordis'
No obstante, dependiendo de cómo transcurran estos próximos días, la Fiscalía apoyará que esos delitos concretos se sigan investigando en ese tribunal, por su condición de aforados, o por el contrario estiman que debe ser desde Madrid donde sean procesados, desde la Audiencia Nacional o en su caso desde el Tribunal Supremo.
En este marco, también está pendiente de lo que ocurra el próximo lunes en la Audiencia Nacional. La jueza Carmen Lamela ha citado por segunda vez a los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, así como al major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y a la intendente del cuerpo policial, Teresa Laplana, para declarar en calidad de investigados por un delito de sedición.
Tras sus interrogatorios, el fiscal deberá considerar si existe riesgo de reiteración delictiva en caso de continuar en libertad. Si el representante del Ministerio Fiscal estima que permaneciendo en libertad pueden perpetuar el delito de sedición, entonces se planteará solicitar medidas cautelares contra ellos, que en última instancia tendrá que resolver la magistrada.
[Fuente: Por Carlota Guindal, La Vanguardia, Barclona, 13oct17]
Donaciones
Radio Nizkor
 | This document has been published on 13Oct17 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |